Dourojeanni Opina

[Opinión] Encargos ambientales al nuevo Congreso / Por Marc Dourojeanni

Foto: SPDA

Marc Dourojeanni* | Profesor Emérito de la Universidad Agraria La Molina

Como era previsible, proliferan los encargos de tareas legislativas para el nuevo Congreso. Todos tenemos un recado para darle, un poco como los pedidos a Papá Noel antes de la Navidad. Pero, tal como el viejo barbudo, el futuro Congreso no va a querer ni tampoco va a poder atender a todos y, al final, probablemente no satisfaga plenamente ni a los pocos que consiga atender. Los pedidos de los que se preocupan por el ambiente están en la primera fila y, claro, son muy numerosos[i]. Recordando que esta legislatura será breve, posiblemente con una proporción alta de actores nuevos y que estará influenciada por las ceremonias del Bicentenario patrio, es poco probable que sea particularmente eficiente. Por eso, es mejor limitar las expectativas y escoger temas que sean realmente transcendentes.

¿La Constitución?

También hay que recordar, al formular los deseos, que el Congreso existe para hacer o modificar leyes. Es absurdo recargarlo con decisiones que el Poder Ejecutivo puede realizar con las leyes actuales. En efecto, no debe confundirse la ley con el diseño y ejecución de políticas, planes y estrategias. Pueden y es deseable que vayan de manos dadas, pero no son lo mismo. Dicho eso y volviendo al tema ambiental, vale la pena pensar cuáles son los temas que, dado de poco tiempo disponible en esa legislatura, podría ser más importante incluir en la agenda del Congreso que se viene.

Lo más lógico, obviamente, sería enfocar el intento en la Constitución, es decir en la que debería ser la madre de todas las leyes. La actual, es escueta, incompleta y ha acentuado antiguos problemas nacionales. Reformando la Constitución se puede, con un solo esfuerzo, concentrado y grande, resolver problemas fundamentales y señalar el camino para rehacer las tantas leyes vigentes de las que el maltrato al ambiente depende directa e indirectamente, como las que rigen la minería, la explotación forestal y pesquera, el ordenamiento urbano, el uso del agua o las condiciones ambientales del crecimiento económico, entre tantas otras que necesitan ser revistas si los peruanos pretendemos tener un futuro mejor y más seguro. Ese debería ser el camino a seguir y, los que saben o creen saber lo que debe ser cambiado en ella deberían tener listos, ya redactados, los borradores o proyectos de artículos que los representantes del pueblo usarían como base para la discusión. Pero eso quizá sea pura ilusión.

Por eso se vuelve a la idea de estudiar bien los temas que, mediante la legislación, mayor impacto positivo puedan tener directa o indirectamente en la temática ambiental. Deben ser pocos y con efecto multiplicador. Se han escogido apenas cinco temas: (i) la minería (e hidrocarburos), (ii) los guardianes del patrimonio natural y cultural, (iii) la cuestión forestal, (iv) limitar la autonomía del sector Transporte para decidir dónde y cuándo construye carreteras y, (v) el desarrollo de los pueblos indígenas amazónicos. El primer tema impacta en la problemática ambiental global (agua, aire, suelos) a nivel nacional, tan importante en Costa como en Sierra y Selva. El segundo es crucial para la conservación del patrimonio natural y cultural, también a nivel nacional. Los tres últimos temas atacan directamente el problema de la deforestación y del buen uso de los recursos amazónicos en beneficio de la población indígena y ribereña.

[Leer además ► Ambiente e infraestructura: lo que debe priorizar el próximo Congreso]

Foto: Andina

Minería y explotación de hidrocarburos

De todos, el tema de la minería y de los hidrocarburos aparece como el principal[ii]. En efecto, de todas las actividades económicas desarrolladas en territorio peruano, la que más y más diversificado perjuicio ambiental y social trae es, sin duda, la explotación minera (incluidos los hidrocarburos). Impacta directamente en la calidad del agua, del aire y del suelo los que a su turno afectan la salud pública, la diversidad biológica, los ecosistemas y sus servicios ambientales y del mismo modo, a otras actividades económicas como la agropecuaria y el turismo, así como a los centros urbanos. La minería peruana goza histórica y constitucionalmente de privilegios únicos que le permiten disponer de prioridad sobre prácticamente todas las demás decisiones y actividades humanas, a las que se superpone a veces usando el artificio de que los recursos que explota están bajo la tierra. Por eso, el país no puede proteger adecuadamente ecosistemas frágiles, como los ubicados en pendientes extremas y riberas de cursos de agua, es decir bosques y vegetación protectora, con consecuencias fatales en términos de “desastres naturales”. Tampoco puede evitar la superposición de concesiones mineras al territorio de las comunidades nativas o campesinas ni a las propiedades privadas. La minería asimismo ha acumulado el mayor pasivo ambiental en el país y sus infraestructuras actuales y en construcción son amenazas crecientes para la sociedad. Muchas de esas infraestructuras, como las carreteras y las represas, son financiadas por el Estado casi exclusivamente para atenderla y son vectores de la deforestación. Finalmente, el sector minero público y asimismo el privado formal han venido protegiendo y fomentando descaradamente a la actividad minera ilegal (también llamada informal), es decir la que no obedece ninguna regla por elemental que sea, facilitando la adquisición de insumos y maquinarias y comprando a precios competitivos su producción, a la que exportan como “producción nacional”.

