Esta semana, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), con el fin de “acelerar” el proceso de formalización de esta actividad.

La ley propuesta también considera la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), con el fin de promover mejores estándares en las operaciones, administrar los sistemas de información y trazabilidad, evaluar instrumentos de gestión ambiental, entre otros.

Al respecto, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) y organizaciones aliadas expresaron su rechazo ante esta propuesta porque fue “socializada entre sectores que han promovido flexibilizaciones normativas que favorecerían la expansión de la actividad minera ilegal” y porque las voces de todos los actores no fueron escuchadas.

Según el OMI, esto demuestra “un compromiso poco serio frente a la lucha contra la criminalidad provocada por la minería ilegal”, una actividad que depreda bosques, contamina ríos y suelos, y pone en riesgo la salud de miles de personas, especialmente pueblos indígenas.

[Ver además ► ¿Qué hacer frente a los impactos ambientales y sociales de la minería ilegal? Conoce 27 propuestas para enfrentar esta actividad]

Críticas a la propuesta de norma

Para el OMI, la creación del FORMAPE “institucionalizaría la informalidad minera en lugar de resolverla”, y solo generaría “más burocracia, planillas y costos operativos financiados con recursos de todos los peruanos. El objetivo debe ser erradicar la informalidad, no crear instituciones para gestionarla indefinidamente”.

El observatorio también señaló que las actividades de pequeña minería y minería artesanal “deben cumplir con los principios de protección ambiental del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y contar con certificación ambiental antes de iniciar operaciones”.

Al respecto, agregaron que “afirmar que no se les puede exigir estándares ambientales equivalentes a los de la gran minería es engañoso, pues sus instrumentos de gestión ambiental ya han sido ampliamente flexibilizados. Flexibilizar no puede significar debilitar la protección ambiental ni normalizar el incumplimiento”.

El OMI también expresó que “resulta preocupante que se excluya a las plantas de beneficio, pese a su rol clave en el procesamiento y lavado de oro de origen ilegal. Su regulación, fiscalización y control constituyen una responsabilidad del Gobierno nacional que no puede seguir siendo ignorada”.

Por otro lado, rechazó que se mantenga “la exención de responsabilidad penal, desconociendo la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena eliminar todo mecanismo de impunidad. Esta obligación no se limita al ámbito penal, sino que comprende también las responsabilidades civiles y administrativas”.

Además, señaló que “sorprende el anuncio de que no se cerraría el Reinfo y se mantendría su vigencia hasta diciembre de 2028 bajo el concepto de ‘consolidación’, lo que en la práctica permitirá que sigan operando sin cambios sustanciales”.

Finalmente, el OMI exhortó a las autoridades a no considerar la propuesta que propone “retirar, custodiar y eventualmente aprovechar la maquinaria e insumos incautados en operativos contra la minería ilegal, en lugar de destruirlos in situ”, porque ello “podría debilitar la eficacia de las interdicciones y abrir oportunidades para que estos bienes sean recuperados o reutilizados por las redes criminales”.

[Lee aquí el pronunciamiento del OMI]