Defensoría pedirá al Minjus la protección de indígenas amenazados en Huánuco

  • Indígenas de la Comunidad Nativa Unipacuyacu también sufrieron amenazas como su líder, Arbildo Meléndez Grandes, quien fue asesinado recientemente. 

Por Fiorella Fiestas / ffiestas@spda.org.pe

El pasado 12 de abril se hizo público el asesinato del líder indígena Arbildo Meléndez Grandes, jefe de la Comunidad Nativa Unipacuyacu, ubicado en Huánuco. En respuesta a este suceso, la Defensoría del Pueblo emitió el último 15 de abril un oficio al distrito fiscal de Ucayali recomendando que las investigaciones se realicen respetando un plazo razonable y brindando las garantías con un enfoque intercultural. Como se recuerda, a finales de enero, él junto a otros dirigentes sostuvieron una reunión con el relator especial de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, Michel Forst, para dar conocimiento de las amenazas constantes que recibían por la defensa de su territorio.

“La Defensoría del Pueblo recomendó a la Fiscalía de la jurisdicción de Puerto Inca la realización de las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos descritos y la determinación de las responsabilidades penales pertinentes, respetando para ello el principio del plazo razonable y garantizando el acceso a la justicia a los familiares del occiso, a través de medidas con pertinencia cultural”, indica el oficio firmado por Alicia Abanto Cabanillas de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

Oficio 129-2020-DP-AMASPPI … by spdaactualidad on Scribd

En conversación con Actualidad Ambiental, Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, detalló que desde el pasado 12 de abril dicho organismo ha coordinado, junto a la Policía Nacional y la Fiscalía de Puerto Inca, el inicio de acciones correspondientes como el traslado del equipo del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Depincri) de Puerto Inca, ubicado en la provincia Constitución, a la comunidad de Santa Martha, donde se encontraba el cadáver.

Asimismo, resaltó que estas diligencias cumplieron también con garantizar las medidas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19. “Para evitar que las autoridades que vayan a atender este lamentable fallecimiento y se evite un contagio a comunidades, era importante que previamente se realicen una prueba de descarte antes de poder realizar estas acciones”, aseguró Aedo.

Derecho histórico de titulación

El líder indígena, Arbildo Meléndez, era conocido por su lucha a favor de la titulación de su comunidad. De acuerdo a Nelly Aedo, desde la Defensoría del Pueblo se ha advertido de la necesidad de reconocer y titular a las comunidades nativas y campesinas, recomendaciones resumidas en un informe emitido el año 2014 y otro a finales del año 2018.

“Una vez que se levanten las medidas de emergencia y se normalicen las actividades dentro de la Dirección Regional de Agricultura, una de las primeras medidas de la Defensoría será solicitar se nos remita el expediente y ahí determinar las deficiencias que han podido darse en el caso concreto (de la Comunidad Nativa de Unipacuyacu)”, anunció.

La Defensoría anunció además que su Adjuntía de Derechos Humanos coordinará con el Ministerio de Justicia (Minjus) para brindar protección a otros miembros de la comunidad que han sufrido amenazas al igual que el líder asesinado. “Vamos a pedir al Minjus que inicie las acciones que corresponda respecto a la protección de los miembros de la comunidad que puedan estar en algún tipo de peligro”, indicó Aedo en conversación con Actualidad Ambiental.

“La Defensoría del Pueblo viene insistiendo que hay que mejorar a nivel nacional la situación de las comunidades nativas y campesinas, y para ello un elemento fundamental es sanear sus territorios comunales, darles seguridad jurídica sobre su propiedad colectiva. Sin esa seguridad jurídica no se puede, sienten y en verdad están en desventaja frente a actividades ilegales como la tala ilegal u otras amenazas de concesionarios que pueden invadirlos en sus territorios. Una serie de actividades que pone en peligro a todas las comunidades que están en esa situación”, finalizó Aedo.

 

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