Represa Belo Monte podría ser cancelada si se interpreta la ley en pro de los derechos humanos de las comunidades

Nuevamente, la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte en la Amazonía de Brasil fue paralizada debido a que –según el Tribunal Federal de la Primera Región (TRF1) de dicho país– no respetó la Constitución ni el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque las comunidades indígenas del lugar no fueron consultadas previamente. Sin embargo, esta decisión podría revertirse.

Según la asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), María José Veramendi, “el proyecto ya ha sido paralizado en anteriores ocasiones y legalmente hablando es posible que la decisión sea revertida nuevamente, pero esta vez no será tan fácil como antes”.

“Las diferencias de esta paralización con las anteriores son: primero que la decisión del día lunes fue proferida por el TRF1, que es una corte de mayor instancia que aquellas que ordenaron la paralización en ocasiones anteriores y, segundo, que esta está basada en la Constitución Brasileña y en el Derecho Internacional, lo cual tampoco había sucedido en el pasado”, detalló.

La especialista explicó que “en reiteradas ocasiones el Gobierno Federal ha utilizado sus influencias, en muchos casos, sobre la administración de justicia para cambiar las decisiones, pero por la jerarquía del Tribunal y la fundamentación de la decisión en derechos constitucionalmente reconocidos, será más difícil”.

Agregó además que “con esta decisión hay cada vez más presión y más jueces que toman conciencia de que Belo Monte está siendo construido en violación de las leyes vigentes en Brasil”.

Veramendi concluye que Belo Monte podría ser cancelado jurídicamente, siempre y cuando “los jueces admitan e interpreten las leyes en pro de los derechos humanos de las comunidades afectadas y si el Gobierno finalmente permite la cancelación”.

LECCIONES PARA LA AMAZONA PERUANA

Para la abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Carmen Heck, el caso de la suspensión de Belo Monte nos deja como lección la importancia de consultar con las comunidades afectadas para realizar proyectos parecidos en nuestro país, como es el caso de Pakitzapango y Tambo 40, dos proyectos hidroeléctricos enmarcados en el Acuerdo Energético Perú-Brasil.

“En el Perú también se han dado casos de proyectos hidroeléctricos que han generado conflictos con comunidades indígenas por superponerse con sus territorios. La diferencia con el caso de Belo Monte es que estos proyectos no lograron obtener la concesión definitiva ni la certificación ambiental, ya que las empresas desistieron de los proyectos debido al rechazo de las comunidades”, señaló Heck.

“Brasil no tiene una ley específica que regule el derecho a la consulta previa, sin embargo este derecho sí se encuentra recogido en su Constitución. El contenido de este derecho en Perú y Brasil es similar, ya que ambos países han ratificado el Convenio 169 de la OIT”, agregó.

Finalmente, la especialista agrega además que con las lecciones del caso brasileño, en el Perú se debe “determinar en qué etapa dentro del proceso de autorización de estos proyectos es que debe realizarse la consulta, a fin de que el resultado de ésta pueda ser realmente tenida en cuenta al decidir si se autoriza o no un proyecto, y en qué condiciones”.

DATOS

• La central hidroeléctrica de Belo Monte comenzó a ser construida en marzo del año pasado en la localidad de Altamira (Pará), pese a la resistencia de los indígenas, agricultores, pescadores y ecologistas, preocupados por su impacto en la Amazonía.
• Su construcción inundará un área de 503 kilómetros cuadrados, afectando a 66 municipios.
• La represa desviará 80 por ciento del caudal del río Xingú y causará, entre otros efectos, pérdida de agua y merma de la pesca.
• La capacidad de generación eléctrica media es de 4.571 megavatios hora, alcanzando un tope de 11.233 megavatios, en épocas de máxima crecida del río Xingú.
• La construcción exigiría inversiones de cerca de 10.600 millones de dólares, según cálculos del Gobierno.
• De lograr su construcción, será la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo, detrás de Tres Gargantas (China).
• En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitó la suspensión de Belo Monte, justamente por falta de consulta a los nativos. El gobierno rechazó la solicitud.

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Foto: ElPeríodico.ar



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