En agosto de 2025, el Poder Judicial sentenció en segunda instancia a los implicados en el asesinato de cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto. José Carlos Estrada, Hugo Soria, así como los hermanos Josimar y Segundo Atachi fueron condenados a 28 años de prisión; sin embargo, hasta ahora la sentencia no se hace efectiva debido a que los mencionados están prófugos.

Ante esta situación, los familiares de las víctimas y organizaciones indígenas solicitaron al Ministerio del Interior (Mininter) incluir a los sentenciados en la “Lista de los más buscados” del Programa de Recompensas, con el fin de acelerar la captura de quienes terminaron con la vida Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), recalcó que la medida “fue largamente exigida por las familias de las víctimas, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos”, y hoy la decisión del Mininter “representa un avance clave en la lucha contra la impunidad que rodea el emblemático Caso Saweto, ya que, pese a existir una sentencia firme, los responsables del crimen permanecen en la clandestinidad a más de once años de ocurrido el asesinato”.

De acuerdo al Informe 000002-2026-COMOPPOL-DIRNIC-SEC-OFIREC/PNP del Ministerio del Interior, la medida responde a los hechos expuestos bajo el delito contra la vida el cuerpo y la salud, homicidio calificado, que concluye como delito de alta lesividad, según los criterios establecidos en el reglamento del Decreto Legislativo 1180, que establece el beneficio de recompensa para promover y lograr la captura de miembros de organizaciones criminales, organizaciones terroristas y responsables de delitos de alta lesividad.

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“Esta medida devuelve un mínimo de esperanza a las familias y a los pueblos indígenas. Durante años hemos exigido que las sentencias no queden en el papel. La inclusión en la lista de los más buscados es un paso necesario para que haya justicia real y se pueda dar con el paradero de los responsables”, señaló Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep.

Por su parte, Rocío Trujillo, asesora legal del caso Saweto, señaló que “no se puede hablar de Estado constitucional de derecho cuando hay sentencias firmes que no se cumplen. La inclusión de los sentenciados en el Programa Nacional de Recompensas es fundamental para avanzar hacia su captura y cerrar un ciclo de impunidad que ha sido inaceptable”.

“Esperamos que esta decisión se traduzca en acciones inmediatas y resultados concretos. La deuda del Estado con Saweto no se salda hasta que los responsables estén tras las rejas”, remarcó Trujillo.

Los representantes de Aidesep recordaron que, si bien esta decisión constituye un avance, la justicia solo se concretará con la captura efectiva de los responsables y con políticas que garanticen la protección de los defensores indígenas y sus territorios.

Finalmente, recalcaron la importancia del apoyo que debe brindar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras, con el objetivo de que se articule de manera efectiva con la Policía Nacional del Perú, a fin de asegurar las garantías efectivas para las mujeres afectadas, la familia y la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto.

Más de una década de impunidad

Los cuatro líderes de Saweto fueron asesinados en setiembre de 2014, cuando se trasladaban a una comunidad nativa de Brasil, con el fin de tratar temas comunes relacionados a las amenazas de sus territorios. Antes del asesinato, los ashéninkas ya habían recibido amenazas de muerte, por lo cual pidieron protección al Estado en más de una ocasión.

Tras el crimen, los familiares de los líderes indígenas emprendieron una carrera para encontrar justicia. A ellos se sumaron las organizaciones indígenas y civiles, incluso organismos internacionales.

Por esta lucha incansable, en enero de este año, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos otorgó un reconocimiento a las viudas e hija de los líderes ashéninkas en honor a los once años de resistencia, lucha y valentía.}

Dato:

• Según el Programa de Recompensas, se ofrece 50 mil soles por la información del paradero de los sentenciados. La denuncia anónima puede ser realizada a través de la línea gratuita: 0-800-40-007.