La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, insistió en su pedido al Congreso de la Republica de aprobar la ley que facilite la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en busca del fortalecimiento de la democracia en nuestro país.
Las declaraciones de Merino se dan en contexto de una posible marcha de diversos movimientos indígenas para el próximo 22 de febrero denominada “Gran Movilización Nacional en defensa de los derechos de los pueblos indígenas”. Entre las agrupaciones que protestarían se encuentran la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI) la cual marcharía buscando que sus principales denuncias tengan oído en las autoridades.
La Defensoría presentó al Congreso el proyecto de ley 3370-2008-DP, a través del cual se plantea un proceso de consulta institucional y estructurado; gracias al cual el Estado garantizaría la toma de decisiones legítimas para los derechos de los pueblos indígenas de todo el territorio nacional.
La Defensora del Pueblo apuntó que el derecho de consulta de los pueblos indígenas forma parte de nuestra legislación desde hace 15 años, en virtud de la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
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LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ES LA ÚNICA INSTITUCIÓN PERUANA QUE GOZA DE COMPLETA CREDIBILIDAD
MÉRITO DE LA DOCTORA MERINO QUE HA SABIDO ARMAR UN EQUIPO CON GENTE PROBA DE DEFINIDA RECTITUD MORAL
ESTA MOVILIZACIÓN DEL 22 DE FEBRERO ES JUSTA … BASTA CON LEER LAS BARBARIDADES QUE HACE “PAPÁ GOBIERNO” (VER: Estudio alerta sobre segundo boom de explotación de hidrocarburos en la Amazonía …EN ESTE MISMO BLOG)
“Gran Movilización Nacional en defensa de los derechos de los pueblos indígenas”. Entre las agrupaciones que protestarían se encuentran la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI)
YA VEO A MUCHOS DE LOS AHORA BENEFICIADOS POR LA “INMUNIDAD POR CARGO”
RECORRIENDO EL MISMO TRAYECTO QUE A TRANSITADO FUJIMORI EL ÚLTIMO AÑO
La consulta a los pueblos indígenas es OBLIGATORIA … a sí no les guste a los que se quedaron en el siglo XX
PERÚ – Consulta a Pueblos Indígenas es “piedra clave” del Convenio 169 de la OIT
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
Martes 23 de junio de 2009, puesto en línea por Claudia Casal
Lima, 19 de junio de 2009 – CAOI- Conferencia Internacional del Trabajo expresa su preocupación por los hechos de Bagua y pide al gobierno asegurar que no se aplique ni promulgue ninguna legislación relativa a la exploración o la explotación de recursos naturales sin consultar a los pueblos indígenas.
La 98 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en Ginebra, Suiza, adoptó el informe de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT sobre el caso peruano. En él, expresa su grave preocupación por la violencia desatada en Bagua, Amazonas, el viernes 5 de junio, y pide al Gobierno hacer mayores esfuerzos para garantizar sin discriminación los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas, de conformidad con sus obligaciones en el marco del Convenio 169.
El Informe de la Conferencia Internacional del Trabajo señala que la Comisión de Expertos “lleva años formulando preocupaciones acerca de los problemas persistentes en la aplicación del Convenio”, en particular con respecto a:
Establecimiento de criterios armonizados para la identificación de los pueblos indígenas.
Desarrollo de una acción sistemática y coordinada para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto de su integridad.
Establecer mecanismos adecuados de consulta y participación, con respecto a la adopción de medidas legislativas y la explotación de los recursos naturales.
Tras expresar su preocupación por la reiteración del gobierno peruano en no facilitar respuestas a las peticiones específicas de información hechas por la Comisión de Expertos, el informe reconoce que la situación actual del Perú surge por la promulgación de decretos legislativos relativos a la explotación de recursos naturales en territorios de los pueblos indígenas.
“Durante varios años, la Comisión de Expertos había formulado comentarios acerca de la promulgación de legislación con respecto a estas cuestiones sin consultar a los pueblos indígenas afectados”, señala el informe. Y subraya “la obligación del gobierno de establecer mecanismos apropiados y efectivos para la consulta de los pueblos indígenas, que es la piedra clave” del Convenio 169.
Por ello, exhorta al gobierno a no aplicar ni formular ninguna legislación relativa a la exploración o la explotación de los recursos naturales sin consultar previamente a los pueblos indígenas afectados por estas medidas. “Los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades y de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”, insiste.
