•  Prohibición de recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido (tecnopor) iba a comenzar el 20 de diciembre de este año.

El pasado 6 de octubre, el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular) presentó una propuesta legislativa para modificar la Ley 30884, con el fin de prorrogar la prohibición del tecnopor que iniciaría en diciembre de este año.

Como se recuerda, la mencionada ley fue promulgada en diciembre de 2018 con el fin de reducir el impacto generado por el consumo, fabricación, distribución e importación de plásticos de un solo uso como bolsas, cañitas, tecnopor, utensilios, entre otros. Esta norma fue producto de un consenso entre diversas fuerzas políticas, organizaciones civiles y el gremio empresarial.

Según el artículo 2 del Proyecto de Ley 399/2021-CR, la bancada fujimorista plantea prorrogar “la entrada en vigencia de la prohibición establecida según el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884”.

En dicho punto de la denominada “Ley de plásticos” se establece que, en un plazo de 36 meses, se prohibiría la “fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y uso de recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano”. Este plazo se vence el próximo 20 de diciembre.

Entre los fundamentos de la propuesta, el proyecto de ley señala que los 36 meses “no son suficientes” para que los micro y pequeños comerciantes logren su reconversión total, “más aún, en este escenario agudizado por la COVID-19”.

Asimismo, señala que debido a la pandemia se han incrementado las ventas por delivery y, con ello, también el uso de estos productos desechables, por lo que prohibirlos sería atentar contra los empresarios de la gastronomía. Por otro lado, indica que –también por la emergencia sanitaria– los fabricantes de estos envases han retrasado “la fabricación e importación de las maquinarias necesarias” para producir los productos alternativos.

Foto: CNN

Nuevo ataque a la “Ley de plásticos”

Cabe recordar que no es la primera vez que desde el Congreso de la República se atenta contra la norma que pretende reducir la contaminación de zonas frágiles como ríos, lagunas, bosques y el mar.

En mayo de este año, la legisladora Lusmila Pérez Espíritu (Alianza para el Progreso), a través del Proyecto de Ley 6101/2020-CR y aprobada por la Comisión de Salud, propuso dejar sin efecto esta norma mientras dure el estado de emergencia nacional.

En aquel momento, diversas organizaciones expresaron su rechazo a esta iniciativa porque, pese a que justificaba que tenía como fin la protección de los consumidores frente al COVID-19, era evidente que solo apuntaba “a suspender la implementación de la Ley 30884”.

“De aprobarse esta iniciativa se vulnerará el principio de no regresión en materia ambiental; además se retrocederá en la transición del país hacia una economía circular, en el proceso de ordenamiento y formalización del reciclaje, en la lucha contra la contaminación por materiales no reciclables en el país, en el proceso de cambio de cultura sobre la gestión de los residuos; y se afectarán a cientos de emprendedores de productos alternativos al plástico de un solo uso”, señalaron las organizaciones, entre ellas la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), a través de un pronunciamiento.