Roles y funciones del Estado: ¿quién es quién en la lucha contra delitos forestales?

Foto: FEMA

  • Conoce qué instituciones nacionales participan en la protección de nuestros bosques y cuáles son sus funciones específicas.

 

Según el Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente (Minam), el Perú es el noveno país en el mundo con mayor superficie forestal, el cuarto en bosques tropicales a nivel mundial, y el segundo país con más extensión de territorio amazónico, después de Brasil. Asimismo, los bosques ocupan más de la mitad del territorio nacional (56.9 %), donde la Amazonía es la región con mayor superficie forestal, seguido de los bosques secos y andinos.

Los bosques albergan una enorme diversidad de flora y fauna, y también es el hogar de diversas poblaciones indígenas que dependen de los recursos de estos ecosistemas. Sin embargo, cada año son devastados por diversas actividades como la minería ilegal, los cultivos agroindustriales, la agricultura migratoria, incendios forestales, entre otros.

De acuerdo a cifras del Minam, se estima que la deforestación en la Amazonía peruana se da a un ritmo de 120 mil hectáreas por año, aproximadamente. Solo entre el periodo de 2001 y 2018, por ejemplo, se ha deforestado 284 888 de hectáreas de bosques amazónicos.

En este escenario, las autoridades han realizado diversos esfuerzos por detener este problema, aunque no siempre con mucho éxito. La falta presupuesto, personal y logística en algunos sectores, la vastedad de la Amazonía y a veces la falta de voluntad política han frustrado algunos intentos por proteger nuestro patrimonio natural.

Al respecto, Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA, señala que en el primer semestre de 2020, el Ministerio Público solo pudo atender un total de 3639 denuncias ingresadas, lo que representa el 18.83% del total (19 327 ingresos)[1]. Para el 2019, solo se pudo atender el 37.44% de las denuncias ingresadas[2]. “Ello debilita la institucionalidad, al perpetuarse un clima de impunidad respecto de la persecución de delitos ambientales”, resaltó.

A estos problemas se suma la falta de información de la ciudadanía e incluso de las autoridades (jueces, fiscales, funcionarios en general) que muchas veces desconocen cuál es la función de cada órgano del Estado y no saben a dónde acudir cuando desean denunciar un hecho relacionado al atentado contra nuestros bosques.

En este contexto, presentamos a continuación una lista de las instituciones estatales ligadas la protección de nuestros bosques y especificamos cuál es su función específica. Cabe destacar que la información que compartimos fue extraída de la Guía de referencia rápida para la investigación de delitos forestales: Herramienta técnica para fiscales e investigadores, una publicación elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

Foto: SPDA

Roles y funciones de las autoridades en temas de delitos forestales

  1. Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)

Es la fiscalía encargada de prevenir y dirigir la investigación de los delitos ambientales. Ejerce acciones de interdicción: decomiso especial, destrucción y la reducción del valor comercial de los objetos sobre los cuales recae el delito y/o los instrumentos del delito vinculados a la tala ilegal y actividades relacionadas. Es el órgano encargado de presentar y sustentar los casos penales ante el juez competente, con el objetivo de que determine los niveles de responsabilidad de los inculpados.

  1. Policía Nacional del Perú – Dirección de Medio Ambiente (DIRMEAMB)

Órgano de la Policía Nacional del Perú que previene, ejecuta las acciones de investigación y denuncia los delitos ambientales. Asimismo, brinda apoyo a las autoridades ambientales competentes, salvaguardando el orden público a fin de asegurar el cumplimeinto de sus decisiones administrativas tomadas en base a la posible infracción administrativa ante las normas especiales como Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley de Áreas Naturales Protegidas y demás dispositivos que guarden relación. Asimismo, realiza acciones de inteligencia, entre otros, respecto de la extracción de recursos forestales, así como la transformación y comercialización de sus productos. Para ello, realiza diligencias e investigaciones policiales, poniendo a disposición del Ministerio Público el informe policial, productos incautados y detenidos.

  1. Poder Judicial

A través de los jueces, vocales superiores y vocales supremos, son los encargados de valorar los casos presentados por el Ministerio Público, respetando el marco jurídico y constitucional, además emiten sentencias en materia de delitos ambientales, motivando adecuadamente los tipos penales ambientales cometidos. A nivel de delitos ambientales, nuestro Código Penal vigente los ha categorizado como: a) Delitos de contaminación; y,  b) Delitos contra los recursos naturales (casos relacionados al tráfico ilegal de productos forestales maderables y delitos contra los bosques o formaciones boscosas).