La Conferencia Internacional del Trabajo, además, insta al gobierno peruano para que, “sin demora”, ponga la legislación y la práctica nacionales en armonía con el Convenio 169, elaborando para ello un plan de acción en consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Y recordando que un diálogo auténtico debe basarse en el respeto de los derechos y la integridad de los pueblos indígenas.
La Conferencia Internacional de Trabajo se efectúa en Ginebra, Suiza, del 3 al 19 de junio. En ella se reúnen los Estados Miembros de la OIT, los que son representados por dos delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador, más sus consejeros técnicos respectivos; los delegados empleador y trabajador se designan de acuerdo con las organizaciones nacionales más representativas de los empleadores y de los trabajadores. La CAOI ha planteado reiteradamente la necesidad de incluir una representación de los pueblos indígenas.
Líderes indígenas presentarán Declaración de Derechos en Puno
Radio La Voz de la Selva | 16/02/2010 | Líderes indígenas nacionales, en alianza con diversas organizaciones sociales e instituciones estatales, llegarán esta semana a la ciudad de Puno para presentar el jueves 18 de febrero la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La entrada será totalmente gratuita y se obsequiará materiales a las personas que asistan a la presentación (discos compactos, afiches, declaraciones en versión de bolsillo y material informativo). La cita es para este jueves a las 6 p.m. en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno, situado en la Plaza de Armas.
La jornada tendrá como principales invitados al presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios y a la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAAP), Gladis Vila Pihue.
También estarán presentes el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Juan Luque Mamani; la jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Dra. Luz Herquinio Alarcón; y los especialistas Mario Núñez Mendiguri, Antropólogo de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) y la Dra. Ana Pino Jordán (ex miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
LEY DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO: BRILLANTE IDEA DICTATORIAL
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La terca vocación por la conflictividad socioambiental del gobierno (segunda parte).
Artículo publicado en El E-cochaski Nº 44
Posted Marzo 22, 2010
Después de lo ocurrido con La Oroya y la minera Afrodita, el Ejecutivo abrió un tercer frente de conflictividad potencial el mes pasado, al emitir el proyecto de ley 3817 sobre desplazamiento forzado interno. El Ejecutivo presentó el 4 de febrero al Congreso de la República dicho proyecto de ley, buscando modificar el artículo 8 de la ley 28223 para que sea el Ministerio de la Mujer el ente que autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala. Hecho que recién trascendió públicamente el 22 de febrero, cuando la congresista Juana Huancahuari Páucar dio la voz de alerta a través de una nota de prensa. “La Ley de desplazamiento interno que ampara a las personas o grupos de afectados por conflictos armados o desastres naturales pretende ser utilizada para promover megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial”, indicó la congresista en su comunicación. También cuestionó que el proyecto haya sido enviado a las comisiones de Justicia y de la Mujer del Congreso para su discusión, pero no a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, algo necesario dado su posible impacto en la integridad social, política y económica de las comunidades y pueblos de la Amazonía.
Otras críticas al proyecto la acompañaron pronto desde la sociedad civil y política, siendo una de las voces más autorizadas la de Isabel Coral, experta en desplazados por la violencia política. Coral cuestionó que con el proyecto se pretendiera eliminar la palabra “forzado” del concepto de “desplazamiento forzado” y se pretendiera anular lo concerniente al proceso de consulta previa, en aras de los proyectos de inversión y desarrollo. “La ley actual establece que el desplazamiento que no es ocasionado por situaciones de violencia, debe ser consultado a la población y adecuadamente informado para proceder al mismo, lo cual no se haría con esta decisión”, declaró a una emisora local. Por su parte, el Programa Social Indígena de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos naturales (DAR) sostuvo que el proyecto de ley vulnera derechos colectivos de los pueblos indígenas y además no es aplicable a los mismos.
Su reciente informe “El Desplazamiento Forzado Interno: El Caso De Los Proyectos De Desarrollo” concluye que el Estado no puede ejecutar acciones de promoción del desplazamiento de los pueblos indígenas debido a que “dicho desplazamiento no está permitido”. El informe añade que el desplazamiento forzado tiene un tratamiento distinto cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas. De acuerdo al principio iuris pro hominem de los derechos humanos, en caso existan dos normas aplicables al mismo supuesto, se preferirá aquella disposición que reconozca mayores derechos a los beneficiarios, vale decir, el artículo 9º de la Ley de Desplazamiento Interno que los excluye del desplazamiento.