La minería es la principal actividad económica del Perú. El Perú, por su potencial mediato, es esencialmente un país minero. Eso es indiscutible. Pero no solo de minerales e hidrocarburos vive la gente y el dinero que ellos pueden proporcionar no compra todo. No compra aire ni agua limpia, no compra salud ni compra la diversidad biológica o la seguridad ambiental. Es decir que, aunque tenga prioridad, debe tener límites y condiciones. Es en la procura de ese equilibrio que la nueva ley debe concentrarse.

¿Que otro tema de reforma legal tendría impacto amplio?

El tema de los guardaparques parece secundario. Pero no lo es. En efecto, la propuesta legal no se reduce a los guardaparques del Estado, hoy contratados por el Sernanp pero que cuidan de un quinto (20%) del territorio nacional y de su inmenso patrimonio natural. Incluye los cada día más numerosos guardaparques regionales, municipales y privados y esos son miles cuidando de la naturaleza y el entorno urbano. Y, lo más importante, incluye los miles de guardas que cuidan del patrimonio cultural nacional en los lugares más recónditos del Perú profundo, desde las muy húmedas selvas altas de Choquequirao, Machu Picchu, Kuélap o Pajatén hasta los desiertos cálidos de Trujillo y Lambayeque donde reposa nuestro patrimonio Mochica y Chimú o, más al sur, los de Caral, Paracas y Nazca… y, claro, los que están en las alturas gélidas de los Andes, que guardan los restos de chancas, tiahuanacos o incas. Esos hombres y mujeres que sobreviven en condiciones tan inhóspitas son guardas de nuestro patrimonio tanto como los del Manu, Huascarán o Paracas. Hay que unirlos para que sean fuertes. Y, a ellos, puede sumarse aquellos esforzados guardas que cuidan de los pueblos originarios aun poco contactados que habitan la Selva Baja.

[Leer además ► Estos son los 18 temas ambientales que debería impulsar el próximo Congreso]

Foto: SPDA

La idea detrás de la propuesta es simple: si existe un grupo de funcionarios bien capacitados y motivados, con espíritu de cuerpo, plenamente conscientes de su función, es probable que hagan una gran defensa del patrimonio del que son responsables. La esencia de la conservación del patrimonio nacional, bien sea cultural o natural, se hace en el campo. Se trata, pues, de una sola ley, relativamente simple[iii], que atendiendo a algunos miles de ciudadanos permite cuidar de un inmenso patrimonio natural y cultural del que el Perú depende en muchos sentidos.

Con relación al gran problema de la deforestación, cuyas causas son enormemente complejas, hay tres medidas a tomar que podrían ser decisiones del Ejecutivo pero que podrían ser acompañadas de reformas legales. De estas, la primera es simplemente hacer borrón y cuenta nueva con la legislación forestal. Este es un tema que ya ha sido extensa y reiteradamente tratado por quien escribe[iv]. La nueva legislación forestal debería basarse en los siguientes tres pilares: (i) la finalidad de los bosques naturales es brindar servicios ambientales y la producción de madera pasa a ser objetivo secundario sometido al anterior; (ii) el manejo de los bosques debe ser realizado directamente por el Estado con supervisión y participación ciudadana local y; (iii) se cambia el régimen de concesiones por el de subastas públicas de madera en los bosques que sean manejados para producción. Así se simplifica la gestión forestal y se evita la proliferación de carreteras para extraer madera que fomentan la invasión ilegal a los bosques. Esa reforma legal debe incluir asimismo la adopción del concepto de bosques de protección por el solo efecto de la ley en cualquier lugar donde las condiciones de la erosionabilidad lo determinen, como se hace en otros países.

