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A través de una carta dirigida al Presidente de la República, Ollanta Humala, y diversas autoridades nacionales, un grupo de organizaciones civiles mostró su preocupación por la presentación de dos proyectos de ley que pretenden derogar decretos que tienen como fin revertir y ordenar la minería informal en las regiones de Madre de Dios y Puno.
Los decretos de urgencia que pretenden derogarse con: el DU 012-2010, que declara de Interés Nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios; y el DU 028-2011 que dispone la recuperación de las cuencas de los ríos Ramis y Suches, y que prohíben el uso de maquinarias para la actividad minera informal en una serie de zonas de Puno. En este último caso, la meta es también dejar si efecto el decreto supremo 035-2011-EM.
Las iniciativas legislativas fueron presentadas por el congresista Amado Romero Rodríguez, representante de Madre de Dios, conjuntamente con los congresistas Rubén Coa Aguilar, Leonidas Huayama, Manuel Zerillo, Cesar Irupailla, Jhonny Cárdenas y Freddy Otarola Peñaranda, todos ellos del Grupo Parlamentario Gana Perú.
Para los firmantes de la carta dirigida al presidente Humala, la derogación de estos decretos podría significa una señal de retroceso en lo que se ha avanzado en las regiones de Madre de Dios y Puno, en cuanto a descontaminación y el ordenamiento territorial.
Por lo demás, se afirma en la carta, el dar luz verde al proyecto de los congresistas oficialistas sólo beneficiaría a intereses de grupos particulares vinculados a la minería informal, en desmedro de intereses colectivos y sociales de las poblaciones afectadas por la ilícita actividad.
Finalmente, en carta se pide al presidente Humala se pronuncie en torno dichas propuestas, y plantee medidas concretas e inmediatas que pongan freno a la extracción ilícita de oro en nuestra Amazonía.
Carta sobre decretos de urgencia remitida al presidente Ollanta Humala Tasso
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Foto ACCA
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El trabajo de lobby no sólo corresponde a las grandes empresas, sino también a los movimientos sociales y en casos como este a colectivos destinados a actividades ilegales y destructivas. Ojala que la auditoria social y la responsabilidad de Estado sea coincidente, y así como se condena enérgicamente el abuso de las empresas mineras, se deben combatir la minera informal, ya que estas daña severamente el medio ambiente, la capacidad del Estado y sobre todo los derechos humanos y fundamentales. Nadie puede, bajo el amparo de la necesidad de lograr ingresos, violar el derecho de los demás. Si esto fuera posible entonces el narcotrático también sería ilegal. Se debe combatir la mineria informal no sólo bajo el argumento de ingresos del Estado, sino sobre todo desde un enfoque de los derechos humanos y fundamentales.