Argentina se convierte en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú

Foto: Prensa Honorable Cámara de Diputados de la Nación

  • Con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de Argentina ratificó este jueves 24 de setiembre el Acuerdo de Escazú convirtiéndose en el décimo país en ratificarlo. Con esto solo hace falta de un Estado más para que entre en vigencia. 

 

La Cámara de Diputados aprobó el último jueves 24 de setiembre el Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, que trata la temática ambiental desde la perspectiva de los Derechos Humanos, más conocido como el Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el décimo país en ratificarlo. Sin embargo, para que entre en vigencia es necesario que un Estado más lo ratifique.

 

 

De acuerdo a los expertos esta decisión no tiene precedente. “Tiene características propias porque normalmente los acuerdos ambientales internacionales tratan temas específicos y este trata de derechos que son herramientas para la sociedad civil“, aseguró Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Como se recuerda, el pasado 13 de agosto el Senado de Argentina aprobó el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú con 70 votos a favor y ninguno en contra.

A la fecha, el acuerdo regional cuenta con 23 firmas, de los cuales Bolivia, Antigua y Barbuda, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay lo han ratificado.

El defensor ambiental Roberto Pacheco fue asesinado el pasado 11 de setiembre.

Caso peruano: un debate polarizado

Al día de hoy, la ratificación del Acuerdo de Escazú espera la aprobación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República para que luego esta ingrese a debate en el pleno. Sin embargo, en los últimos meses nuestro país se encontró inmerso en un debate sobre si se debe o no ratificar el acuerdo regional, que fue sucedida por una campaña de desinformación que impulsó diversos espacios de discusión en donde participaron representantes del Estado y la sociedad civil, entre ellos la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Asimismo, y con el fin de explicar los verdaderos alcances del Acuerdo de Escazú y resolver las dudas generadas sobre el tema, los representantes electos del público ante el Comité de Negociación de dicho acuerdo, enviaron un pronunciamiento dirigido a la Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú, liderada por Manuel Merino de Lama.

[Ver además ► Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales]

A esto se suma el reciente asesinato de Roberto Carlos Pacheco, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, tras recibir constantes amenazas por parte de invasores ilegales. Este escenario abre nuevamente la discusión sobre la legislación y los mecanismos que actualmente existen en nuestro país y si estos son suficientes para la protección de este grupo vulnerable.

“Si Perú ratifica el Acuerdo de Escazú, se incorporaría de forma expresa, en el sistema normativo peruano, obligaciones en beneficio de las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Estas le exigen al Estado implementar o fortalecer medidas para (i) garantizar un entorno seguro y propicio para su labor; (ii) proteger, reconocer y promover sus derechos fundamentales; y, (iii) prevenir, investigar y sancionar acciones en contra del ejercicio de su derecho de defensa; todo en el marco nuestro sistema legal”, señaló Katherine Sánchez, especialista del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

En esta linea, el congresista Alberto de Belaúnde realizó el jueves 24 de setiembre una mesa técnica “Situación de los defensores ambientales en el Perú” que reunió a representantes del sector público y sociedad civil, así como a cinco defensores ambientales del país, quienes indicaron las amenazas a las que están expuestos y reiteraron la necesidad de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Dato:

  • El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica. Se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de setiembre de 2018 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, fecha que nuestro país se sumó a la firma del mismo.


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