Foto: Agencia Andina y Diego Pérez / SPDA
- Los magistrados dieron un plazo de 30 días útiles para que el Congreso de la República se apersone al proceso y conteste la demanda.
- Con la demanda admitida, se inicia el proceso para declarar la inconstitucionalidad de la denominada “Ley Antiforestal”.
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín contra la Ley 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta norma incentivaría la deforestación, vulneraría la gobernanza de las poblaciones indígenas y generaría impunidad en los procesos judiciales.
A través de una resolución que lleva la firma de los siete magistrados del TC, la entidad corre traslado de la demanda al Congreso de la República, a quien le da un plazo de 30 días útiles para que se apersone al proceso y conteste la demanda.
Walter Grundel Jiménez, gobernador regional de San Martín, manifestó que esta ley va a legalizar la deforestación ilegal porque elimina una serie de requisitos técnicos, por lo que era necesario presentar la demanda de inconstitucional. Asimismo, argumenta que para aprobar dicha norma no se realizó la consulta previa a los pueblos indígenas; además, señala que vulnera los principios relacionados con el régimen forestal y el deber de conservar un ambiente equilibrado establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución.
Un riesgo para San Martín y otras regiones amazónicas
San Martín es una de las principales regiones del Perú que produce café ya que cuenta con un 22 % del total de la superficie sembrada de café a nivel nacional. Según su Zonificación Forestal (ZN), existe un aproximado de 12.6 % de la superficie catalogado como zonas de tratamiento especial y zonas de recuperación, donde se ha otorgado a la fecha títulos habilitantes denominados Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CCUSAF).
La Ley 31973 conocida como “Ley Antiforestal” genera a la región San Martin incertidumbre y amenaza los grandes esfuerzos que realiza para controlar la deforestación en su territorio.
Flor Cabanillas, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señala que la admisión de la demanda inconstitucional contra la Ley Antiforestal es el inicio de la región San Martín en su lucha por defender todos los avances de la región en el ordenamiento de su territorio y el control de la deforestación.
“San Martín es una de las principales productoras de café, sin embargo gran parte de esta producción se desarrolla en el Patrimonio Forestal, por lo que la región busca a través del ordenamiento forestal darle la seguridad jurídica a estos agricultores pero dentro de las reglas de un suelo forestal y de protección convirtiéndoles en aliados del bosque, ya que siendo un posesionario”.
“Asimismo, esperamos que el TC como el mayor interprete de la norma pueda generar jurisprudencia orientada a los principios generales de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre tales como; Consulta previa libre e informada, enfoque ecosistémico y Dominio eminencial del Estado”, agregó la especialista.
San Martín es una de las principales regiones del Perú que produce café ya que cuenta con un 22 % del total de la superficie sembrada de café a nivel nacional. Foto: Andina
¿Qué alternativas existen frente a la Ley 31973?
Con esta ley, según la SPDA, Perú incumple compromisos bilaterales e internacionales, como el Acuerdo de París, y se aleja de una transición climática justa. Embajadas de Canadá, Noruega, Reino Unido y Alemania, además, expresaron su preocupación sobre la cuestionada norma.
A ellos se sumó la ciudadanía que también manifestó su rechazo a la “Ley Antiforestal”. A inicios del mes de marzo, ciudadanos, colectivos ambientalistas y organizaciones indígenas, en más de diez ciudades de todo el país, salieron a las calles para exigir la derogación de la norma.
Desde el Congreso de la República se han presentado hasta cinco proyectos de ley que promueven la derogatoria de la Ley 31973. Especialistas de la SPDA analizaron las propuestas y presentaron alternativas de solución frente a la norma que da luz verde a la deforestación.
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