Escribe: Sally Jabiel*

 

Un aullido profundo y resonante, como el de un mono aullador. Luego, huellas en la arena, ramas cruzadas y ceniza que aún no se enfría. En los ríos del sureste de la Amazonía peruana, ese lenguaje mínimo anuncia la presencia de los mashco piro, uno de los pueblos indígenas en aislamiento más numerosos del mundo, que durante décadas han hecho de la distancia una forma de supervivencia.

Se calcula que el pueblo mashco piro tiene alrededor de 750 integrantes, pero pueden ser más. Nadie lo sabe con certeza. Se mueven entre ríos y bosques, aparecen y desaparecen. A veces cruzan hacia comunidades vecinas, dejan señales, toman alimentos, regresan al monte.

No buscan contacto. Lo evitan desde que la fiebre del caucho, a finales del siglo XIX, los empujó a internarse en lo más profundo de la Amazonía para escapar de la violencia, las enfermedades y la explotación. Para proteger, precisamente, su derecho a permanecer aislados, hace veinte años, Perú aprobó la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, conocida como Ley PIACI.

Hoy, sin embargo, sus apariciones son más frecuentes. Cada vez más, la tala, el narcotráfico y la minería ilegal los empujan fuera de sus territorios. Al mismo tiempo, iniciativas legislativas buscan debilitar las normas que los protegen. Una protección aún frágil Los mashco piro son uno de los 25 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial registrados en Perú y parte de los 196 grupos aislados en todo el mundo, según Survival International.

El Ministerio de Cultura (Mincul) estima que son aproximadamente 7500 personas en esa situación en el país, aunque la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) sostiene que al menos otros diez pueblos todavía no han sido reconocidos oficialmente. Durante décadas, estos pueblos existieron sin un marco legal específico que los protegiera.

La Ley 28736 y su reglamento llenaron ese vacío. Por primera vez, el país reconoció oficialmente su existencia y consagró el principio de no contacto: el derecho de estos pueblos a vivir aislados del resto de la sociedad y la obligación del Estado de proteger esa decisión.

Para hacerlo, la norma también estableció un régimen especial transectorial, un conjunto de políticas públicas supervisado por el Mincul y articulado con distintos sectores del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, así como con la sociedad civil. La ley introduce la figura de las reservas indígenas, territorios intangibles donde ninguna actividad externa debería poner en riesgo la supervivencia de los PIACI.

Se calcula que el pueblo mashco piro tiene alrededor de 750 integrantes, pero pueden ser más. Nadie lo sabe con certeza. Se mueven entre ríos y bosques, aparecen y desaparecen. A veces cruzan hacia comunidades vecinas, dejan señales, toman alimentos, regresan al monte.

“Esta ley es un hito en materia de protección de estos pueblos. Antes no existía una norma con estas características que estableciera obligaciones específicas para el Estado peruano”, afirma la antropóloga María Amelia Trigoso, directora de la Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Mincul (DACI).

“En estos veinte años hemos reconocido oficialmente a 25 pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial como paso previo para la creación de las reservas indígenas”. En dos décadas, además, el Estado categorizó ocho reservas, seis indígenas y dos territoriales, que suman más de 4.5 millones de hectáreas en Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Cusco y Huánuco.

Sin embargo, la creación de algunas de ellas tomó casi veinte años. La más reciente, la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, fue aprobada en 2024, tras casi dos décadas de espera. “Si bien esta ley es un avance que reconoce a los PIACI y sus territorios, en algunos casos los procesos han demorado demasiado”, señala Julio Cusurichi, miembro del consejo directivo de Aidesep y líder shipibo reconocido con el Premio Goldman en 2007 por su incansable defensa de esos pueblos en Madre de Dios. “Parecería que lo económico y forestal están por encima del derecho a la vida de estos pueblos, que son altamente vulnerables a cualquier contacto”.

[Ver además ►Rechazan estudio que sustenta la creación de reserva para proteger indígenas en aislamiento]

La deuda pendiente

Hoy existen cinco solicitudes de creación de reservas indígenas pendientes de aprobación, algunas con más de dos décadas de espera. En Loreto, abarca los territorios Napo, Tigre y afluentes, Pupuña, Atacuari y Yavarí Mirim; en Ucayalu, el de Tamaya-Abujao. En conjunto, equivalen a casi 3.5 millones de hectáreas, donde los PIACI continúan desplazándose sin protección legal formal.

Según el Mincul, estas solicitudes se encuentran en distintas etapas de evaluación y categorización. Mientras algunas avanzan en estudios adicionales, otras aún atraviesan procesos previos de reconocimiento de pueblos en aislamiento. “Al margen de que aún no estén categorizadas, se vienen haciendo todos los esfuerzos para aplicar medidas preventivas en estos territorios”, explica Trigoso.

El caso más reciente muestra las dificultades del proceso de categorización. En septiembre de 2025, la Comisión Multisectorial PIACI desaprobó el “Estudio adicional de categorización” para la Reserva Indígena Yavarí Mirim. Para Trigoso, las limitaciones son, en parte, de financiamiento.

“Los estudios que la ley exige para la creación de una reserva indígena no son baratos. En algunos casos es necesario recurrir al apoyo de aliados y cooperación internacional para realizarlos”, reconoce.

