El sociólogo del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SDPA), Juan Luis Dammert, sostuvo que la Ley de Consulta para Pueblos Indígenas, pese a ser una medida de inclusión social, puede ser aprovechada de mala fe si es que el Ministerio de Cultura no establece los mecanismos para determinar a quiénes se les debe denominar “pueblos indígenas”.

“Me temo que, en algunos casos, comunidades que no se han identificado históricamente o recientemente como pueblos indígenas aprovechen esta norma para utilizarla como mecanismo con el fin de oponerse a determinados proyectos o para acceder a algunos beneficios vinculados a la consulta”, señaló el especialista.

Dammert también explicó que, bajo esta falta de claridad, el Estado podría utilizar este ‘vacío’ en caso de enfrentarse a un determinado grupo apuesto a un proyecto de inversión.

Por otro lado, indicó que la consulta no indica que habrá un veto de los pueblos indígenas hacia los proyectos, sino que con esta norma se establecerán plataformas de diálogo para llegar a un acuerdo que no afecte a ninguna de las partes. En caso de no haber acuerdo, será el Estado quien deberá tomar la decisión final.