El coordinador de la de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, monseñor Pedro Barreto, señaló que una tercera ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa Doe Run Perú sería “indigno para los peruanos” debido a que la minera se ha caracterizado por su irresponsabilidad con el ambiente y la salud de los pobladores de La Oroya.

La ampliación del PAMA por tercera vez es promovida por el congresista Casio Huaire, a través de un proyecto de ley (Ver documento). Sobre dicha iniciativa parlamentaria, Barreto anunció que “la Mesa de Diálogo Ambiental está haciendo un estudio técnico, que coincide con la posición del Arzobispado en que el PAMA no puede darse, porque sería ir a una vida indigna para un peruano o peruana, y que beneficia únicamente a Doe Run”.

Barreto agregó que dicho proyecto de ley también tiene como fin la exoneración de multas a la empresa, lo cual significaría un “premio a una empresa irresponsable”. “El comportamiento de esta empresa minera no es nuevo, siempre dice una cosa y después hace otra”, señaló el monseñor.

Según el colectivo “La Oroya por un Cambio”, Doe Run Perú -desde el inicio de sus operaciones- arrojó, las 24 horas al día, humo tóxico cargado de dióxido de azufre, plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados. La empresa estadounidense tuvo diez años para invertir en proyectos que disminuyeran los daños ambientales, como indicaba su PAMA, pero no cumplió.

Pese a las consecuencias que trajo la contaminación, como los severos e irreversibles daños en la salud de niños y adultos, intoxicados por el plomo y otros gases tóxicos, los gobiernos anteriores ampliaron dos veces el PAMA de la empresa, pero Doe Run incumplió con sus responsabilidades.

ESTADO DEBE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS

Para Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el actual gobierno tiene una visión desfasada de los derechos humanos y nos vende una visión del desarrollo enfocado solamente en los réditos que dejan la actividad extractiva, lo cual es “engañoso”.

“Con el caso de Doe Run el Estado está incumpliendo su obligación fundamental que es proteger los derechos humanos. La necesidad de desarrollo no puede ser una excusa para dejar de lado la protección de derechos humanos. La protección del derecho a la salud y del medio ambiente es una vía para garantizar un verdadero desarrollo para el país”, dijo Pérez.

“El Estado debería encontrar una fórmula que permita garantizar el respeto a ambos derechos (a la salud y al trabajo) y no colocarlos en dos posiciones contrarias. Salud o Trabajo, es una manera perversa de concebir el desarrollo de un país. Los pobladores no deberían continuar sufriendo los estragos de la contaminación ambiental y el Estado debería garantizar una fuente de trabajo y de ingresos”, agregó.