Por Vera Morveli / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

 

A finales de abril de 2026, Santa Marta (Colombia) fue sede de la Primera Conferencia Más Allá de los Combustibles Fósiles, un espacio que marcó un precedente para avanzar hacia una economía que no dependa de este tipo de combustibles, con una transición justa y respetuosa de los derechos humanos. 

En ese contexto, conversamos Elisa Morgera, relatora especial de Cambio Climático de las Naciones Unidas, quien reflexiona sobre la situación de la transición energética en América Latina y hace un balance de esta conferencia: desde la importancia de los derechos humanos hasta la participación de los jóvenes y de las niñeces en estas discusiones. 

¿Cómo debería verse una transición energética justa en el globo sur, considerando la dependencia de muchos países de los combustibles fósiles y la extracción de minerales críticos?

Existe una tendencia general a explotar recursos renovables y minerales críticos para alejarnos de los combustibles fósiles bajo la idea de construir una economía basada en energías renovables. Sin embargo, los modelos económicos no cambian. Por ello, vemos que, en el contexto de megaproyectos de energías renovables y minería para extraer minerales destinados a la transición energética, se dan las mismas violaciones de derechos humanos. No se respetan los derechos de los pueblos indígenas y, en muchos casos, tampoco existen evaluaciones de impacto ambiental adecuadas para prevenir daños.

No estamos cuestionando únicamente la demanda de energía y materiales. Debemos preguntarnos si esas demandas responden realmente a una transición justa. El progreso tecnológico, por sí solo, no garantiza la reutilización, la eficiencia energética ni la demanda de materiales. Debemos tener en cuenta que la demanda también está dirigida, por ejemplo, a la militarización, a la crecida sin control de centros de datos. Son sectores que ni siquiera están siendo considerados dentro de la transición energética, pese a que generan impactos sobre el sistema climático. 

Entonces, tenemos que preguntarnos si la dirección es una de transición o un modelo de sobreproducción y sobreconsumo que depende de una fuente u otra de energía, pero que continúa causando daños al sistema climático, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su última opinión consultiva. 

Considerando que los impactos de la transición energética varían según cada contexto nacional, ¿qué rol debería cumplir el multilateralismo en este proceso? 

El multilateralismo es esencial y, precisamente por eso, estamos en Santa Marta. Pero debe funcionar sobre la base de la buena fe. El modelo de toma de decisiones por consenso es muy inclusivo, donde ningún país ni ninguna ciudad van a ser olvidados o marginalizados. Lo que estamos viendo, en los últimos años, es que algunos países productores de petróleo o de combustibles fósiles participan de mala fe y quieren solo bloquear cualquier decisión o mención de combustibles fósiles.

Esto no solo ha ocurrido en las COP climáticas, sino también durante las negociaciones sobre plásticos y en el Consejo de Derechos Humanos, incluso después de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, el multilateralismo y las Naciones Unidas son importantes, pero hay que pensar en cómo aumentar la transparencia y encontrar soluciones a problemas que necesitan la cooperación internacional.  

Esta conferencia ha reunido a jóvenes y niñeces que exigen una transición justa. ¿Cómo cree que deben articularse estas demandas en las discusiones globales y nacionales sobre la transición energética?

Uno de los poderes enormes que tiene la niñez es que habla con la verdad; por ello, es necesario apoyarse en metodologías de justicia transicional para revitalizar nuestro multilateralismo. En cuanto a la participación de la niñez, se debe proteger el derecho a ser oída. Este derecho implica obligaciones de los Estados para crear las condiciones propicias y seguras para que la niñez pueda ser parte, considerada como interlocutora, igual que los otros en estas conversaciones.  Es necesario apoyar la participación genuina de la niñez en sus propios términos.

Desafortunadamente, casi ningún procedimiento internacional ni nacional tiene esas condiciones, pero el trabajo está hecho. Las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan con los derechos de la niñez, tienen muchísimas metodologías de participación de la niñez que también tienen un potencial transformador para los adultos, basadas en el juego y en el arte. 

