Institucionalidad nacional de prevención y gestión de conflictos y su aporte a las áreas de conservación regional
- En este artículo se explica cómo la institucionalidad nacional y regional de prevención y gestión de conflictos puede apoyar la creación y gestión de ACR mediante articulación entre PCM, sectores y gobiernos regionales.
viernes
21 de agosto, 2026
Foto: Diego Pérez / SPDA
Escribe: César Bedoya G[1].
Las áreas de conservación regional (ACR) constituyen una herramienta clave de la política ambiental peruana dado que permiten conservar ecosistemas, biodiversidad, fuentes de agua y otros servicios ecosistémicos en ámbitos cuya gestión corresponde a los gobiernos regionales (GORES), en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe). De hecho, su conformación y gestión no se da sobre espacios vacíos. En general, las ACR pueden superponerse o colindar con comunidades campesinas o indígenas, predios privados, actividades productivas, proyectos de infraestructura, concesiones, derechos preexistentes y distintos tipos de aprovechamiento de recursos. Por ello, muchos de sus principales desafíos no son exclusivamente ambientales sino también sociales, territoriales, institucionales y de acceso a recursos. Mesa servida para la aparición de controversias y conflictos de distinta naturaleza y alcance.
En este escenario, la institucionalidad peruana de prevención y gestión de conflictos puede convertirse en un soporte estratégico para las ACR. Aquí lo importante no consiste en trasladar dichas controversias o conflictos a una oficina de diálogo, sino en lograr coordinar y articular los distintos recursos y capacidades ambientales, sociales, sectoriales y regionales antes de que las diferencias escalen. En este punto es donde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), las instancias especializadas de los ministerios y las oficinas o equipos de los gobiernos regionales pueden formar una red de prevención y abordaje alrededor de cada ACR.
La SGSD es la instancia de la PCM[2] responsable de la prevención, gestión y solución de controversias, diferencias y conflictos sociales. Conduce o articula procesos de diálogo, mediación y negociación y trabaja con sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales y actores sociales. Su estructura comprende la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información, la Subsecretaría de Gestión del Diálogo y la Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos. Opera de manera descentralizada a través de unidades territoriales que cubren todas las regiones del país. En cada región hay un equipo operativo de analistas y gestores cuya labor es en línea directa con la SGSD y sus pares especialistas de sectores y de los propios gobiernos regionales. En este esquema, las palabras clave son: articulación y coordinación.
Consideramos que esta institucionalidad podría aportar a las ACR en tres momentos:
- Primero, en la prevención. La Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información puede ayudar a identificar tempranamente riesgos de conflictividad vinculados con una propuesta de intervención. La alerta temprana que generan los gestores activa el proceso de coordinación sectorial y regional y las subsecuentes decisiones que llevarán a poner en marcha la estrategia que responda a la situación. En el lugar esto permitiría elaborar mapas de actores, identificar demandas históricas, reconocer puntos sensibles y poner en marcha acciones preventivas antes de que aparezcan medidas de fuerza.
- Segundo, en la gestión del diálogo. Cuando una controversia relacionada con un ACR involucre a varias entidades o niveles de gobierno, la SGSD puede facilitar una intervención multisectorial y multinivel. Por ejemplo, un conflicto por la presencia de una actividad minera, una carretera o una actividad forestal dentro o alrededor del área puede requerir simultáneamente la participación del Minam/Sernanp y otros sectores competentes, el gobierno regional, las municipalidades y representantes sociales. La SGSD puede contribuir activamente a ordenar la intervención[3], definir roles y construir una agenda común, evitando que cada entidad dialogue por separado. De instalarse un espacio de diálogo o negociación, el aporte iría por su diseño metodológico, coordinación entre los actores participantes en dicho espacio y su eventual facilitación.
- Tercero, en el seguimiento de compromisos. Este componente es fundamental. Muchos conflictos no nacen solamente por una decisión controvertida, sino por compromisos que no se cumplen o se cumplen parcialmente[4]. La SGSD puede contribuir a registrar acuerdos, responsables, plazos, indicadores y mecanismos de verificación. De hecho, existe el Protocolo para el monitoreo y gestión de compromisos[5]. Para las ACR, ello permitiría que los compromisos de conservación, desarrollo local, infraestructura, saneamiento físico-legal, vigilancia o alternativas productivas no queden únicamente en actas de reuniones.
