“El 2017 fue el año del debilitamiento de la institucionalidad ambiental”
Foto: La Primera

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En un reciente informe sobre conflictos mineros, organizaciones como CooperAcción, Grufides y Fedepaz, consideraron que el 2017 fue el año del “debilitamiento de la instucionalidad ambiental” debido a diversas medidas dadas por el Gobierno, como por ejemplo la reducción de los estándares de calidad ambiental de aire.

El informe 21 del Observatorio de Conflictos Mineros, resalta además que en comparación a años anteriores, este año se ha caracterizado por tener una baja conflictividad social. Hasta noviembre se reportaron 171 (el año pasado fue 213 en el mismo mes). Además, una de las novedades del documento es que la macrorregión norte desplazó al sur del país como zona de mayor conflictividad social.

[Descarga el informe aquí]

Entre los temas referidos al debilitamiento ambiental, las organizaciones mencionan a la resolución ministerial 276-2017 del Ministerio dee Ambiente (Minam), la cual permite que “la exploración minera se pueda realizar ins requisito de evaluación y certificación ambiental de lois impactos”.

“Esta norma resulta de especial preocupación para los proyectos de exploración que se lleven a cabo sobre territorios de comunidades campesinas, nativas y de pueblos indígenas”, menciona José de Echave, director del Observatorio.

Otro tema del informe es el referido a la Ley 30640, norma que busca establecer el concepto de cabeceras de cuenca y adoptar medidas para protegerlas. Esta ley fue aprobada en agosto de este año, pero generó diversas críticas por parte del sector empresarial durante el desarrollo de la Cumbre Empresarial Perumín.

“La desregulación ambiental podría traer consigo un nuevo incremento de la conflictividad social si las comunidades no sienten que sus derechos son adecuadamente garantizados por las autoridades, más aún si continúa la tendencia al crecimiento de las inversiones y del territorio concesionado. Todo ello, en el marco de la poca voluntad del Gobierno por retomar espacios de diálogo”, señala el Observatorio.

El estado actual de las concesiones mineras en el país, la regulaciuón de la minería ilegal e informal, entre otros temas, también figuran dentro del informe.



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