Siempre con relación a la deforestación es preciso modificar la legislación vigente sobre transporte terrestre. Así como el sector Energía y Minas es todopoderoso en relación a sus responsabilidades, el de Transportes es asimismo excesivamente autónomo en sus decisiones sobre dónde, cómo y cuándo construir o mejorar vías de comunicación terrestres. Y del mismo modo que existe minería ilegal extremadamente dañina que es amparada por el Sector, la mayoría de las carreteras en bosques naturales son decididas ilegalmente por autoridades locales o por interesados particulares y, luego, son avaladas y apoyadas por ese Sector. La nueva legislación debe establecer el proceso multisectorial y consultivo por el que estas vías pueden construirse cuando afectan bosques naturales, así como las sanciones para los que las hace informalmente.

Finalmente, se debe llevar en cuenta que, si bien un 28% de la Amazonía peruana está en teoría razonablemente conservado por áreas naturales protegidas, otro 23% está cubierto por comunidades nativas y por otras modalidades de tenencia de la tierra indígenas. Lo que ocurra con esas tierras en poder de indígenas y campesinos es fundamental para mantener los servicios ambientales que se espera sean provistos por los bosques naturales amazónicos[v]. No existe en el Perú un servicio de asistencia técnica y financiera para que los indígenas y ribereños amazónicos se inicien en el largo camino del desarrollo durable y del bienestar socioeconómico. Aunque crear ese servicio podría ser una decisión estatal lanzarlo con una legislación adecuada que le asegure recursos de largo plazo y el concurso de todo el aparato estatal podría asegurar el éxito.

Confiemos en que por lo menos algunas de estas cinco propuestas de reformas legales sean llevadas a discusión del Congreso. Si hay que escoger, la principal es la primera. Pero todas son esenciales para evitar la destrucción del patrimonio nacional.

 

____________________________________________________________________

*La sección “Debate Abierto” es un espacio de Actualidad Ambiental donde diversos especialistas publican artículos o columnas de opinión. Las opiniones son enteramente responsabilidad de los y las columnistas.

____________________________________________________________________

Referencias:

[i] SPDA. SPDA: estos son los 18 temas ambientales que debería impulsar el próximo Congreso

SPDA, Lima / Lunes 13 de Enero, 2020 (https://www.actualidadambiental.pe/spda-estos-son-los-18-temas-ambientales-que-deberia-impulsar-el-proximo-congreso/); Madre de Dios: ¿qué propuestas ambientales ofrecen los candidatos al nuevo Congreso? SPDA, Lima / Martes 21 de Enero, 2020 (https://www.actualidadambiental.pe/madre-de-dios-que-propuestas-ambientales-ofrecen-los-candidatos-al-nuevo-congreso/).

[ii] SPDA. Diez recomendaciones de la SPDA respecto a los nuevos decretos sobre minería informal e ilegal. SPDA, Lima / Viernes 20 de Enero, 2017 (https://www.actualidadambiental.pe/diez-recomendaciones-de-la-spda-respecto-a-los-nuevos-decretos-sobre-mineria-informal-e-ilegal/), SPDA. 40 años de petróleo en Loreto: Lecciones aprendidas. SPDA, Lima / Viernes 4 de Noviembre, 2011. (https://www.actualidadambiental.pe/40-anos-de-petroleo-en-loreto-lecciones-aprendidas/). Actualidad Ambiental ofrece centenares de artículos sobre esos temas.

[iii] Dourojeanni, Marc. Guardaparque: Una profesión incomprendida. SPDA, Lima / Martes 29 de Enero, 2019 (https://www.actualidadambiental.pe/opinion-guardaparque-una-profesion-incomprendida/)

[iv] Dourojeanni, Marc. Esbozo de una nueva política forestal peruana. Rev. For. Perú 34(1).

(http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/rfp/article/view/1244); Dourojeanni, Marc.

Ocho errores capitales de la gestión forestal en el Perú. SPDA, Lima / Miércoles 19 de Septiembre, 2018. (https://www.actualidadambiental.pe/ocho-errores-capitales-de-la-gestion-forestal-en-el-peru-por-marc-dourojeanni/).

[v] Dourojeanni, Marc. Una opción para el desarrollo indígena SPDA, Lima / Miércoles 8 de Enero, 2020 (https://www.actualidadambiental.pe/opinion-una-opcion-para-el-desarrollo-indigena-escribe-marc-dourojeanni/).



COMENTARIOS FACEBOOK
OTROS


Dejar un comentario

3 + 12 =