Créditos: SPDA

El acceso a la justicia ambiental es el derecho que tienen todas las personas a obtener, de manera sencilla, rápida y oportuna, una respuesta por parte de las autoridades administrativas o judiciales ante sus demandas ambientales.

En América Latina y el Caribe, este derecho es reconocido y desarrollado a través de tratados internacionales, cuerpos constitucionales, normativas nacionales y estándares regionales. Sin embargo, es necesario preguntarse: ¿cuál es el balance general sobre el estado de la justicia ambiental en la región? ¿estamos avanzando hacia una justicia ambiental efectiva?

Esta pregunta cobra especial relevancia si consideramos que América Latina, pese a su enorme diversidad biológica y cultural, enfrenta amenazas y retos comunes, vinculados en su mayoría a la proliferación de delitos ambientales, la pérdida de biodiversidad y las agresiones a las personas defensoras ambientales; así como a otros problemas estructurales relacionados a la corrupción y la pérdida de confianza de la población a sus instituciones. 

En este contexto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presenta la publicación Justicia ambiental en América Latina y el Caribe, un compendio de artículos que analiza el estado situacional sobre el ejercicio de este derecho en siete países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Además, ofrece un análisis comparativo que identifica los avances, retrocesos y los principales retos que aún persisten en la región, así como buenas prácticas desde el sector público y la sociedad civil para fortalecer a la justicia ambiental.

La publicación examina la evolución de los marcos normativos constitucionales y legales y las políticas públicas de cada país, así como los mecanismos implementados para su aplicación efectiva. Además, cada investigación aborda de manera transversal algunos instrumentos y estándares regionales que se aplican en su país y la región, como el Acuerdo de Escazú y la Alianza para el Gobierno Abierto.

Carol Mora, directora del programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, destaca que si bien América Latina ha avanzado con la adopción de instrumentos como el Acuerdo de Escazú, la región aún enfrenta serios retos: “Persisten la impunidad, la violación de derechos humanos y la falta de mecanismos eficaces que garanticen la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental”.

Adicionalmente, la publicación pone especial énfasis en la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales, promover la especialización de magistrados en materia ambiental y asegurar la gratuidad y accesibilidad de los procesos legales. Asimismo, recoge ejemplos de buenas prácticas, como la creación de tribunales ambientales especializados en Chile y Costa Rica, o plataformas digitales para denuncias ambientales en Perú y México.

El compendio no solo analiza los problemas comunes en la región, sino que también ofrece recomendaciones concretas para avanzar hacia una justicia ambiental efectiva, orientada a proteger los derechos humanos y cerrar las brechas de desigualdad ambiental.

“Este compendio representa el compromiso de la SPDA con la consecución de la justicia ambiental en la región latinoamericana, y así contribuir con el cierre de brechas que la falta de esta genera”, enfatiza Carol Mora. 

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