En su última edición, el programa periodístico Panorama denunció que especies de fauna silvestre (algunas en peligro de exitinción) y bosques milenarios, son afectados por la tala ilegal realizada para el cultivo de palma aceitera en la región Ucayali.

Según el informe, pese a que esta actividad ya ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, las autoridades poco o nada han hecho ya que la devastación de bosques primarios (bosques vírgenes) siguen siendo talados, cambiando el aspecto de nuestra frondosa Amazonía por terrenos agrícolas sin autorización.

“ESTAMOS DANDO TRABAJO”

En el video se puede observar a representantes de las empresas asegurando que están dando trabajo a la población que vive cerca de las plantaciones. Sin embargo, líderes indígenas y dirigentes desmienten estas declaraciones y aseguran que no solo están destruyendo los bosques, sino que además contaminan los suelos, el agua y extorsionan a los que no quieren vender sus terrenos.

Una de las empresas involucradas sería Plantaciones Pucallpa, cuyo propietario Dennis Melka ya había sido denunciado por hacer lo mismo en bosques primarios de Loreto. Otros responsables serán empresas chinas que estarían comprando terrenos a la fuerza, según lo denunciaron diversos agricultores de la zona.

Ver el reportaje:

SÍ SE REQUIERE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

Representantes de la mencionada empresa afirmaron que no necesitan de certificación ambiental para deforestar y cultivar palma aceitera; sin embargo, Katherine Riquero, de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Minagri, sostiene que el desbosque y sembríos, en este caso, son actividades ilegales porque no cuentan con los permisos adecuados.

Al respecto, Jean Pierre Araujo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señala que “toda actividad que requiere un cambio de uso de suelos requiere de una certificación ambiental, tal como lo estipula la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”.

“Todo emprendimiento agrario que pretenda afectar la cobertura forestal, a fin de instalar un cultivo, requiere de una autorización de cambio de uso que otorga el Gobierno Regional (GOREU). Además se deberá evaluar cuál ha sido el destino de los productos forestales extraídos, pues al tener origen ilegal, no podrían ser comercializados. Corresponde al GOREU instruir los procedimientos administrativos necesarios para identificar a los responsables de la comisión de los presuntos actos ilícitos. En este caso la multa más alta que podría imponerse es de 600 UIT”, explicó el abogado.

IMPIDEN FISCALIZACIÓN

En el reportaje de Panorama se observa cómo los trabajadores de la empresa impiden el ingreso de la representante del Minagri al terreno afectado. Ello se hizo mediante bloqueo de vías, destrozo de puentes y hasta con amenazas. Este hecho, según Araujo, podría ser denunciado penalmente ya que están obstruyendo las acciones de fiscalización.