A la fecha, el proyecto se encuentra aún en revisión en las comisiones mencionadas y ningún miembro del Ejecutivo ha respondido crítica alguna. Sin embargo, la congresista Elizabeth León, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruanos, Ambiente y Ecología, ha puesto un virtual freno congresal al declarar que el polémico proyecto de ley no puede ser debatido por el pleno del Congreso, mientras no se apruebe la Ley de la Consulta Previa, o habría conflictos innecesarios. Y también pidió que el proyecto sea debatido en su Comisión.
El cuarto frente de conflictividad, en apariencia más complejo y avanzado, referido al proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, se potenció cuando el 26 febrero el Ministerio de Energía y Minas publicó la propuesta peruana del Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y la exportación de excedentes al Brasil, también (mal) llamado Acuerdo de Integración Energética Perú-Brasil. Aunque esta propuesta fue enviada por el gobierno peruano al brasileño el 17 de febrero.
La propuesta alude básicamente a los lineamientos generales, compromisos de las partes, exceso de oferta, situaciones de emergencia de corto plazo, solución de controversias, suficiencia de generación para el Perú y desarrollo sostenible. Sobre este último punto, recién en el artículo 9 de la propuesta se indica que las actividades que se realicen deberán efectuarse respetando el “uso sostenible de los recursos naturales, la conservación del ambiente, el patrimonio arqueológico y cultural” procurando el bienestar social y económico de las comunidades. Pero esto sólo tiene el tenor de una vacía declaración de principios. La propuesta peruana también indica que la capacidad acumulada de todas las centrales será de 6 mil MW, destinadas a cubrir las necesidades del mercado interno y a exportar los excedentes a Brasil. Además, las concesiones para la generación hidroeléctrica y de transmisión se darán por un plazo de 30 años, y el costo de las instalaciones de transmisión que se construyan recaerá en Brasil. El punto quizá más favorable de la propuesta es el referido a las condiciones de emergencia y/o situaciones que pongan en riesgo la seguridad del abastecimiento al mercado peruano a corto plazo: “el Perú podrá reducir y suspender la exportación de energía a Brasil”, con el acuerdo de las partes. Pero, de mantenerse ese texto en el acuerdo final, queda la duda de qué ocurriría si para ello no hay acuerdo de una de las partes, vale decir, de Brasil.
Si bien se anunció que dicho acuerdo se firmaría a principios de marzo, hasta la fecha el gobierno no anuncia nada nuevo al respecto, lo cual no es señal democrática. A lo mucho, el 2 de marzo se realizó el primer “Conversatorio sobre la Interconexión Eléctrica Perú – Brasil. Proyecto Central Hidroeléctrica Inambari”, en San Gabán Puno. En la exposición participaron funcionarios del Ministerio de Energía y Mina, además de los representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y los Ministerios de Ambiente, Transportes y Comunicaciones, entre otros, que fueron recibidos con carteles en contra del proyecto. Así, no resultó extraño que dicho evento no lograra atenuar el malestar social latente, y el 4 y 5 de marzo varias organizaciones sociales de Puno realizaron un paro regional de 48 horas, poco difundido en Lima. Los actores fueron la Confederación de General de Trabajadores del Perú-Puno, los frentes de defensa de las provincias de El Collao, Azángaro y San Román, la Asociación de Transporte Interprovincial, el Gobierno Regional Puno y la Universidad Nacional del Altiplano. Su protesta obedeció a la falta de un estudio de impacto ambiental, las posibles consecuencias que traería la hidroeléctrica de Inambari a los pobladores de las zonas aledañas, la falta de información por parte del Gobierno y el no sentirse escuchados por el mismo. Aunque la alcaldesa de la provincia de Carabaya, Nancy Rosell Angles, anunció que su zona no pararía, estando a la espera de conocer las medidas con las cuales se controlará y compensará el impacto socioambiental que generaría la hidroeléctrica. Por lo pronto, los temas de Inambari y el acuerdo energético Perú-Brasil se están debatiendo públicamente en varias páginas de internet y el Congreso de la República, a través de varios foros, pero el Ministerio de Energía y Minas no destaca por participar en ellos. No extrañaría tampoco que el acuerdo con Brasil sea firmado pronto sin considerar los aportes ciudadanos, si es que no lo ha sido ya, y sea dado a conocer en vísperas de semana santa (Continuará).
Raúl E. Chacón Pagán