  1. Fiscalía Especializada en Crimen Organizado (FECOR)

Es competente para dirigir y conducir la investigación de los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, dentro de los cuales se encuentran los delitos ambientales en las modalidades de tráfico ilegal de productos maderables, obstrucción de procedimiento y sus formas agravadas. Su función abarca la investigación de delitos contra la administración pública, lavado de activos y falsificación de documentos. En el marco de la Ley 30077, pueden solicitar ante el Poder Judicial, algunas medidas de investigación especiales como: levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, interceptaciones telefónicas, entre otros.

Dicapi participa en acciones de interdicción. Foto: SPDA

  1. Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi)

Es la autoridad marítima, fluvial y lacustre, encargada de velar por la protección del ambiente y sus recursos naturales, así como controlar, vigilar y reprimir todo acto ilícito que se realice en el medio acuático. En la lucha contra los delitos forestales, Dicapi vela por la protección del Amazonía peruana, reprimiendo toda actividad ilícita que se presente en las zonas fluviales de su jurisdicción. Asimismo, realiza, de manera conjunta y coordinada con el Ministerio Público y la Policía Nacional, las acciones de interdicción establecidas en el Decreto Legislativo 1220, sobre decomiso de los bienes e insumos prohibidos utilizados en actividades ilegales relacionadas al tráfico ilegal de productos forestales maderables.

  1. Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente

Está adscrita al Ministerio del Ambiente y actúa en defensa de los derechos e intereses del Estado en casos de agravios por la comisión de delitos ambientales en los procesos judiciales. Una de sus funciones principales es iniciar y representar los intereses del Estado en los procesos judiciales por la comisión de delitos ambientales. El procurador público actúa como parte procesal en el marco de las investigaciones penales contra los autores de delitos por tala ilegal y los casos del comercio ilegal de madera.

Foto: Osinfor

  1. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor)

Es el cargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel nacional, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes. Además, ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra Tala Ilegal (CMLTI), en coordinación con el equipo técnico del Alto Comisionado en Asuntos de Lucha Contra la Tala Ilegal.

  1. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Se encarga de recibir, analizar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo; y apoya en la prevención para detectar y reportar operaciones sospechosas. Asimismo, puede participar en investigaciones conjuntas con otras instituciones públicas nacionales, encargadas de detectar, investigar y denunciar la comisión de ilícitos penales relacionadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

  1. Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS)

Órgano de línea del Gobierno Regional encargado de definir las políticas, organizar, dirigir, controlar, fiscalizar, regular y ejercer las funciones en materia de recursos forestales y de fauna silvestre. Realiza el seguimiento, control, fiscalización y sanción, mediante actos administrativos, de las actividades en materia forestal y de fauna silvestre. En el caso de un proceso penal por delitos forestales, la FEMA solicita a la ARFFS la emisión de los informes fundamentados (pruebas documentadas sobre el delito), según sea el caso.

Foto: Serfor

  1. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor)

Organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor). Gestiona y promueve el uso sostenible, la conservación y la protección de los recursos forestales y de fauna silvestre, y supervisa el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los actos administrativos a su cargo, incluyendo aquellos que dicta en su calidad de autoridad administrativa (CITES), y sanciona las infracciones derivadas de su incumplimiento, respetando las competencias del Osinfor, OEFA, los gobiernos regionales y locales, y otras entidades públicas. Es además el punto focal de denuncias en materia forestal y de fauna silvestre, y por tanto puede recibirlas y derivarlas a las instancias pertinentes, realizando el debido seguimiento de la tramitación, evaluación y resolución.

  1. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)

Es un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas  (MEF). En el ámbito forestal, la Sunat es miembro de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (CMLTI), y conforma el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS). Controla y fiscaliza el tráfico de mercancías; adicionalmente, previene, persigue y denuncia el contrabando, la defraudación de rentas de aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías.

  1. Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi)

Organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), que tiene como objetivo recibir, registrar, administrar y disponer de los bienes incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio sobre los que recae el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables, con el fin de garantizar la conservación del patrimonio forestal de la Nación y el desarrollo de actividades económicas forestales sostenibles.

  1. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)

Organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas y de cautelar la diversidad biológica. En lo que concierne a la lucha contra los delitos forestales, el Sernanp cuenta con un sistema de patrullaje y vigilancia a cargo del personal guardaparque, y cuenta con una red de puestos de control para dichos fines.

 

 

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[1] 2020 Ministerio Público. Boletín estadístico Nº 07, año 2020 – Enero/Julio 2020. Fiscalía de la Nación, Lima, pp. 50. Consultado el 14 de mayo de 2021: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1252091/BOLETIN_JULIO_2020%20%281%29.pdf

[2] 2019 Ministerio Público. Boletín estadístico del Ministerio Público Nº 11, año 2019 – Noviembre 2019. Fiscalía de la Nación, Lima, pp. 63. Consultado el 14 de mayo de 2021: https://agenciafiscal.pe/Storage/modsnw/pdf/12055-k1Nl6Ag7Le1Bg4B.pdf

 



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