Este año los Andes peruanos están sufriendo la peor sequía en los últimos 58 años, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Foto: Juan Carlos Cisneros / AFP

• El pacto internacional para que los países miembros respondan a la emergencia mundial del cambio climático cumple siete años. En este tiempo, el tema de financiación todavía es un asunto pendiente por cumplir. 

Por Ximena Mejia/ xmejia@spda.org.pe

El Acuerdo de París es un tratado internacional legalmente vinculante que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y fue firmado por 193 países más la Unión Europea. El tratado se implementa en ciclos de cinco años. Es decir, cada cinco años los países deben enviar un plan nacional actualizado de acción climática que se conoce como Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN).

De esta manera, los países se comprometen a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para mantener la temperatura mundial muy por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales. Además, de lograr un equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos en la segunda mitad de siglo. 

¿Por qué por debajo de 2 °C? Según los científicos debemos limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C para evitar fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones  y sequías prolongadas (que ya estamos viviendo). Con un aumento de la temperatura del planeta a 2 °C  seríamos testigos de un alarmante aumento en los niveles del mar afectando a 69 millones de personas que viven en las zonas costeras. Además, múltiples especies de animales, plantas, insectos y arrecifes de coral dejarían de existir. 

Aunque no existen sanciones por no cumplir el Acuerdo de París, sí existen mecanismos transparentes para seguir el cumplimiento de las metas planteadas. Sin embargo, en estos siete años muchas personas son escépticas al tratado y desconfían del compromiso de los líderes políticos. 

Activistas lanzan salsa de tomate a pintura de Van Gogh como protesta ambiental. Foto: Captura de video YouTube

Esto se ve reflejado en las constantes manifestaciones de activistas para que países como Inglaterra paralicen las nuevas licencias de petróleo y gas. Pero pareciera haber un reto mayor: el financiamiento.

Financiar la mitigación y adaptación

En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), realizada en noviembre en Egipto, se aprobó -tras una larga negociación- la creación de un fondo de pérdidas y daños para los países más vulnerables.  Aunque no se especificó cuáles serán los países que se verán beneficiados ni detalles sobre el mecanismo de financiamiento. 

Ante esta falta de dirección, la COP27 convino componer un Comité de Transición de 24 miembros. Los países miembros deberán  tomar decisiones sobre el nuevo fondo para finales de 2023.

En este evento la delegación de Perú propuso que el financiamiento climático llegue de manera oportuna a las poblaciones más vulnerables. Asimismo, dijo que el país ha priorizado 84 medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la COP27  como un “importante paso hacia la justicia” y como una “señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota”.

“Estamos en la batalla de nuestras vidas, y estamos perdiendo”, manifestó Guterres durante un discurso de apertura de la conferencia climática anual de la ONU, COP27. Foto: Sean Gallup / Gettyimages

De lo que no se habló fue sobre los mecanismos para financiar las medidas de mitigación ni la eliminación de las energías fósiles. La financiación para la mitigación es necesaria, pues se requieren inversiones para reducir las emisiones.

“Los gobiernos no se han comprometido a eliminar gradualmente los combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural, sino que han reafirmado el compromiso de la COP anterior de acelerar los esfuerzos para la reducción gradual de la energía de carbón generada sin medidas de mitigación y la eliminación gradual de las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles”, manifestó Chiara Liguori, asesora de Justicia Climática de Amnistía Internacional. 

La Amazonía de Brasil ha registrado lluvias más intensas asociadas al fenómeno de La Niña. Foto: Edmar Barros/AP

Para Manuel Pulgar-Vidal, Líder Global de Clima y Energía de WWF, este acuerdo para pérdidas y daños podría convertirse en un ‘fondo para el fin del mundo’ si los países no actúan más rápido. 

“Al no acordar la eliminación gradual de los combustibles fósiles en la COP27, los líderes han perdido la oportunidad de acelerar la eliminación de los combustibles fósiles, lo que nos mantiene en el camino hacia la catástrofe climática. Sin recortes de emisiones rápidos y profundos, no podemos limitar el incremento de pérdidas y daños”. 

Aunque el Acuerdo de París funciona como un compromiso climático, son los líderes políticos los principales responsables de implementar los cambios que permitirán que la temperatura de la Tierra no supere los 1.5 °C.