Tras el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y una serie de organismos no gubernamentales calificando de inconstitucionales los decretos de urgencia 001 y 002-2011, el Ejecutivo anunció hoy que convocará a los presidentes regionales a fin de conocer sus opiniones respecto a este tema.

En declaraciones a la prensa, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, dijo que lo justo es que los presidentes de las regiones concernidas en estas normas “sean escuchados y nos alcancen sus opiniones y expresen su acuerdo o desacuerdo con los decretos en referencia”.

Fernández detalló que los proyectos comprendidos en estos decretos se ubican en Lima, en el Callao, Marcona (Ica), San Martín, Trujillo (La Libertad), y algunas regiones de la selva.

Agregó que esta convocatoria incluye a la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y a representantes de la iglesia que se pronunciaron, como monseñor Miguel Cabrejos, para que también escuchen el parecer de las autoridades regionales.

La ministra afirmó que el Gobierno no tiene interés particular en estas normas sino por el hecho de que ellas corresponden a necesidades de luz, agua y otros servicios que tiene la ciudadanía de menores recursos.