La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) informó sobre el asesinato de Américo Pascuala Tomisha, líder indígena del pueblo Ashéninka de 57 años y exjefe de la Comunidad Nativa Onconashari, ubicada en el distrito de Yurúa, provincia de Atalaya (Ucayali).

El hecho ocurrió ayer 23 de agosto, mientras Pascuala realizaba acciones de monitoreo y vigilancia territorial dentro de su comunidad. Los asesinos, según ORAU, serían invasores de su territorio comunal, quienes “presuntamente venían realizando actividades de extracción de aceite de copaiba. En estas circunstancias se produjo un enfrentamiento, donde recibió impactos de arma de fuego”.

La organización también agregó que la víctima “había denunciado previamente la presencia de colonos y terceros dentro de su territorio, alertando sobre una situación de riesgo que hoy termina con la pérdida irreparable de un defensor indígena”.

ORAU expresó “su solidaridad con la familia, autoridades comunales y pueblo ashéninka de Onconashari, y recuerda que la vida, integridad y seguridad de los defensores indígenas son derechos fundamentales que deben ser garantizados y protegidos por el Estado peruano, conforme a sus obligaciones nacionales e internacionales”.

Piden investigación y apoyo de las autoridades

Ante el hecho, la organización indígena exigió la presencia de autoridades como la Fiscalía en la zona para “realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes, garantizando una investigación rápida, imparcial y efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables del asesinato”, siempre “considerando las denuncias previas realizadas sobre la presencia de terceros dentro de su territorio”.

A la Policía Nacional le pidieron “acciones urgentes de búsqueda y captura de los responsables, así como la intervención de las unidades especializadas de investigación criminal para la recopilación de evidencias y esclarecimiento de los hechos. Asimismo, solicitamos garantizar la seguridad de la comunidad y sus autoridades ante posibles riesgos”.

ORAU también exigió al Ministerio de Justicia que active los mecanismos de protección de defensores indígenas, y al Estado “reforzar la presencia institucional y las acciones de seguridad en territorios indígenas de frontera, como Yurúa, donde las comunidades enfrentan mayor vulnerabilidad por la limitada presencia estatal, ingreso de terceros y actividades no autorizadas dentro de sus territorios”.

Finalmente, solicitó a la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos “el seguimiento y acompañamiento del caso para garantizar justicia, evitar la impunidad y asegurar la protección de otros líderes indígenas que se encuentran en situación de riesgo”.