“Garantizar los derechos de los PIACI supone enfrentar uno de los mayores desafíos de política pública en la Amazonía: proteger territorios extensos, remotos y altamente vulnerables con presupuestos todavía insuficientes”, sostiene Melissa Sánchez, coordinadora de proyectos de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “El financiamiento no es un aspecto secundario, sino la base material que hace posible una protección efectiva”.

Las amenazas en el territorio no esperan. La minería ilegal, la tala y el narcotráfico presionan los límites de las reservas y empujan a los PIACI fuera de sus territorios. Solo en la Reserva Indígena Kakataibo Sur, que abarca 52 952 hectáreas, el narcotráfico construyó 11 pistas de aterrizaje clandestinas dentro y alrededor de la reserva, según una investigación de La República en 2024.

Esta reserva comparte un puesto de control y tres agentes de protección con la Reserva Indígena Kakataibo Norte, que abarca 96 043 hectáreas. En total, para proteger más de 4.5 millones de hectáreas, el Mincul cuenta con 57 agentes de protección y 19 puestos de control y vigilancia.

“Cada año el presupuesto se reduce. Son con los recursos de los aliados y la cooperación internacional que Aidesep y las organizaciones estamos brindando apoyo, pero este trabajo no es de los aliados. Esto debe ser un compromiso del propio gobierno”, afirma Julio Cusurichi.

Intentos por debilitar la ley

Las amenazas no provienen únicamente de economías ilegales. En 2022, una campaña impulsada desde Loreto por políticos y grupos empresariales negó la existencia de estos pueblos y acusó a la Ley PIACI de frenar el desarrollo de la región. En un pronunciamiento, el Gobierno Regional de Loreto afirmó que “no se ha demostrado científicamente la existencia de PIACI” y que las reservas indígenas “despojan, dividen y enfrentan a los loretanos”.

Esa campaña encontró eco en el Congreso de la República. En noviembre de 2022, Fuerza Popular presentó el Proyecto de Ley 3518, que proponía modificar la Ley PIACI para trasladar a los gobiernos regionales competencias sobre las reservas indígenas y revisar las ya existentes para definir su continuidad o eliminación.

“Garantizar los derechos de los PIACI supone enfrentar uno de los mayores desafíos de política pública en la Amazonía: proteger territorios extensos, remotos y altamente vulnerables con presupuestos todavía insuficientes”.

Melissa Sánchez

“Desde el propio legislativo se proponen normas para modificar la Ley PIACI. Sin embargo, conociendo cómo actúan los gobiernos regionales, que están un poco apegados con la tala ilegal y las actividades ilegales, eso nos preocupa”, advierte Cusurichi.

Por su parte, la directora de la DACI cuestiona esa campaña de negación. “Señalan que las reservas indígenas impiden el desarrollo, incluso que impulsan actividades ilícitas y atentan contra la soberanía nacional”, explica Trigoso. “Lo que hemos hecho es demostrar que aquellas afirmaciones no tienen asidero en la realidad. No hay una relación causal entre la creación de una reserva indígena y el incremento de actividades ilícitas”.

Además, Trigoso advierte sobre los riesgos de ceder: “Lo que generaría una modificación de la ley que restrinja la obligación del Estado de proteger a estos pueblos sería hacer desaparecer pueblos que han decidido vivir en aislamiento. ¿Cómo quitas derechos ya otorgados? Y más aún cuando tienes una población tan vulnerable como los PIACI”.

Aquella iniciativa fue archivada, pero no fue la única. En agosto de 2025, el congresista Juan Carlos Moris Celis presentó el Proyecto de Ley 12215, que planteaba reevaluar las reservas cada dos años y permitir que el Congreso se pronuncie sobre ellas.

Según la opinión legal de la SPDA, esta propuesta legislativa “es inconstitucional por pretender ponderar el derecho a la vida de los PIACI con el desarrollo económico”, además de ser “ilegal al contravenir y desconocer las funciones exclusivas que corresponden al Mincul”.

“Los estándares internacionales en materia de derechos humanos son claros: el Estado no puede adoptar medidas que impliquen un retroceso injustificado en la protección de derechos ya reconocidos”, afirma Melissa Sánchez. “En el caso de los PIACI, ello adquiere especial relevancia debido a la estrecha relación entre la protección de sus territorios y la garantía de su vida y supervivencia”.

Otros proyectos optaron por una ruta distinta. Los proyectos de ley 11822 y 14288 buscan habilitar actividades extractivas en áreas naturales protegidas. “No buscan flexibilizar solo las reservas indígenas, también las áreas naturales protegidas. Hay proyectos que pretenden abrir estos territorios a actividades extractivas. Sería un intento de terminar de arrasar la Amazonía”, advierte Cusurichi.

Dos décadas después, la Ley PIACI continúa enfrentando intentos de modificación y un sistema de protección con limitaciones presupuestales. “Todavía hay una brecha, una deuda histórica para continuar otorgándole seguridad jurídica a estos pueblos”, afirma Cusurichi. “Garantizar la vida de estos pueblos, que tienen el derecho de seguir viviendo”.

Mientras tanto, en algún lugar del sureste de la Amazonía, los mashco piro cruzan un río, dejan una señal en la arena y regresan al bosque. Todavía pueden elegir su aislamiento. La pregunta, a veinte años de protección legal, es por cuánto tiempo más podrán hacerlo.

 

___________________________________

*Este artículo fue publicado originalmente en la segunda edición de la revista Actualidad Ambiental, página 20. Lee, descarga y comparte la publicación aquí.