Foto: Nea Hoy

• El documento, elaborado por abogados de diversos países, solicita reformas estructurales para superar el despojo y la violencia sistemáticos que persisten desde el conflicto armado interno.
• Informe hace referencia a la apropiación de tierras, la criminalización, la violencia y los desalojos, que constituyen graves violaciones de los derechos humanos.
• Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de SPDA, forma parte de este grupo de expertos.

Descarga el informe haciendo clic en la imagen.

Un nuevo informe elaborado por una misión de investigación de alto nivel, integrada por abogados internacionales especializados en derechos humanos, solicitó al Estado de Guatemala que haga frente a los intereses privados y que aborde los fallos sistemáticos que alimentan la violencia contra los pueblos indígenas del mencionado país.

“La situación a la que se enfrentan las comunidades indígenas en Guatemala es inaceptable”, afirmó Camila Zapata Besso, experta en derechos humanos del Reino Unido. “Se enfrentan a racismo estructural, violencia y violaciones de los derechos comunales sobre el territorio, agravados por la falta de acceso a la justicia. Los resultados electorales revelan una voluntad democrática de cambio sistémico. Es de suma urgencia dar una respuesta eficaz, que incluya la regularización de la tenencia de las tierras indígenas y una justicia reparadora de la tierra”, agregó.

El informe “No somos usurpadores: esta es nuestra tierra”. Conflicto agrario y derechos de los pueblos indígenas en Alta Verapaz, pide tanto a Guatemala como a la comunidad internacional que den prioridad a los derechos indígenas a las tierras ancestrales, y que trabajen para poner fin a la criminalización y a los desalojos que caracterizan el conflicto agrario en el país.

Durante su viaje a Alta Verapaz, Guatemala, en marzo de 2023, los juristas constataron una criminalización generalizada, derivada de las denuncias de terratenientes contra las comunidades. Expresaron su preocupación por la falta de seguridad jurídica sobre como los pueblos indígenas pueden defender sus derechos territoriales y reivindicarlos en un sistema fragmentado de propiedad de tierras.

El informe también pide a la comunidad internacional y a las entidades multinacionales que operan en Guatemala, o están vinculadas a este país, que respeten los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo leyes firmes sobre la cadena de suministro para contrarrestar la posibilidad de que las empresas lucren de las violaciones de los derechos humanos en el extranjero.

Daniel Cerqueira, experto brasileño en derechos humanos, declaró que “la comunidad internacional y las empresas con inversiones en Guatemala deben respetar los derechos, a pesar de las deficiencias en el marco jurídico nacional, y deben denunciar la criminalización de las comunidades indígenas que defienden su derecho a vivir en sus tierras ancestrales”.

Grupo de expertos estuvo integrado por diversos abogados de la región. Foto: Peace Brigades International

¿Por qué es relevante esta investigación para Perú y la región?

Si bien la investigación se centra sobre un caso muy puntual ocurrido en Guatemala, esta forma de abordar problemas jurídicos resulta clave porque podría ser replicada en otros países de nuestra región.

Sobre este punto, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, que también fue parte de este grupo internacional de expertos que estudió el caso, señaló que el respeto de los derechos indígenas es un objetivo que comparten diversos países, entre ellos el Perú.

“El reconocimiento y la protección de derechos de pueblos indígenas es una necesidad que compartimos muchos países. No asumir una identidad indígena y no reconocernos como países con un fuerte componente cultural, promueve situaciones de vulneración de los derechos de miles de personas”, explicó la especialista de la SPDA.

“Esta investigación es interesante porque contó con abogados internacionales expertos en distintas materias, vinculados a aplicación de mecanismos internacionales, a los derechos de pueblos indígenas, a temas de empresas y más. La idea de tener distintos expertos y distintas visiones para abordar la problemática de estas comunidades y magnificar el daño que se está haciendo es muy enriquecedora ya que genera que la opinión sea sobre la base del análisis técnico, con un fuerte componente de estudio de caso”, agregó.

[Descarga el informe]