La SGSD no reemplaza a los ministerios ni a sus órganos especializados. Su mayor utilidad está en coordinarlos y articularlos. En el caso de las ACR, las instancias sectoriales de gestión social pueden actuar oportunamente sobre el componente específico del conflicto Un ejemplo es la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que tiene entre sus funciones promover relaciones armoniosas entre empresas, gobiernos regionales y locales, población y sociedad civil; implementar mecanismos de prevención y solución de conflictos; y asistir en procesos de participación ciudadana y consulta previa vinculados al sector. Su Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana desarrolla mecanismos de diálogo, mediación, negociación y concertación.
Si un ACR enfrenta tensiones vinculadas con minería, hidrocarburos o energía, esta instancia puede aportar información sectorial, análisis de actores, participar en los espacios de diálogo y seguimiento de compromisos, siempre dentro de las competencias legales de cada entidad. La ventaja es que el conflicto no se aborda únicamente como una disputa sobre conservación, sino considerando también los derechos, procedimientos y decisiones que corresponden al sector productivo competente, en coordinación y articulación con el gobierno regional correspondiente. Otro ejemplo es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuya Oficina de Diálogo y Gestión Social tiene funciones de prevención, gestión y solución de conflictos sociales en el ámbito sectorial, además de mecanismos como intervención social previa, consulta previa y gestión del diálogo. Su participación puede ser relevante cuando una ACR se relaciona con carreteras, puentes, proyectos de conectividad o infraestructura que generan impactos territoriales. El mismo principio puede aplicarse a otros sectores: agricultura y desarrollo agrario, vivienda y saneamiento, cultura cuando existan pueblos indígenas y patrimonio, producción, energía, transporte u otros. La regla debería ser sencilla: la instancia sectorial debe asumir el componente que corresponde a su competencia y coordinar con la autoridad ambiental y el gobierno regional para construir una respuesta integral.
Cabe considerar que los GORES los también cuentan con sus respectivas instancias especializadas para la prevención y abordaje de conflictos. No tienen una nomenclatura común, tampoco es que todos los GORES las tengan. De hecho, Cusco tiene una Oficina de Diálogo y Resolución de Conflictos; Loreto, Oficina Regional de Desarrollo Local y Prevención y Gestión de Conflictos Sociales; San Martín, Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad. Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo[6], da cuenta que de 25 GORES, solamente 13 cuenta con estas instancias especializadas. Sus funciones, en general son las de prevención, alerta temprana, análisis y diagnóstico de los conflictos en la región, coordinación y articulación interna (al interior del GORE) y externa, con las otras instancias gubernamentales, elaborar planes de intervención, intervenir en la gestión de los espacios de diálogo y negociación y participar en el seguimiento de acuerdos y compromisos.
Los gobiernos regionales son particularmente importantes porque las ACR forman parte de su gestión territorial. Estas oficinas regionales especializadas pueden convertirse en el primer nivel de prevención para las ACR. Su proximidad al territorio les permite conocer a las organizaciones locales, autoridades comunales, asociaciones productivas, empresas, municipalidades y otros actores. También pueden detectar cambios en las relaciones sociales que no siempre aparecen en los sistemas nacionales de información. La experiencia reciente muestra que esta institucionalidad regional continúa fortaleciéndose. En 2026, por ejemplo, el Gobierno Regional de Moquegua aprobó el plan de trabajo de su Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos; en Ayacucho se ha trabajado para fortalecer su oficina regional y dotarla de mayor institucionalidad; y Lambayeque aprobó en 2025 medidas para implementar un sistema regional de prevención y gestión de conflictos.
Para las ACR, esto plantea una oportunidad concreta: incorporar la gestión de conflictos ambientales y territoriales dentro de los sistemas regionales de prevención. Las oficinas regionales especializadas, debería coordinar periódicamente con la gerencia ambiental, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, las áreas de desarrollo económico, agricultura, infraestructura, ordenamiento territorial y la instancia responsable de la gestión del ACR
Cabe considera una reciente normativa de la PCM[7] confirma además que los ministerios competentes tienen un papel directo en la conformación de espacios de diálogo, en coordinación con otras entidades del Ejecutivo. Así también los gobiernos regionales y locales. En este nuevo marco normativo, la PCM reafirma su papel de instancia de difusión, asistencia técnica, coordinación, acompañamiento y seguimiento. Así, lo que tenemos ahora es una concepción más territorial y descentralizada del abordaje de los conflictos sociales, que justamente, resulta especialmente pertinente para las ACR, porque la conflictividad ambiental suele estar conectada con competencias sectoriales concretas. La clave para la operatividad de todo este sistema es y seguirá siendo la coordinación y articulación entre los agentes involucrados en el proceso de prevención y gestión de los conflictos.
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