En conferencia de prensa, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, RedGe, Instituto de Defensa Legal, CooperAcción y Propuesta Ciudadana señalaron que los decretos supremos 054-2013-PCM y 060-2013-PCM (dictadas para “promover las inversiones en el Perú”) desprotegen el medio ambiente, el patrimonio arqueológico y eliminan el mecanismo de consulta previa.

El grupo afirma además, que el Gobierno, para justificar estos decretos “alarma de manera tendenciosa, cuando afirma que el Perú va a verse afectado en el escenario internacional negativo por la caída de los precios del cobre y el oro”.

“La realidad demuestra que esta caída no va a significar una parálisis de las inversiones en nuestro país, ni va a poner en peligro todo el paquete de inversiones mineras proyectado para estos años. En la actualidad hay una cartera de proyectos mineros por un valor de aproximadamente 56 mil millones de dólares, de los cuales se ha señalado que en el peor escenario están asegurados casi 19 mil millones de dólares de inversión minera”, indicaron las organizaciones.

“Preocupa entonces que se estén flexibilizando los mecanismos de control y protección ambiental, ya que en casos como Tía María y Conga se ha evidenciado que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son instrumentos muy débiles, que no permiten medir impactos acumulativos”, agregaron.

Asimismo, se refirieron a “problemática por la deficiencia de los EIA y a la limitación de falta de personal en el sector para revisar los EIA adecuadamente”. Con los decretos, afirman, se están reduciendo plazos y establecen sanciones para los funcionarios que no emitan su opinión técnica en un determinado periodo, lo que crearía “un escenario de coacción que pone en peligro la rigurosidad de estas evaluaciones”.

PATRIMONIO CULTURAL Y CONSULTA PREVIA

En la conferencia, también mencionaron que el decreto 054, reduce el plazo para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) sin considerar el tiempo razonable que supone recoger y verificar información, con un riesgo para nuestro patrimonio cultural.

En cuanto a la consulta previa, mencionaron que “se viene desnaturalizando” la aplicación de este mecanismo, “primero, con la negativa gubernamental de publicar la Base de Datos para saber a quiénes se consideran pueblos indígenas, dejando esta decisión a discreción de funcionarios del sector Cultura”.

“Estos retrocesos del Gobierno en la gestión ambiental y en la consulta previa para favorecer las inversiones, subestiman la capacidad de las poblaciones para hacer valer sus derechos, afectan la gobernabilidad del país y no crean las mejores condiciones para asegurar inversiones sostenibles en el tiempo, respetando equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales”, concluyeron.

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Foto: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos