Escribe: Vera Morveli / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

En Santa Marta, Colombia, se llevó a cabo una discusión sin precedentes. Los Estados, la sociedad civil, el sector privado, representantes de pueblos indígenas, sindicatos, niñeces, juventudes, así como la academia se reunieron para dialogar sobre cómo transitar hacia una economía que no dependa de combustibles fósiles y que dicha transformación sea justa y respetuosa de los derechos humanos. 

La Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles  surgió por iniciativa de los gobiernos de Colombia y Holanda, luego de que en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático 30 (COP 30) organizada por Brasil en Belém do Pará en el 2025 no se llegara a una decisión oficial sobre este punto. En la COP 30, Colombia, junto con una coalición de países, impulsó un llamado a la acción para establecer una hoja de ruta concreta hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Sin embargo, esta propuesta, que contaba con el apoyo de la sociedad civil, no fue acogida por las partes y quedó fuera del acuerdo definitivo.

Si bien esta conferencia no ha sido organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ni está relacionada con procesos oficiales de negociación, ello no resta su importancia como un espacio de diálogo autónomo, abierto, representativo y con un fin claro: sentar las bases para cumplir las metas climáticas sin dejar a nadie atrás.

Las discusiones sostenidas giraron en torno a tres pilares: transformar la dependencia de los combustibles fósiles, cambiar los patrones de oferta y demanda, y fortalecer los mecanismos de cooperación necesarios para lograr esta transformación. 

Temas abordados en la conferencia 

La conferencia estuvo dividida en diferentes grupos de discusión y mesas temáticas. Por dos días, se sostuvieron conversaciones académicas en torno al rol de la cooperación internacional, la reforma necesaria de los mecanismos de solución de controversias con inversionistas, los mecanismos de financiamiento para mitigar el impacto diferenciado de la transición, así como las obligaciones de los Estados.  

Se enfatizó que la transición debe ser diferenciada, considerando las realidades de economías altamente dependientes de los combustibles fósiles, donde una transformación acelerada podría generar impactos significativos en el desarrollo económico y social. Bajo esta idea, se resaltó la importancia de que la cooperación internacional esté alineada con una transición equitativa bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Asimismo, se destacó la necesidad de ajustar los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) para evitar cargas desproporcionadas en los países en desarrollo.

Por su parte, la sociedad civil también tuvo un rol clave en este encuentro mediante la elaboración de aportes para avanzar con acciones concretas para dejar atrás la dependencia de combustibles fósiles, cambiar los patrones de demanda y oferta, y fortalecer mecanismos de cooperación. Asimismo, se organizaron diversos espacios paralelos de diálogo sobre temas específicos de esta transición. Luego de dos días de discusiones entre representantes de organizaciones, pueblos indígenas, juventudes, niñeces, colectivos, sindicatos, entre otros, se presentaron propuestas urgentes y prioritarias frente a esta transición. Un punto en común es el de asegurar que la transición no replique las desigualdades de actividades extractivas sin una regulación adecuada. El modelo de transición energética debe ir acompañado de condiciones que permitan una transformación justa y con base en los derechos humanos. 

Para lograr ello, se resaltó la importancia de establecer zonas libres de combustibles fósiles, fortalecer los mecanismos de participación, considerando instrumentos internacionales, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Aarhus. Asimismo, se subrayó la necesidad de efectivizar mecanismos de reparación de daños ambientales y fortalecer las medidas de adaptación. 

A este punto, se sumó el cumplimiento de estándares en materia climática establecidos por la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuyos pronunciamientos deben ser aplicados e internalizados por los Estados. 

Impacto en el Perú

La transición energética es un desafío urgente para el Perú. La matriz energética nacional aún presenta limitaciones en su diversificación y existen sectores con altos niveles de emisiones. Además, la creciente demanda de minerales críticos para tecnologías limpias coloca al país como un actor relevante, pero también plantea riesgos en términos de presión sobre los territorios y sus recursos naturales. 

Si bien el Perú ha ratificado el Acuerdo de París y cuenta con compromisos concretos a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional con una meta de reducción del 40% de gases de efecto invernadero, las condiciones para una transición energética justa aún se encuentran en construcción.

Las discusiones desarrolladas en Santa Marta ofrecen insumos valiosos para definir la hoja de ruta nacional. La actualización de la política energética, la descarbonización de sectores intensivos en emisiones, la protección de áreas naturales frente a actividades extractivas, la rehabilitación de áreas degradadas, el cierre adecuado de operaciones hidrocarburíferas y mineras, así como el fortalecimiento del rol del sector privado en el respeto de los derechos humanos son tareas urgentes. Asimismo, la transición energética requiere un enfoque abierto, participativo y multisectorial. 

Siguientes pasos

La conferencia representa un punto de inflexión en el proceso internacional en materia climática. Demuestra que la necesidad de avanzar hacia acciones globales frente al cambio climático no depende exclusivamente de los espacios formales de negociación. Iniciativas como esta demuestran la importancia de generar plataformas complementarias de diálogo e incidencia.

Asimismo, se destaca la apertura del diálogo para incorporar las voces de diversos actores, como la niñez y las juventudes, lo cual permite avanzar hacia estándares de participación y equidad. Lo ocurrido en esta conferencia y las lecciones aprendidas podrían servir como prácticas a ser replicadas en otros foros internacionales. 

Entre los acuerdos más relevantes de la conferencia fue la creación de un Panel Científico para la Transición Energética Global que asesore en el diseño de rutas de transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. Asimismo, se crearon grupos de trabajo para trabajar en la elaboración de hojas de ruta nacionales y la creación de mecanismos financieros y económicos que aseguren esta transformación. Por otra parte, se acordó que la segunda conferencia en el 2027 se llevará a cabo en Tuvalu, organizada conjuntamente con Irlanda. 

Los resultados de este encuentro serán integrados en la hoja de ruta que viene siendo impulsada por la Presidencia de la COP30 y serán presentados en la COP31, que se realizará en Antalya, Turquía, en noviembre de este año. Santa Marta dejó una lección clara: el diálogo transparente y de buena fe permite construir consensos, fortalecer la confianza y proyectar un futuro justo y sostenible para todos y todas.