Escrito por: José Luis Capella / Director del Programa Bosques y Servicios Ecosistémicos SPDA

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Bosques y este año alude al rol de los bosques para la economía: la economía de las personas que viven de ellos y también la economía en general.

En el Perú, esta conmemoración nos encuentra en un momento particular. En plena época electoral nacional, con más de tres decenas de opciones en una primera vuelta, en donde los bosques, que cubren cerca del 60 % del territorio nacional, han estado mayormente ausentes tanto en los planes de gobierno, como en los debates.

Lo que aparece con frecuencia es la demanda de “mano dura” frente a actividades que dañan los bosques, como la minería ilegal o el tráfico de tierras, . Sin ello es clave dado el riesgo de que economías delictivas, que ya han penetrado mucho en el territorio, se potencien con decisiones regulatorias o de institucionalidad contraproducentes con luchar contra la ilegalidad. En las últimas dos décadas el Perú ha perdido más de 3,2 millones de hectáreas de bosques amazónicos, según datos de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente.

Sin embargo, si tuviera la oportunidad de hacer una pregunta a quienes postulan ahora sería: ¿Cómo piensan fomentar que los bosques generen oportunidades económicas reales para las personas que viven cerca de ellos? Pensando en una valorización de los bosques y que las comunidades locales y los pueblos indígenas puedan mejorar su calidad de vida.

Si el bosque en pie no ofrece oportunidades suficientes, siempre existirá la presión de otras economías que sí prometen ingresos rápidos, incluso cuando impliquen su destrucción.

Economías del bosque que aún no despegan

En la Amazonía peruana existen múltiples actividades productivas compatibles con la conservación. Los productos forestales no maderables, como el aguaje, la castaña o la shiringa, forman parte de economías locales que durante décadas han sostenido a miles de familias. Sin embargo, el Estado exige cumplir una serie de normas y controles que, aunque son necesarios, muchas veces no les ofrece el apoyo concreto.

Lo mismo ocurre con los sistemas agroforestales, que bien promocionados podrían ser una respuesta real a la falsa dicotomía creada entre agricultura familiar y conservación de bosques en la Amazonía. Una bien llevada agroforestería podría asegurar mejor uso del territorio, y promover que no se deforesten más tierras.

Este tipo de iniciativas muestran que el desarrollo económico y la conservación no son objetivos opuestos, sino parte de una misma agenda.

Se trata de economías importantes, que requieren un apoyo concreto, un impulso que además ya tiene un consenso en el ámbito de Latinoamérica y mundial bajo el concepto de bioeconomía u otros conceptos similares. No obstante, resulta fundamental pensar primero en cuáles son las condiciones que existen para poder hablar de bioeconomía, es decir, trabajar primero en las condiciones de acceso al recurso, de asistencia técnica, de incentivos, de simplificación administrativa, entre otros. 

En el caso del aguaje, por ejemplo, los intentos por hacer un marco en ese sentido ya tiene hitos interesantes como la modificación de la Ley Forestal con el Decreto Legislativo 1283, que buscó darle facilidad a las personas que aprovechan frutos de palmeras, pero cuyo alcance no logró abarcar (seguro por error involuntario) a las comunidades nativas, pueblos indígenas o comunidades locales, que son las personas que tienen bajo alguna tenencia legal la mayoría de los bosques o humedales amazónicos donde encontramos no solo aguaje, sino muchos otros productos forestales que podría activar economías legales y beneficiosas para las familias, alejándolos de las amenazas de otras economías que ya los amenazan. 

 

En simple, se trata de facilitar que las familias saquen el fruto, sin cortar las palmeras y comercialicen al mejor precio posible con las menores trabas posibles.

Las familias y personas que están cerca de los productos maderables y pretenden vivir de ellos y no de economías delictivas que los rodean, requieren de todo el apoyo del Estado posible, más allá del mero reconocimiento o formalización, se trata de buscar políticas integradoras y con enfoque intercultural desde el territorio que involucre la visión de pueblos originarios y también de comunidades locales.

Desde la SPDA lo hemos intentado desde hace muchos años, con algunos resultados positivos, pero todavía con una deuda en que se convierta en una política pública sólida, y sobre todo con que se refleje en más beneficios concretos para familias, emprendedoras y empresas relacionadas. Pensando además que los grupos etarios involucrados son cada vez mayores y que el bosque tiene que seguir siendo una fuente de oportunidades para las familias que han vivido en ellos, cosa que se evidencia cada vez menos, dejando “cancha libre” a las economías que lo depredan.

Hablar de ello significa que el Estado se presente en el territorio con un rol principal de garante de derechos, primero, pero luego con una oferta de asistencia técnica potente y transformadora, que hoy en día no tenemos y ello debería ser una prioridad tanto nacional, como regional y local, prepararse para ello debe ser una prioridad de las próximas autoridades.

 Hay que recordar además que votaremos ahora por autoridades nacionales, pero también en pocos meses por regionales y locales. En este sentido, de nuestro voto dependerá no solo cómo protejamos el bosque, sino también de qué soluciones se brinden para un desarrollo inclusivo y sostenible con el bosque como aliado de estas economías.