Foto: Marlondag / SPDA
- Según la SPDA, la norma debilita la lucha contra la deforestación en Perú e ignora regulaciones ambientales nacionales e internacionales.
- Además, la Ley 31973 estaría violando los derechos fundamentales de los pueblos originarios, incentivando conflictos sociales.
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El 11 de enero se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31973, conocida como ‘Ley Antiforestal’ por representar un retroceso en la lucha contra la deforestación. ¿La razón? La norma modifica el procedimiento de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), lo cual permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario. Además, la aprobación de esta norma vulneró los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, al no ser consultados adecuadamente.
Con esta ley, según la SPDA, Perú incumple compromisos bilaterales e internacionales, como el Acuerdo de París, y se aleja de una transición climática justa. Embajadas de Canadá, Noruega, Reino Unido y Alemania, además, expresaron su preocupación sobre la cuestionada norma.
A ellos se sumó la ciudadanía que también manifestó su rechazo a la “Ley Antiforestal”. A inicios del mes de marzo, ciudadanos, colectivos ambientalistas y organizaciones indígenas, en más de diez ciudades de todo el país, salieron a las calles para exigir la derogación de la norma.
Desde el Congreso de la República se han presentado hasta cinco proyectos de ley que promueven la derogatoria de la Ley 31973. Especialistas de la SPDA analizaron las propuestas y presentaron alternativas de solución frente a la norma que da luz verde a la deforestación.
Una de las recomendaciones es que, “además, de la derogatoria de la Ley 31973, se disponga también expresamente cuál será el texto que estaría quedando vigente en los artículos 29 y 33 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, tanto en el caso de que se retrotraiga al texto anterior, como en el caso de que se adopte los textos que proponemos en la presente opinión”.
Según la SPDA, la Ley 31973, promueve la deforestación al eliminar el procedimiento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM) sin incluir una alternativa técnica para priorizar el mejor uso del suelo y proteger los bosques.
Los especialistas recomiendan la creación de un proceso participativo e informado sobre la seguridad jurídica de los agricultores y consideran que “debe desarrollarse un proceso de formalización sobre el acceso y seguridad jurídica de las tierras respecto a los agricultores que se encuentran asentados en diferentes partes del territorio nacional y formalizar la tenencia de la tierra respetando áreas de comunidades nativas. (…) Este proceso debe ser un trabajo en conjunto con el Serfor, el Ministerio del Ambiente, los gobiernos regionales y con la participación de las organizaciones representativas de las comunidades nativas, comunidades nativas y otros actores interesados”.
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