Perú es el segundo país amazónico más grande del mundo después de Brasil, y no solo es el hogar de miles de especies de flora y fauna silvestre, sino también de poblaciones ancestrales que dependen de los bosques, entre ellos los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI). Se trata de los peruanos más vulnerables y requieren de una protección especial, sobre todo el respeto de los territorios donde habitan.

Según el Ministerio de Cultura (Mincul), en nuestro país se ha registrado al menos 7500 peruanos que viven en esta situación (de 25 pueblos indígenas), y su vulnerabilidad se da en distintos niveles: territorial; social y cultural; inmunológica; y demográfica. Por ello, proteger sus territorios es una obligación del Estado para asegurar el principio de no contacto.

En este contexto, especialistas de la Subgerencia Regional de Conservación y Diversidad Biológica del Gobierno Regional de Loreto participaron en una capacitación orientada a fortalecer sus conocimientos sobre el marco normativo peruano para la protección de los PIACI.

Durante el taller denominado “Fortalecimiento de capacidades sobre la aplicación de la Ley 28736 en áreas protegidas”, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), se abordaron aspectos relacionados con el régimen especial de protección de estas poblaciones.

El evento profundizó en los principales elementos del marco normativo para la protección de los PIACI, con especial énfasis en el principio de no contacto y el Régimen Especial Transectorial (RET), así como en las competencias y responsabilidades de las entidades involucradas. 

Asimismo, se fortalecieron los criterios técnicos para la identificación y atención de hallazgos o evidencias de presencia de PIACI, incluyendo las medidas de prevención y protección necesarias para salvaguardar su integridad, territorios y derechos, y se resaltó la importancia de una respuesta institucional articulada y oportuna frente a posibles situaciones de contacto o afectación.

Respecto al taller dirigido a especialistas del Gobierno Regional de Loreto, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, comentó que “proteger a los PIACI también requiere del compromiso de los gobiernos regionales”.

Añadió que su trabajo es clave para “prevenir amenazas y contribuir a que estos pueblos puedan vivir en sus territorios sin que su decisión de permanecer en aislamiento sea vulnerada”.

¿Quiénes son los PIACI?

Los PIACI se subdividen en dos grupos: los pueblos indígenas en situación de aislamiento (PIA), que mantienen su decisión de no establecer contacto con la sociedad nacional; y los pueblos indígenas en situación de contacto inicial (PICI), que fueron pueblos en situación de aislamiento y en virtud de su derecho de autodeterminación se encuentra en un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional.

La supervivencia de los PIACI depende directamente de los recursos del bosque, por lo que amenazas como la tala ilegal y el narcotráfico ponen en riesgo su vida.

Competencias de los gobiernos regionales

Si bien la competencia sobre la protección de los derechos de los PIACI recae de manera exclusiva en el Mincul, la transectorialidad de este régimen exige la actuación coordinada de sectores cuya rectoría corresponde a distintos ministerios: Cultura, Salud, Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, Defensa, Interior; y diferentes niveles de gobierno.

En este contexto, el Reglamento de la Ley PIACI establece que los gobiernos regionales participan del RET a través de las acciones derivadas de sus competencias sectoriales, tales como la prestación de servicios de salud, la gestión ambiental, la administración forestal y la articulación territorial, en el marco de la Ley PIACI.

Los gobiernos regionales también participan en la Comisión Multisectorial encargada de los procedimientos de reconocimiento y categorización de reservas indígenas y emiten opinión cuando corresponde. Además, pueden formular propuestas para la creación de reservas indígenas.