Organizaciones internacionales piden a Congreso no ceder a presiones de Doe Run Perú para volver a operar en La Oroya

Debido a que el Congreso de la República podría aprobar hoy la tercera ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Complejo Metalúrgico La Oroya -operado por Doe Run Perú (DRP)-, un grupo de organizaciones emitió un pronunciamiento para pedir al Estado peruano no ceder a las presiones de la empresa para volver a operar sin respetar sus obligaciones ambientales.

Como se recuerda, el pasado fin de semana, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley (presentado el mismo día) que amplía una vez más por 30 meses la culminación del PAMA. Dicha iniciativa fue presentada por la bancada nacionalista en conjunto con la fujimorista.

Según el colectivo de organizaciones “el Perú no debe ser disuadido de sus esfuerzos para exigir que la empresa descontamine La Oroya”. Esto, en relación a la demanda de arbitraje que interpuso el Grupo Renco (al cual pertenece DRP) contra el Estado peruano debido al cierre de las operaciones del complejo metalúrgico. La demanda por 800 millones de dólares fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIDAI).

“El proyecto de ley fue aprobado de forma singularmente rápida (…) Sin embargo, los legisladores no deben asumir que el Grupo Renco desistirá de llevar adelante la demanda de arbitraje contra el Estado si el Congreso otorga dicha extensión. Es más, la empresa muy posiblemente encuentra ventajoso mantener en curso una demanda (o empezar nuevas) con el fin de presionar al gobierno a través del proceso del arbitraje internacional”, resalta el pronunciamiento.

Para el colectivo, DRP “está usando el arbitraje para aislarse de penalidades” impuestas por contaminar el ambiente en La Oroya y afectar la salud de los habitantes de la zona. Un ejemplo es el fallo de la corte de Missouri (EE.UU), el cual interpuso una indemnización a favor de 16 niños de La Oroya por daños graves a la salud. La empresa deberá pagar, en este caso, la suma de 358 millones de dólares.

“El gobierno del Perú debe garantizar que está considerando y protegiendo no solamente los derechos de los trabajadores, la economía de la región, la salud y derechos humanos de los ciudadanos de La Oroya, los que podrían ser perjudicados por la reapertura del complejo; sino también que se están protegiendo los intereses económicos nacionales”, agrega el grupo de organizaciones.

Finalmente, sostienen que si el Congreso peruano siente que puede otorgar una extensión al PAMA, éste debería insistir en que el Grupo Renco desista de continuar con la demanda de arbitraje, acuerde que asumirá toda responsabilidad en los EEUU relacionada con la contaminación proveniente de la fundición y, además, que cumpla con la totalidad de sus compromisos del PAMA, antes del inicio de cualquier operación.

El pronunciamiento está firmado por Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), y Public Citizen.

Ver documento:
Pronunciamiento contra Arbitraje Internacional Doe Run y La Oroya 29 Mar 2012
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Foto: La República



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