Ojo Público: más de 40 funcionarios son investigados por deforestación en la Amazonía

En el caso de Cocha Anía, se calcula que el tráfico de tierras y la deforestación afectó de cerca de tres mil hectáreas. Foto referencial: Eduardo Franco-Berton-RAI.

  • Fiscalías ambientales investigan a directores, jefes, técnicos, efectivos policiales y otros especialistas de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, por los delitos de deforestación, tráfico de tierra y madera.

 

Una reciente publicación de Ojo Público analizó siete expedientes fiscales y descubrió que 42 funcionarios son investigados por deforestación, tráfico de tierras y vulneración de territorios indígenas en la Amazonía. En el caso de Loreto, se revisaron tres casos, mientras que en las regiones Ucayali y Madre de Dios, fueron tres y uno, respectivamente.

De los tipos de delitos, un 83.4% está relacionado a tráfico ilegal de madera, el 11.9% al tráfico de tierras, y el 4.7% al otorgamiento irregular de permisos forestales y la deforestación. Respecto a los cargos, estos son: especialistas (26.1%), miembros PNP (26.1%), personal encargado de área (23.8%) y directores (11.9%). A la lista se suman jefes y gerentes forestales.

Caso Cocha Anía

Según indica la nota, uno de los casos más importantes es el de Cocha Anía, zona ubicada en el distrito de Nueva Requena (Ucayali), donde las fiscalías de Coronel Portillo y de Crimen Organizado llevan casi tres años investigando a una presunta agrupación encargada de traficar tierras.

Son cinco exfuncionarios del gobierno regional los involucrados en este caso, entre los que figuran Isaac Huamán Pérez, director despacho agrario, y Christopher Hernández Larrañaga, responsable de saneamiento y titulación de tierras entre los años 2016 y 2018, a quienes se les ordenó prisión preventiva, aunque luego fueron liberados para evitar el contagio de la COVID-19.

A estas acciones se suma el primer allanamiento y decomiso de documentos a una dirección regional de Agricultura por parte de la tercera fiscalía penal de Coronel Portillo. A inicios de 2020, este caso pasó a la Primera Fiscalía de Crimen Organizado de Lima debido a su complejidad.

La tesis fiscal es que Huamán Pérez encabezaba una organización criminal que entregó de forma ilegal más de un centenar de predios que luego serían vendidos a empresas relacionadas al negocio de la palma aceitera en Ucayali.

El mecanismo detrás del tráfico de tierras amazónicas consistía en que funcionarios de la dirección regional agraria de Ucayali emitan constancias de posesión y títulos de propiedad a favor de falsas asociaciones de vivienda o por medio de testaferros. Posteriormente, estas propiedades eran vendidas a empresa del rubro de palma aceitera.

Otro de los implicados en este caso de tráfico de tierras y deforestación de cerca de tres mil hectáreas, es Jaime Montalván Torrejón, ex director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria de la dirección agraria de Ucayali hasta noviembre de 2016, cuando fue reemplazado por Christopher Hernández.

Montalván Torrejón habría simulado, en la etapa final, 128 predios que fueron cedidos a la hija de su pareja, Vielva Cuzcano Escobedo, quien al ser interrogada por la fiscalía aseguró que firmó el poder como “un favor” por el vínculo con el exfuncionario.

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Antes de ser un funcionario de la región Ucayali, Jaime Montalván Torrejón logró un convenio para desarrollar actividades agrícolas con la región Huánuco, tras presentarse como representante de la Iglesia Menonita en el Perú, organización religiosa que se encuentra bajo sospecha por el delito de deforestación por las fiscalías ambientales de Loreto y Ucayali. Ambas instituciones estarían en proceso de acusar a los responsables antes la Procuraduría del Ministerio del Ambiente por el desbosque en territorios utilizados por los menonitas.

Zona afectada por comunidad menonita en Ucayali. Foto: Inforegión.

Otros casos

Otro de los casos involucra a Ricardo Gutiérrez Quiroz, exdirector de Gestión de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura durante 2012 y 2014, por aprobar certificaciones ambientales de cuatro proyectos (“Maniti”, “Santa Catalina”, “Tierra Blanca” y “Santa Cecilia”) para palma aceitera en Loreto y que guarda vinculo con compañías del Grupo Romero.

Gutiérrez Quiroz fue condenado en diciembre del 2019 a cuatro años de prisión suspendida por tomar decisiones que iban a ocasionar un daño ambiental irreversible contra la Amazonía. Pese a esto, entre enero de 2019 y febrero de 2020, el exfuncionario continuó dando servicios al Estado como consultor del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda y también como asesor técnico del Ministerio de Agricultura.

Quien también afronta investigaciones es el actual gerente regional de desarrollo forestal de Loreto, Kenjy Terán Piña, por su etapa como funcionario del desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), así como un proceso penal en la fiscalía ambiental de esta región por presuntos otorgamientos de concesiones forestales. En sus descargos a Ojo Público, Terán negó las acusaciones.

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Otro caso que afronta Terán Piña es la denuncia del del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) por una resolución a favor de Consorcio Maderero S.A., para la explotación de madera, pese a no contar con el informe respectivo.

En Loreto, esta no es la única investigación en curso, pues a inicios de diciembre de 2020, se detuvo a 11 personas y allanó igual número de inmuebles en Iquitos, en la provincia de Maynas, en el marco del denominado caso ‘Los remanentes Cumaleros del Oriente’. Cinco de los detenidos formaban parte de la dirección de agricultura, la Autoridad Regional Ambiental de Nauta, la dirección forestal de Loreto y el gobierno regional. La fiscalía investiga el delito de lavado de madera extraído ilegalmente en la Amazonía peruana

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En Ucayali también se investiga a titular de la gerencia forestal, Marcial Pezo Armas, por los delitos de responsabilidad funcional e información falsa y tráfico ilegal de productos forestales maderables, además de estar vinculado al caso Saweto, que dejó el terrible saldo de cuatro líderes indígenas asesinados por retrasos en las investigaciones. Roy Pinedo López, uno de los trabajadores de Pezo, lo acusó de autorizar el desembarco de un cargamento de madera proveniente de la tala ilegal

En Madre de Dios también destaca la investigación a Robert Nishida Añez, exgerente forestal entre diciembre del 2019 y junio del 2020 por sus vínculos con ‘Los hostiles de la Amazonía’ y que involucra a otros 20 funcionarios de esta región, incluyendo siete miembros de la policía, por el tráfico ilegal de madera.

 



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