El nuevo Senado podría volver a contar con un espacio parlamentario especializado en pueblos indígenas. La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) presentó la Proposición 00001-2026-2031-S que plantea incorporar una octava comisión ordinaria al Reglamento del Senado para atender asuntos relacionados con pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas, pueblo afroperuano y poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

La iniciativa, presentada el 11 de agosto, plantea modificar el artículo 48 del Reglamento del Senado. De aprobarse, la Cámara Alta pasaría de siete a ocho comisiones ordinarias. 

La propuesta surge después de que, en octubre de 2025, el Congreso anterior eliminara la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) como parte de la reorganización de las comisiones del nuevo Parlamento bicameral. 

Una propuesta para cubrir un vacío 

De acuerdo con la exposición de motivos, la nueva comisión permitiría contar con un espacio especializado para revisar iniciativas legislativas, realizar seguimiento a políticas públicas y ejercer control político sobre asuntos que afectan directamente a estas poblaciones. 

La propuesta sostiene que esta labor requiere especialización técnica y pertinencia cultural, considerando la diversidad de pueblos, lenguas y realidades territoriales existentes en el país. También recoge como sustento las obligaciones establecidas en la Constitución y en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

Para Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la presentación de esta iniciativa representa una oportunidad para recuperar un espacio de especialización dentro del Legislativo. 

“La creación de una comisión especializada permitiría que los derechos de los pueblos indígenas tengan nuevamente un espacio de análisis técnico, protección especializada y seguimiento político en el Congreso. Esto es especialmente relevante frente al contexto actual, en el que es necesario monitorear propuestas y la ejecución de políticas públicas que pueden tener impactos directos sobre sus territorios, derechos colectivos y medios de vida”, señala Baldovino. 

La iniciativa también adquiere relevancia en un contexto en el que el Estado ha aprobado nuevas políticas dirigidas a los pueblos indígenas. En abril de este año se aprobó la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, que establece objetivos relacionados con la seguridad jurídica de los territorios ancestrales, la protección frente a la degradación ambiental y el cambio climático, los derechos de participación y consulta, la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), y la reducción de la discriminación étnico-racial. 

El antecedente de la comisión eliminada 

El 23 de octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobó los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado y eliminó la CPAAAAE, creada en 2006. La decisión fue cuestionada por organizaciones indígenas y de derechos humanos, que alertaron sobre la pérdida de un espacio parlamentario especializado para abordar los derechos de los pueblos indígenas y asuntos ambientales. 

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó la medida como un “retroceso histórico”, mientras que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) exigió la restitución de la comisión y advirtió que su eliminación podía limitar la capacidad de fiscalización y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas. 

A diferencia de la comisión eliminada, la propuesta presentada por Vásquez no incorpora expresamente ambiente y ecología entre las materias de la nueva comisión. Su competencia estaría enfocada en los derechos y asuntos de los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas, pueblo afroperuano y poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Dato: 

• La iniciativa deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente antes de que el Senado decida sobre su aprobación.