Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo. Foto: Katherine Bless / SPDA

De acuerdo al Ministerio del Ambiente (Minam), durante los años 2010 y 2014 se deforestaron 415 278 hectáreas de bosques amazónicos. De esta cifra, San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios registraron la mayor superficie deforestada (86%) en dicho periodo.

Además, según la Defensoría del Pueblo, el cultivo a gran escala de palma aceitera y cacao ha reemplazado 30 773 hectáreas de bosques amazónicos en los últimos años.

Durante el Foro Internacional: “Agronegocios, Medio Ambiente y Derechos Humanos. Lecciones desde América Latina”, Alicia Abanto, responsable de la Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría manifestó que el Estado no ha logrado detener la depredación que año tras año sufre nuestra Amazonía. 

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Mesa sobre Agenda Pública y Planificación de Desarrollo en torno a la tierra y los Agronegocios en Perú (Foto: Katherine Bless / SPDA)

“El estado no ha sido eficaz. Si bien es cierto, ahora existen una serie de normas, planes, políticas e instrumentos que fomentan la protección ambiental, los casos que hemos analizado de manera puntual nos muestran que, a pesar de los avances, la afectividad en el terreno es aún incipiente, o en algunos casos no es efectivo”, explicó.

Entre estos casos presentados por la especialista, se encuentran los relacionados a las empresas Cacao del Perú Norte S.A.C., denunciada por deforestar 1 949.36 hectáreas del Fundo Tamshiyacu; Plantaciones Pucallpa S.A.C., por la deforestación de 6 824.39 ha de los caseríos Naranjal y Unión Progreso; y Plantaciones Ucayali S.A.C., por deforestar 4 593.00 ha del Fundo Zanja Seca, ubicado en el distrito de Nueva Requena.

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Daños ambientales 

Según Alicia Abanto, uno de los pilares de la construcción de una institucionalidad que proteja los recursos naturales, es el principio de prevención para evitar el daño ambiental.

“Lo que queremos visibilizar es si el Estado está logrando hacer esa prevención y si logra evitar daño ambiental, y los casos más significativos en este informe nos muestra que el Estado, en ese punto, no es efectivo y por tanto este principio central de derecho ambiental de prevenir el daño no se cumple”, afirmó.

Abanto resaltó que el otro problema del Estado es la falta de información y actualización de esta para que se realice una mejor gestión de tierras.

“Se tiene que adecuar el reglamento de clasificación de tierras, porque en el Perú lo que se ha dado es una gestión desordenada. El enfoque de muchas normas es agrario, que descuida y desprotege la conservación de los bosques y protección de la Amazonía”, indicó.

Para mejorar esta situación, Abanto resaltó que se requieren normas complementarias por parte del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en coordinación con el Minam, tales como los lineamientos para establecer la lista de hábitats críticos y la categorización de especies amenazadas.

“Dicha situación resulta preocupante, porque si los expedientes técnicos contienen información deficiente o inadecuada, el cambio de uso de la tierra podría afectar irreversiblemente nuestro patrimonio forestal y de fauna silvestre”, comentó la especialista.