Con el fin de conocer cuáles son las propuestas ambientales de los partidos que disputan la presidencia de la República, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), en conjunto organizó un debate técnico en donde participaron los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

El evento, que contó además con el apoyo del Instituto del Bien Común (IBC), la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales (IRI-Perú) y el Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), buscó promover un diálogo público e informado sobre la agenda ambiental que deberá atender el próximo gobierno durante el periodo 2026-2031, y abarcó temas como el desarrollo sostenible de la Amazonía, lucha contra la minería ilegal, la protección de las áreas naturales protegidas, pueblos indígenas, así como institucionalidad y justicia ambiental.

Fuerza Popular estuvo representado por el economista Carlos Paredes, mientras que por Juntos por el Perú estuvieron presentes la economista Catherine Eyzaguirre y la abogada Libertad Casavilca. En ambos casos, los ponentes expresaron sus propuestas respecto a los temas anunciados en el evento y respondieron algunas interrogantes de especialistas invitados y del público asistente.

Política ambiental

En su presentación, Carlos Paredes enfatizó en que su partido -de llegar la poder- priorizará el crecimiento económico y un desarrollo ambiental. “Para promover políticas ambientales serias tenemos que promover también inversiones que sean sostenibles. No solamente promover inversión por inversión, las inversiones tienen que cumplir ciertos estándares de regulación, de cuidado ambiental”, señaló.

Por su parte, Catherine Eyzaguirre resaltó que ellos proponen un Gobierno que mire “lo ambiental no solo desde una perspectiva aislada, sino en articulación y de manera transversal respecto a la forma en que se organiza el Estado. En el contexto en que vivimos, de crisis climática, nuestro país es uno de los más biodiversos del mundo, pero también estamos incluidos entre los países más expuestos. Ya no es una cuestión del futuro, sino que enfrentamos sus embates en el presente”.

Amazonía y economías ilegales

Sobre Amazonía y minería ilegal, Fuerza Popular destacó la necesidad fortalecer la presencia estatal en el territorio, mejorar la trazabilidad del mineral, reforzar el control de explosivos y ofrecer alternativas económicas a las comunidades mediante agroforestería, cultivos sostenibles, manejo forestal, infraestructura y conectividad. En tanto, Juntos por el Perú planteó fortalecer el ordenamiento territorial y forestal, impulsar el manejo forestal comunitario, establecer una moratoria a los monocultivos industriales en la Amazonía, mejorar el acceso a servicios básicos y promover que el Perú se adhiera al Acuerdo de Escazú.

En la sesión sobre áreas naturales protegidas, Libertad Casavilca, de Juntos por el Perú, sostuvo que su protección debe partir de una mirada integral del territorio, considerando los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones vinculadas a estos espacios. Asimismo, planteó regular de manera justa los conflictos de intereses sobre el uso de recursos naturales y promover una economía territorial que redistribuya mejor los beneficios del desarrollo y de los servicios ecosistémicos.

Por su parte, Carlos Peredes, de Fuerza Popular, propuso fortalecer el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), mejorar su equipamiento y capacidad operativa, e incorporar tecnologías como monitoreo en tiempo real, imágenes satelitales, drones e inteligencia artificial para enfrentar invasiones, minería ilegal y otras amenazas.

Pueblos indígenas, Institucionalidad y justicia ambiental

Respecto a pueblos indígenas y desarrollo territorial, Fuerza Popular planteó fortalecer la presencia del Estado para garantizar seguridad, salud, educación, conectividad, justicia ambiental y fiscalización, así como aplicar la recientemente aprobada Política Nacional para Pueblos Indígenas al 2040 y articularla con otras políticas públicas, respetando la consulta previa.

Por otro lado, Juntos por el Perú sostuvo que las propuestas deben partir del reconocimiento de derechos, el respeto a las autonomías y la generación de confianza con el Estado. Además, propuso fortalecer la participación política de los pueblos indígenas, pueblos originarios, población afroperuana y pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), así como impulsar un plan nacional de seguridad territorial.

En institucionalidad y justicia ambiental, Carlos Paredes planteó promover una reforma del sistema de justicia para reducir la impunidad, fortalecer la fiscalización ambiental, mejorar la interoperabilidad entre instituciones y asignar mayor presupuesto a fiscalías y juzgados especializados en delitos ambientales. En tanto, Libertad Casavilca reafirmó su propuesta de adhesión al Acuerdo de Escazú para mejorar el acceso a la justicia ambiental e intercultural, así como proteger a defensores de derechos ambientales y de pueblos indígenas.

Este Diálogo Ambiental Electoral 2026 buscó contribuir a un debate electoral informado, plural y responsable sobre los principales desafíos ambientales del país. Desde las instituciones organizadoras, se destacó la importancia de que la próxima gestión presidencial incorpore la agenda ambiental como una prioridad para el periodo 2026-2031, considerando su relación con la sostenibilidad, la gobernabilidad democrática, la reducción de la pobreza y el bienestar de la ciudadanía.

El evento fue moderado por Mariano Castro (GRADE), y cada sesión temática estuvo moderada por Laura Vargas (IRI-Perú), Pedro Solano (SUMA+), Marleni Canales (Aidesep) e Isabel Calle (SPDA).