Fátima Contreras: Acuerdo de Escazú permitirá construir mejores estándares ambientales

Foto: Jhonny Salazar / Actualidad Ambiental.

El 27 de setiembre de este año, Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, firmó en representación del Perú ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Con el fin de analizar la relación entre este compromiso y la dimensión ambiental en el país, la Maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó la conferencia magistral “Acuerdo de Escazú: Implicancias para el desarrollo de institucionalidad ambiental en el Perú”.

La abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Fátima Contreras, participó como expositora e indicó que el acuerdo es un proceso histórico porque incluyó en gran medida la participación de la sociedad civil. Destacó como uno de sus principales logros la inclusión del artículo sobre protección y el reconocimiento a los derechos de los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente. Además, recalcó que conforman el acuerdo tres pilares: el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación pública y el derecho de acceso a la justicia ambiental.

La abogada indicó, citando al exrelator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, John Knox, que existe un círculo virtuoso entre derechos humanos y derechos de acceso. Esto permite a los ciudadanos ejercer otros derechos, como el derecho de contar con un ambiente sano, equilibrado y seguro. “La primera característica que tienen los derechos de acceso es que pueden ser usados como derechos instrumentales porque nos ayudan a garantizar el ejercicio de otros derechos constitucionales”, indicó Contreras.

<Más información sobre el Acuerdo de Escazú>

Retos para la implementación del Acuerdo de Escazú en el Perú

Evaluando si el Acuerdo de Escazú implicará realizar cambios en la institucionalidad ambiental del Perú, Fátima Contreras señaló que nuestro marco nacional e institucionalidad cumplen con la mayoría de disposiciones que están en el acuerdo, sin embargo, señaló: “La concepción del acuerdo no es que sea una meta a cumplir, como sí representa para otros países de la región. Para nuestro país tiene que ser considerado como una plataforma sobre la cual debemos empezar a construir mejores estándares ambientales o mejores condiciones para ejercer estos tres derechos (de acceso a la información, a la participación pública y de acceso a la justicia ambiental)”.

Analizando en detalle qué acciones deben mejorar en cada uno de estos puntos, la abogada de la SPDA señaló:

1. El Estado debe compartir de manera proactiva la información que genera

Sobre el derecho de acceso a la información, Contreras señaló que este implica dos acciones: la oportunidad de acceder a la información y el que esta sea suficiente. “Uno de los desafíos del Estado peruano es que si bien ya tenemos un sistema nacional de información ambiental, la idea es ¿cómo hacemos que el Estado de manera proactiva comparta la información que genera? No tenemos duda de que el Estado en sus actividades o en la ejecución de sus proyectos produce información valiosa, pero de qué manera el Estado puede transparentar esta información de manera proactiva sin la necesidad de que lleguemos con una solicitud de acceso a la información. Este es el reto para nuestro Gobierno: ¿Cómo hacemos que de manera proactiva y eficiente se empiecen a compartir estos informes?”, indicó la especialista.

2. El derecho a la participación pública debe ser entendido como un derecho constitucional y no como un requisito formal o procedimental

Referida a la participación pública para el desarrollo de proyectos, la abogada de la SPDA mencionó que debe tener tres características: debe ser temprana, eficiente e informada. Sostuvo que existe la percepción de que este derecho se trata de un requisito adicional para obtener el certificado, licencia o autorización ambiental. “Ejercer este derecho ayuda a tener un vínculo de buenas relaciones con las comunidades. El reto es ver de qué manera se puede ayudar a que los ciudadanos se sientan parte del proceso y cómo se los involucra en los procesos de toma de decisiones de proyectos de inversión y en el diseño de políticas, planes y programas”, señaló.

Si bien hay avances en la implementación y concientización de este derecho, es importante que se siga trabajando en la institucionalidad de la participación pública en los procesos de toma de decisiones de todos los niveles de gobierno. “Recientemente el Ministerio del Ambiente ha llevado un proceso muy extenso de participación para la reglamentación de la ley marco de cambio climático, lo que demuestra que incluso en la formación del diseño de programas, políticas, leyes y reglamentos también tiene que existir participación pública. Por otro lado el Senace, la autoridad que certifica los grandes proyectos, recientemente ha publicado una guía de enfoque intercultural para aplicarla en el diseño de los mecanismos de participación. Es algo que debemos destacar porque nos reconocemos como un país pluricultural. Entonces, los mecanismos de participación tienen que adaptarse de manera que todos los ciudadanos y ciudadanos puedan estar en condiciones para compartir su información, sus opiniones y comentarios de la mejor manera”, agregó Contreras.


Fueron expositores Alan Fairlie (PUCP), Iván Lanegra (PUCP), Fátima Contreras (SPDA) y Francisco Rivasplata (DAR).

3. Tenemos grandes retos para el acceso a una justicia ambiental sin restricciones, efectiva y para todos

Finalmente, respecto al derecho de acceso a la justicia ambiental, la abogada de la SPDA destacó los retos que tiene el sistema judicial a nivel de capacitación de jueces y del sistema de administración de justicia. “En los últimos años el sistema judicial ha venido empleando esfuerzos y recursos para capacitarse en temas ambientales. Estos esfuerzos también deben reflejarse en la evolución del sistema de administración de justicia. A nivel institucional en América Latina y el Caribe, 13 de los 34 países cuentan con Tribunales Judiciales especializados en materia ambiental. Entonces, cómo hacer para que el sistema de administración de justicia peruano evolucione y se ponga a la par con otras tendencias de la región”, mencionó Fátima Contreras.

Siguientes pasos para la implementación del “Acuerdo de Escazú”

El gobierno peruano suscribió el Acuerdo de Escazú pero para que sea realidad tenemos que esperar la ratificación de 11 países de la región. Hasta la fecha, 16 países de los 34 en América Latina y El Caribe han firmado el Acuerdo. “Es un gran reto de incidencia que tenemos todos. La academia, la sociedad civil y las otras entidades del Poder Ejecutivo o Poder Judicial deben participar como lo han venido haciendo para lograr una ratificación temprana y poder ayudar a que los otros países de la región puedan sumarse a ratificar y lograr que entre en vigencia el Acuerdo de Escazú, que si bien es cierto, desarrolla tres derechos que son fundamentales, nos sirve para poder construir a partir de ellos entre muchas otras cosas una gobernanza, que es lo que esperamos frente a los escenarios de conflictividad, inseguridad jurídica e incluso de corrupción”, concluyó la abogada de la SPDA.

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