Incluso, existe evidencia científica y neurocientífica que demuestra que estas metodologías ayudan a las personas adultas a desarrollar mayor empatía e imaginación, capacidades fundamentales para la solidaridad y la cooperación internacional.

¿Cuál cree que es el balance general de esta conferencia? ¿Qué resultados podemos esperar que se materialicen en la Conferencia de las Partes del Clima 31 (COP31)?

Algunas reacciones inmediatas. Se anunció una segunda conferencia, que será organizada en la región del Pacífico. Esto es importante porque permite consolidar este proceso y seguir experimentando nuevas formas de alcanzar acuerdos, así como generar más oportunidades de participación para jóvenes y niñeces.

La conferencia también permitió reconocer distintas formas de aprendizaje impulsadas desde movimientos sociales, sociedad civil y academia. Ahora debemos pensar en cómo construir espacios todavía más inclusivos, considerando que muchas personas no pudieron participar en esta primera edición, por lo que es importante tener una segunda oportunidad para no perder todo lo que se aprendió y seguir mejorando. 

Respecto al posible impacto en la COP31, sería importante trasladar la energía y el impulso de esta conferencia hacia las negociaciones climáticas internacionales. Los Estados deben avanzar en compromisos concretos de mitigación y financiamiento climático.

Pero no podemos esperar milagros. Ya sabemos que hay muchas razones por las que la COP no está logrando llegar a los acuerdos que necesitamos y esas condiciones no están cambiando. Es fundamental fortalecer la participación inclusiva y prevenir conflictos de interés dentro de estos procesos. Sin esas condiciones, las barreras persistirán. 

Asimismo, debemos preguntarnos, próximos a la siguiente COP, ¿qué hacemos con las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) que cada país debe enviar como parte de sus compromisos climáticos? Las NDC que se enviaron el año pasado ya no están en línea con lo indicado recientemente por la Corte Internacional de Justicia en materia de cambio climático. Algunos países están pensando en apoyar un proceso para revisar dichas NDC o, por lo menos, dar cuenta de los compromisos que son nuevos y más ambiciosos o que son regresivos. 

Otro punto importante es la elaboración de las hojas de ruta, que deberían ser aplicadas por los países para su transición energética. Todavía no está clara la conexión entre las hojas de ruta de transición energética y las discusiones dentro de las COP. Será interesante observar cómo ambos procesos pueden articularse en adelante.

Por último, Santa Marta es importante porque nos permite saber que existe una alternativa a la COP, y que la COP no es el único espacio donde podemos hablar de metas climáticas, de transición energética y justa. Esta conferencia puede servir de estándar para medir los avances en las COP y dar impulso a las reformas que los sistemas internacionales necesitan. 

¿Qué medidas considera necesarias, urgentes y prioritarias para garantizar los derechos humanos en esta transición?

Con frecuencia, incluso en esta conferencia, los derechos humanos siguen siendo tratados como un elemento adicional, algo separado de la transición energética. Pero la transición tiene que ser justa y, por ser justa, tiene que respetar los derechos humanos.

Todavía no estamos utilizando todo el potencial de los derechos humanos como herramienta para orientar una transición verdaderamente efectiva y justa. Esto se vuelve evidente al escuchar a las comunidades afectadas, tanto por el cambio climático como por algunas medidas implementadas para la transición.

Es fundamental evitar estas violaciones. Incluso la eliminación progresiva de los combustibles fósiles debe realizarse de manera justa, pero muchas veces tampoco incorpora un enfoque de derechos humanos. Entonces, debemos preguntarnos: ¿para quién estamos buscando minerales con tanta rapidez? Esa pregunta surge de una comprensión de las injusticias que persisten en el desarrollo de proyectos mineros y megaproyectos energéticos. Las experiencias vividas a nivel local permiten evidenciar desigualdades estructurales globales que muchas veces pasan desapercibidas en análisis muy técnicos o sectoriales. 

Ese es el valor transformador de los derechos humanos. Más aún, todavía no hay suficiente comprensión de que los derechos humanos son necesarios no solo para asegurar la transición justa, sino también para analizar si estamos frente a una transición o no. O si seguimos en el mismo modelo económico que causa y sigue empeorando la crisis climática.