La relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, y la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, expresaron su preocupación ante la aprobación de la Ley 30723, que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali.
Como se recuerda, dicha ley fue promulgada por el Congreso el pasado 22 de enero, sin la observación del Ejecutivo, pese a que el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Sernanp y Defensoría del Pueblo expresaron su rechazo a dicha iniciativa promovida por el legislador Glider Ushñahua, de Fuerza Popular.
Al igual que las mencionadas organizaciones, las relatoras consideran que la ley podría en riesgo áreas naturales protegidas, reservas indígenas, y reservas territoriales para pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial.
A través de Urrejola y Tauli-Corpuz, la CIDH y Naciones Unidas hicieron un llamado al Estado peruano a respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas en el país. Ello incluye la aplicación de “La ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios”, y la “Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial”.
“En el caso de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, el marco jurídico internacional requiere que se tenga en cuenta el principio de no contacto y su rechazo manifiesto a la presencia de terceros al analizar su consentimiento a cualquier presencia o intrusión en sus territorios”, señalaron las expertas a través de u comunicado.
Según diversos especialistas, con esta ley se pondría en peligro áreas naturales protegidas por el Estado, reservas indígenas, y la reserva territorial Kugapakori, Nahua, Nanti para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial. Además, facilitaría la minería y la tala ilegal en estas áreas protegidas.
DATO:
Victoria Tauli-Corpuz (Filipinas), ya se había pronunciado sobre este tema, cuando la norma aún era sólo un proyecto de ley, el 1123. Ella es Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
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