Foto: Onamiap

• El documento recoge información sobre la situación de las mujeres indígenas respecto a derechos como la salud, seguridad jurídica, educación intercultural bilingüe y protección a defensores ambientales.

Con la finalidad de exponer la posición de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las mujeres indígenas, este viernes 25 de febrero, las lideresas y dirigentes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) se reunirán con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marco Orellana, en Lima.

Como parte de la visita del relator, el último miércoles, una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) del Relator Especial recibió el “Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el marco de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” elaborado por la organización.

El informe detalla la situación de los derechos de pueblos indígenas de ocho comunidades ubicadas en la región Ucayali: Túpac Amaru, Betijay, Sempaya, Shahuaya, Puerto Firmeza, Santa Teresita, Santa Lucía, las siete del pueblo shipibo-konibo. Y la comunidad Tahuarapa del pueblo Ashéninka, ubicada en el distrito de Raymondi, provincia Atalaya (Ucayali).

Respecto a la seguridad jurídica de sus territorios, si bien las ocho comunidades cuentan con títulos formales de propiedad “tales reconocimientos formales no los protegen en la práctica respecto de las intromisiones perniciosas de terceros y el desarrollo de actividades ilegales en sus territorios”, indica el informe.

“Tampoco existe un reconocimiento de la integridad de su territorio, solo se les entrega los títulos de propiedad del área agrícola y ganadera; el área forestal (bosques) se les entrega en cesión en uso. De ahí que es importante que el Estado peruano adecue sus normas internas a la luz de los instrumentos internacionales que reconocen la integridad territorial”, detalla el documento.

Foto: Onamiap

La organización también hace un llamado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a garantizar, a través de mecanismos más efectivos y oportunos, la implementación del Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos (Decreto Supremo 004-2021-JUS), la protección efectiva de los miembros de las comunidades que por su labor de defensa de su territorio y recursos naturales son víctimas de amenazas y agresiones por parte de los terceros invasores que desarrollan actividades delictivas como son la tala ilegal de madera, narcotráfico y, en menor medida, la minería ilegal, en los territorios comunales.

Según la Onamiap, el informe incluye el recorte o desaparición del número de plazas para la contratación de docentes de Educación Intercultural Bilingüe. Además, los casos de vulneraciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

El documento fue elaborado por (Onamiap) con el apoyo de su base la Federación de Mujeres Indígenas de la provincia de Atalaya (Femipa) y de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau).

Lee el informe de las comunidades nativas de Ucayali aquí.

🚨Relator de la ONU visitó zonas contaminadas por la actividad petrolera en Loreto. https://t.co/JFFD8OYGSF pic.twitter.com/l922MQrrXC

— Actualidad Ambiental (@actualidadspda) February 24, 2022