Promotores de leyes contra la Amazonía buscan quedarse en el Congreso
- Según reportaje de Ojo Público, cuatro congresistas que buscan la reelección presentaron propuestas que atentaban contra los indígenas en aislamiento, promovían carreteras que afectaban los bosques o apoyaban la ampliación del Reinfo.
lunes
6 de abril, 2026
Fotos: Mincul y Andina
Jorge Morante (Somos Perú), Óscar Zea (Progresemos), Rosio Torres (Alianza para el Progreso) y Jeny López (Fuerza Popular), quienes actualmente postulan a la reelección del Congreso, respaldaron trece proyectos sobre carreteras, uso de suelos y ampliaciones del Reinfo, cuestionados por su impacto ambiental y en pueblos indígenas, advierte un reportaje de Ojo Público.
Jorge Morante Figari, por ejemplo, respaldó un proyecto de ley proyectos que proponía modificar la Ley 28736, que protege a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci), con el fin de que los gobiernos regionales decidan la revocatoria o extinción de las reservas indígenas que protegen a los Piaci. La propuesta se archivó casi un año después de ser presentada.
El informe de Ojo Público agrega que Morante también votó a favor de otras siete normas cuestionadas por facilitar economías ilegales, impulsar la deforestación y afectar derechos de pueblos originarios.
Normas lesivas en la Amazonía
Morante, electo por Fuerza Popular en 2021 y hoy candidato por Somos Perú, junto a Óscar Zea (Progresemos), Rosío Torres (Alianza para el Progreso), Jeny López (Fuerza Popular) y el excongresista César Gonzales Tuanama (postula por Podemos Perú, también respaldaron trece normas y proyectos de ley con posibles impactos en la Amazonía de Loreto y Ucayali. Estas incluyen cambios de uso del suelo, apertura de carreteras y ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“De las trece normas analizadas, cinco promueven la construcción de carreteras, cuatro flexibilizan el cambio de uso de suelos, tres corresponden a ampliaciones del Reinfo y una afecta directamente a los Piaci”, indica el reportaje.
Una de las más recientes es la Ley 32558, publicada en enero de 2026, que declara de interés nacional la creación del corredor económico Chancay–Loreto–Brasil. La iniciativa, impulsada por Morante, busca conectar el puerto Chancay con Brasil, y para ello plantea corredores fluviales y terrestres, pero no detalla sus impactos ambientales sobre bosques, áreas protegidas o territorios indígenas.
Foto: SPDA
Propuestas sin estudios técnicos
Los legisladores que buscan quedarse en sus curules proponen normas sin estudios técnicos, advirtió Carol Mora Paniagua, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Por ejemplo, en el caso de la Ley 31938, que declara de interés público la construcción de 12 vías de comunicación, incluye obras como la carretera Balsapuerto-Moyobamba, rechazada por el Gobierno Territorial Autónomo Shawi (GTAN Shawi).
Sobre el impacto ambiental que podría generar esta vía, el proyecto de ley solo detalla que “no hay ningún proyecto -cualquiera sea su naturaleza e índole- que no tenga impacto social o ambiental” y que estos deben ser mitigados antes de su ejecución.
Para Carol Mora, el problema es estructural porque el Estado ha evitado implementar una estrategia transectorial que involucre no solo temas de defensa e integridad, mientras que el Congreso ha optado por no legislar sobre la formalización minera y ha extendido un sistema que no exige el cumplimiento de estándares ambientales.
“Los mineros informales siguen operando al margen de la ley sin tramitar sus instrumentos de gestión ambiental, y la respuesta ha sido facilista, simplista y de complicidad con la ilegalidad”, señaló en conversación con Ojo Público.
