Escribe: Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

 

El reconocido científico estadounidense Lonnie Thompson, uno de los científicos climáticos más influyentes del mundo y pionero en el estudio de los glaciares tropicales, propuso crear el Parque Nacional Quelccaya con el fin de proteger este importante ecosistema de montaña y otros glaciares de la cordillera Vilcanota, ubicada entre Cusco y Puno.

Thompson, quien investiga el Quelccaya desde 1974, planteó esta propuesta debido a la importancia de este ecosistema y la preocupación que existe respecto al acelerado retroceso del glaciar por el cambio climático y los impactos ocasionados por actividades humanas, como la minería.

Además de su valor científico, el glaciar también cumple un papel fundamental en la regulación hídrica de los ecosistemas, poblaciones altoandinas y las zonas urbanas. Sus aguas alimentan a comunidades y actividades productivas de Cusco y Puno, entre ellas la agricultura y ganadería, además de ser fuente importante para el agua potable.

Por estas características, el Quelccaya y su área de influencia (503 mil hectáreas, según la propuesta) es uno es uno de los paisajes de montaña más significativos desde el punto de vista científico, ecológico y cultural del hemisferio occidental, y uno de los principales laboratorios naturales para estudiar el cambio climático.

Amenazas documentadas

Un estudio reciente del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) reveló que el Quelccaya ha perdido el 58 % de su superficie en los últimos 40 años. Es decir, pasó de 100 a 42 km2. Además, la tasa de retroceso se aceleró un 50 % en la última década.

En conversación con Actualidad Ambiental, Lonnie Thompson afirmó que la “amenaza más grave e irreversible del Quelccaya es el cambio climático, que está acelerando el retroceso glaciar y alterando los sistemas hídricos que sostienen a las comunidades, los ecosistemas y las actividades económicas río abajo”.

Asimismo, agregó que “la zona también enfrenta presiones como la minería, el turismo no regulado y una capacidad institucional limitada para el monitoreo y la fiscalización ambiental. Estas presiones están interconectadas: a medida que los glaciares se reducen y la disponibilidad de agua se vuelve más variable, tanto los sistemas sociales como los ecológicos se vuelven más vulnerables a presiones adicionales”.

¿Por qué un parque nacional?

En el Perú existen nueve categorías definitivas para las áreas naturales protegidas (ANP): parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos, reservas nacionales, refugios de vida silvestre, reservas paisajísticas, reservas comunales, bosques de protección y cotos de caza.

Las tres primeras son de uso indirecto, por lo que priorizan la conservación y no permiten la extracción de recursos naturales ni la modificación del ambiente; las seis restantes son de uso directo, lo que permite, bajo determinadas condiciones y planes de manejo, el aprovechamiento sostenible de recursos.

Para el caso del Quelccaya y su área de influencia, Thompson señala que eligieron proponer esta categoría “debido a la importancia excepcional de la zona a nivel nacional. Sus glaciares, cuencas hidrográficas, ecosistemas, biodiversidad y paisajes culturales trascienden una preocupación exclusivamente local o regional y tienen relevancia para el patrimonio ambiental y la seguridad hídrica del Perú en su conjunto”.

“Un parque nacional también ofrece un marco institucional más sólido y duradero, con reconocimiento a nivel nacional, capacidad de gestión dedicada y mayores oportunidades para coordinar la conservación, la investigación científica, la educación ambiental y la adaptación al cambio climático”, recalca.

Una propuesta en ruta

El científico señala que la iniciativa para establecer un nuevo parque nacional ya ha sido compartida con varias entidades estatales, incluyendo funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio de Energía y Minas (Minem), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y autoridades nacionales y regionales.

“Nuestro objetivo ha sido abrir un diálogo constructivo sobre la base científica de la propuesta, su valor para la conservación y sus posibles beneficios para las comunidades locales”, asegura y agrega que hasta el momento “la respuesta ha sido alentadora: existe un amplio reconocimiento de la importancia ambiental de la zona, particularmente dados sus glaciares, fuentes de agua, biodiversidad y paisajes culturales”.

Thompson es consciente de que el proceso de establecimiento “es un proceso institucional extenso que requiere coordinación entre múltiples entidades públicas, evaluaciones técnicas rigurosas y una participación significativa de las poblaciones locales. Seguimos buscando orientación sobre el camino más adecuado a seguir”.

Presencia de comunidades

De acuerdo a la propuesta para establecer el área protegida, en la zona de influencia existen 74 polígonos de comunidades indígenas y campesinas que ocupan 319 069 hectáreas (63 % del área total), además contiene 101 sitios arqueológicos, el Santuario Religioso de Qoyllur Riti, 175 monumentos prehispánicos, dos zonas de agrobiodiversidad reconocidas oficialmente (Marcapata Collana y Collasuyo) y 22 áreas oficiales de manejo de vicuñas (DEMA).

En el caso de las comunidades, el científico resalta la importancia de que estén informadas y participen activamente en las decisiones, porque solo así la propuesta será “viable y legítima”.

“Estas comunidades tienen relaciones históricas, culturales y prácticas profundas con el paisaje, y su conocimiento debe ser central en cualquier iniciativa de conservación”, resalta. Asimismo, afirma que han buscado “iniciar un diálogo y compartir información con los actores locales, aunque reconocemos que esto no equivale a un proceso de consulta formal”.

“Cualquier designación oficial deberá seguir los procedimientos legales e institucionales correspondientes, incluyendo mecanismos participativos y, cuando corresponda, las obligaciones de consulta previa. Nuestra posición es clara: la conservación no debe imponerse desde afuera. Debe construirse de manera colaborativa, respetar los derechos y las prácticas consuetudinarias, y generar beneficios y salvaguardas claras y tangibles para las comunidades locales”, puntualiza.

No todo está perdido

Según Inaigem, en las últimas seis décadas el Perú ha perdido el 59 % de sus glaciares debido al cambio climático, acelerado por las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y, según el Inventario Nacional de Glaciares, actualmente existen 4500 de estos ecosistemas a nivel nacional. Si bien la tendencia parece irreversible, Thompson considera que no todo está perdido.

Thompson señala que, si bien la designación de un área protegida por sí sola no puede detener el deshielo de los glaciares, “eso no significa que no haya esperanza ni motivos para actuar. Proteger el paisaje circundante puede salvaguardar los humedales, los pastizales de altura, las lagunas y las fuentes de agua que regulan y almacenan el agua, además de reducir presiones humanas adicionales y apoyar la adaptación local”.

“Quelccaya es especialmente valioso para la investigación climática en curso. Si se protege, podría seguir generando evidencia esencial para comprender -y eventualmente ayudar a revertir- la crisis climática más amplia. Por lo tanto, la protección no es una solución al cambio climático por sí misma, pero sí es una forma esencial de adaptación climática, de gestión científica y de reducción de riesgos”, agrega.

Por ahora, Thompson espera que las autoridades hagan suya esta propuesta y consideren que “sin una protección más sólida y coherente, la zona seguiría siendo vulnerable a decisiones fragmentadas, usos de suelo en competencia y actividades que erosionan gradualmente su integridad ecológica”.

No actuar significaría poner en mayor riesgo las fuentes de agua, los humedales, la biodiversidad, los valores arqueológicos y culturales, y los medios de vida de las personas que dependen de este paisaje.

“Esta propuesta es fundamentalmente preventiva: busca actuar antes de que el daño ecológico o los conflictos sociales ya estén en curso, en lugar de responder a ellos después”, concluye.