Foto: Yuri Hooker

Escribe: Rocío López de la Lama / Center for Life Ethics, Universidad de Bonn

A nivel global existe un interés cada vez más evidente por expandir la economía del océano, y el Perú no es la excepción. En los últimos años, a lo largo de nuestra costa se han otorgado permisos para parques acuáticos, urbanizaciones costeras, nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar, entre otras iniciativas. Sin embargo, la historia reciente del país muestra que las empresas detrás de estos proyectos, nacionales e internacionales, no siempre enfrentan la presión suficiente del Estado peruano para realizar procesos rigurosos de debida diligencia: identificar impactos, prevenir daños y responder adecuadamente cuando ocurre una crisis.

El derrame de petróleo de Repsol en 2022 evidenció esta fragilidad institucional con enorme claridad. El 15 de enero de ese año, durante la descarga de un buque en el terminal de la refinería La Pampilla, se derramaron aproximadamente 11 900 barriles de crudo al mar, contaminando más de 100 kilómetros de litoral. Para distritos como Ancón y Ventanilla, el derrame no fue solo un daño ambiental: significó la pérdida inmediata de ingresos, alimentos, salud y bienestar. Repsol negó inicialmente su responsabilidad y su respuesta tardía dificultó la contención del petróleo, pese a los discursos que minimizaban el daño bajo la idea de que “se podía limpiar”. El Estado tampoco estuvo a la altura: respondió con un plan de contingencia desactualizado desde 1993, sin coordinación efectiva entre autoridades y sin liderar una reparación integral. Para 2026, aún no existe un plan oficial de restauración ecológica aprobado y miles de personas afectadas siguen buscando justicia dentro y fuera del país.

Esto resulta especialmente preocupante en un país con una larga historia de derrames (en mar y tierra) que no parece estar siendo corregida con la urgencia necesaria. Además, mientras los impactos en la tierra, como la deforestación o la minería ilegal en la Amazonía, son visibles y palpables, en el mar gran parte del daño permanece oculto. Vemos apenas la superficie. Esa falta de visibilidad alimenta nuestra desconexión con el océano, con la forma en que usamos sus recursos y con las responsabilidades que tenemos como ciudadanía frente a su deterioro.

Derrame de petróleo en el mar peruano, ocurrido en enero de 2022. Foto: SPDA

Y, sin embargo, es en la costa donde vivimos la mayoría de peruanas y peruanos. El mar no es un espacio lejano ni abstracto: sostiene economías, culturas, alimentos, trabajos y formas de vida. Los y las pescadores artesanales, buzos y recolectores son quienes experimentan de primera mano muchos de los cambios e impactos que ocurren en el mar. Su conocimiento local y tradicional debería ser escuchado y aprovechado de manera mucho más seria en las decisiones públicas. Lamentablemente, se encuentran ampliamente excluidos y marginalizados en los espacios de toma de decisiones.

En el reciente debate presidencial se habló de derechos humanos. En el marco del Día de los Océanos, es clave recordar que también tenemos derechos humanos asociados a un mar limpio, sano y sostenible. No solo los pescadores y las comunidades costeras, sino toda la sociedad peruana.

El mismo año del derrame de Repsol, la Asamblea General de las Nacionales Unidas reconoció el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, aplicable también al océano, e integrado por elementos sustantivos y de procedimiento. En términos sustantivos, un mar sano se relaciona con nuestro derecho a vivir en un ambiente no tóxico, biodiverso, capaz de regular el clima, producir aire limpio y proveer alimentos sanos. Todo esto se ve afectado cuando el mar está contaminado, cuando se restringe el acceso a pescados y mariscos seguros, cuando las playas se degradan, cuando los residuos sólidos se acumulan, o cuando el crecimiento urbano costero avanza sin planificación.

Por otro lado, los derechos de procedimiento incluyen acceso a información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Estos elementos son fundamentales para que las personas puedan defender el mar, medios de vida y salud. Por eso es importante retomar con seriedad la ratificación del Acuerdo de Escazú. Si bien la Constitución peruana reconoce varios de estos derechos, ello no ha sido suficiente, especialmente en un contexto de crisis política constante que suele favorecer a economías extractivas formales e informales por encima de la protección ambiental y social.

El derecho a un mar sano y sostenible es la base de múltiples derechos que están interconectados. El derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la cultura, a un nivel de vida adecuado, en muchos casos dependen de un mar limpio, saludable y sostenible. Nótese que no se trata de jerarquizar derechos, sino de reconocer que están interrelacionados: cuando uno se vulnera, también se reduce nuestra capacidad de ejercer otros derechos y de vivir con libertad, dignidad y bienestar.

Por eso, cuando ocurre un desastre ambiental en el mar, no basta con mirar únicamente a los pescadores como sujetos afectados, aunque ellos sean centrales. También deben considerarse las comunidades costeras en su conjunto. En este Día de los Océanos, defender el mar no debe entenderse solo como una causa ambiental. Defender un mar limpio, sano y sostenible es también defender nuestros derechos humanos, nuestra alimentación, nuestra salud, nuestra cultura, nuestras economías costeras, y nuestra posibilidad de poder vivir como dignos hijos e hijas de un país costero.