Los pueblos indígenas representan el 6 % de la población mundial, pero casi el 19 % de las personas que viven en pobreza extrema, y las causas son estructurales, según resalta un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Global-Hub sobre los Sistemas Alimentarios y de Conocimiento de los Pueblos Indígenas, presentado el 15 de octubre en Roma.

El estudio denominado White/Te Oranga Paper, elaborado por expertos indígenas y no indígenas, identifica siete factores estructurales interconectados: la invisibilidad forzada, la invisibilidad estadística, el despojo de tierras y territorios, la negación de los derechos colectivos y de la gobernanza consuetudinaria, la marginación de sus sistemas alimentarios y de conocimiento, las injusticias ecológicas y de la transición energética, y la injusticia judicial. Además, introduce un concepto nuevo: la “cristalización”, el cual se da cuando la discriminación que existía antes de los Estados modernos quedó fijada en sus instituciones y en sus leyes porque no se abordó de manera adecuada.

“Te Oranga es importante porque no habla del dinero como la salida de la pobreza. Habla de derechos”, afirma Carol Zavaleta-Cortijo, quechua de Perú, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y coautora del informe. “No habla de vulnerabilidad. Habla de adaptación constante, resiliencia y determinación”.

Te Oranga es una palabra maorí que significa salud, bienestar y florecimiento, ligados a la tierra, la cultura y la comunidad. Partir de ella, y no de los ingresos, cambia quién es tratado como beneficiario y quién como titular de derechos.

Falta de datos es parte del problema

En el 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculaba que 476 millones de personas indígenas vivían en más de 90 países, pero esa cifra se basa en datos de solo 58 de ellos, por lo que el número real es mayor. Cuando Perú incorporó la autoidentificación en su censo, el número de personas registradas como indígenas aumentó un 2.826 %, entre 1993 y 2025, simplemente porque la pregunta se formuló de otra manera.

El informe advierte también de que las medidas pensadas para proteger el planeta pueden repetir patrones antiguos. La acción climática, la conservación y la transición energética pueden convertirse en nuevas causas de despojo cuando se llevan a cabo sin el consentimiento de los pueblos indígenas.

“Para tener políticas públicas eficaces que apoyen a los pueblos indígenas y los saquen de la pobreza, es fundamental comprender primero cuáles son sus nociones de bienestar”, afirma Yon Fernandez-de-Larrinoa, jefe de la Unidad de Pueblos Indígenas de la FAO y autor principal.

Las recomendaciones del informe consolidan lo que estos pueblos llevan décadas reclamando, y ese es precisamente el punto: el problema no es la falta de soluciones, sino que no se aplican. Allí donde los países han actuado, el informe documenta lo que cambió:

• Indonesia: una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 devolvió los bosques consuetudinarios a los Pueblos Indígenas.
• Bolivia: los planes de vida (planes de vida) indígenas se incorporaron a la planificación del Estado y al presupuesto.
• Colombia: ocho Entidades Territoriales Indígenas de la Amazonía se formalizaron en diciembre de 2025.
• Paraguay: un Plan Nacional de los Pueblos Indígenas 2020–2030 y una ley de salud intercultural.
• Canadá: más de 2000 proyectos de energía limpia están liderados o son copropiedad de Pueblos Indígenas.

Cambios recomendados

Más del 80 % de los pueblos indígenas vive en países de ingreso medio, por lo que obstáculo -según el informe- es la voluntad política, no los recursos.

Entre los cambios que piden los investigadores figuran: contar a los pueblos indígenas en los censos; asegurar la tierra y el territorio, con consentimiento libre, previo e informado antes de cualquier proyecto; dejar que los pueblos indígenas planifiquen su propio desarrollo y controlen los fondos públicos; hacer interculturales los servicios de salud y las comidas escolares; y basar en los derechos la transición energética y la conservación.

El informe es un trabajo colectivo del Global-Hub, un centro de reflexión mundial con 40 instituciones miembros y cuatro redes internacionales de investigación que sitúa en pie de igualdad el conocimiento indígena y la investigación académica.

Este documento llega cuando el apoyo a los derechos de los pueblos indígenas está bajo presión en varios países, y antes del 20 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).