• SPDA presenta el “Análisis de Inversión Pública de la función ambiental en los gobiernos regionales de Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Cusco”.

Escribe Samín Vargas / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

 

 

 

En los últimos años, se ha evidenciado una mayor conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, el financiamiento público del patrimonio natural no ha crecido al ritmo que se necesita para conservar y aprovechar sus recursos en la subsistencia de la población y el sostenimiento de la economía en su conjunto.

El financiamiento de la Función Ambiente de los gobiernos regionales de Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Cusco toma en promedio de 6 a 8 años entre la declaratoria de viabilidad y el último devengado para la culminación^[1]. Asimismo, en casi todas las regiones el nivel de ejecución del presupuesto no alcanza el 85%^[2].

De persistir la poca efectividad en la culminación de estos proyectos, difícilmente se podrá asegurar la recuperación, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad en beneficio de la población, así como la superación de los efectos económicos, sociales y ambientales de la pandemia.

Para enfrentar estos retos se propone en el año del Bicentenario:

• Realizar cambios normativos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que permitan pasar directamente a la etapa de inversión a aquellos proyectos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos, entre otros, que contengan componentes solo ambientales. De esta manera, se acortará el ciclo de proyectos y se recuperarán rápidamente los activos naturales.
• Asimismo, plantear el desarrollo de proyectos integrales que involucren no solo la ejecución de actividades vinculadas a la conservación de la biodiversidad, sino también el aprovechamiento, producción, transformación y comercialización mediante el uso de infraestructura y tecnologías verdes. Estos proyectos son el tipo de intervenciones que se requiere para aprovechar el potencial económico del patrimonio natural en favor tanto de las economías locales como de los mercados globales.
• Mejorar el marco normativo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (Ley de APP) para promover la incorporación de programas de desarrollo con un enfoque territorial. Esto permitirá inyectar capital privado en un portafolio de proyectos en espacios geográficos determinados, entre los que podrían estar áreas naturales protegidas en diferentes niveles de gobierno, sistemas regionales de conservación, corredores ecológicos, entre otros.
• Plantear cambios normativos en el Sistema Nacional de Inversión Pública y Gestión de Inversiones, así como en la Ley de APP, es fundamental para asegurar la conservación del patrimonio natural en los próximos años. Además, ayudará a resolver las necesidades económicas de la población rural en el país con financiamiento privado de alto impacto para el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas. Esto, finalmente, contribuirá a alcanzar las metas que tiene el Perú en los diversos acuerdos supranacionales vinculados a la biodiversidad.

 

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^[1] En algunos proyectos, incluso, la implementación ha demorado 10 años, lo que excedió la vigencia de periodos presidenciales y de gobiernos subnacionales.

^[2] Madre de Dios alcanza 98% como nivel de ejecución (S/. 32 millones), tiene un portafolio de proyectos de S/ 35 millones, muy inferior a otros gobiernos regionales.