Ayer, diversos especialistas conversaron sobre las incidencias de la aprobación de la Ley de Consulta Previa para Pueblos Indígenas respecto a los recursos naturales. El evento, organizado por el Universidad Científica del Sur, reunió a representantes de la Defensoría del Pueblo, La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y a congresistas de la República.

Según El Comercio, Iván Lanegra, ajunto de la Defensoría, explicó la naturaleza y proceso del derecho de consulta previa, así como sus componentes fundamentales. “Con esta ley lo que se ha avanzado es simplemente en el establecimiento de un mecanismo para que el Estado dialogue con los pueblos indígenas”, dijo.

Por su parte, Juan Luis Dammert de la SPDA, señaló que la ley de consulta previa es una respuesta política al discurso del gobierno anterior conocido como el “síndrome del perro del hortelano”.

Asimismo, sostuvo que la mayoría de los conflictos sociales no se debe a la ausencia de la aplicación de la consulta previa a los pueblos indígenas, sino a otros factores como la presencia y eficacia estatal. “El siguiente paso es reglamentar la ley y para esto se debe aclarar el rol del Indepa y construir una base de datos oficiales de los pueblos indígenas”, señaló.

Finalmente, Mariano Castro de la SPDA, resaltó que la aplicación de esta norma deberá asegurar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y orientar los acuerdos entre el Estado y los indígenas para reducir la pérdida de biodiversidad que se registra en varios lugares del país.

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Foto: MEM