Víctor Zambrano: Si no tenemos al Estado como aliado para enfrentar a la minería ilegal, ¿a dónde vamos a recurrir?
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Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios). Foto: Actualidad Ambiental

La minería y tala ilegal son una constante en Madre de Dios. A través de Alerta Ambiental se puede realizar un seguimiento a algunos casos que han sido llevados a la justicia. Sin embargo, además de los muchos casos de minería y tala ilegal que avanzan lentamente en el Poder Judicial de Madre de Dios (o se encuentran estancados en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental), existen no pocos que son abandonados en el camino. Porque el denunciante decidió no continuar con la denuncia, porque hubo un “arreglo”, porque el proceso judicial avanza muy lento.

En Actualidad Ambiental conversamos con Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, para tener una aproximación más cercana y detallada a cómo funciona la justicia ambiental en Madre de Dios.

¿Por qué una persona abandona o no continúa con una denuncia ambiental en Madre de Dios?

A veces es por presión del denunciado, que quizá ha amenazado al agraviado para que no continúe. Si son denuncias que están ubicadas en la zona de La Pampa, es una costumbre que traten de “arreglar” de esa manera. Nosotros también hemos hecho denuncias y, a veces, vienen a conminarnos o a querer obligarnos para que cambiemos la versión, aduciendo que los estamos perjudicando o causando problemas de salud, etc.

En otras situaciones, cuando la autoridad actúa y asume el rol que le corresponde (que es muy raro porque en la coyuntura que vivimos ya no confiamos en las autoridades) el tema es que el denunciante o ha tenido alguna presión o han llegado a algún “acuerdo” para desistir de la denuncia y terminan retrocediendo porque fueron amenazados.

Eso es lo que está sucediendo en este momento con algunos denunciantes que se encuentran fuertemente presionados porque el Estado, a través de las interdicciones, hace que los mineros tiendan a extenderse a otros sectores. Esto hace que los denunciados reaccionen, vengan al pueblo y traten de hacer bochinche, de utilizar algunos medios para desacreditar a quien denunció.

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Las interdicciones hacen que los mineros ilegales se extiendan a otros sectores. Foto: Andina

¿Qué habría que mejorar para que funcione la justicia ambiental en Madre de Dios?

Hay que mejorar todo, de raíz. Hay que erradicar todas las malas acciones de las autoridades policiales y de la Fiscalía, que son las entidades que directamente tienen que ver con este asunto. También la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre (DRFFS) y el Ministerio de Agricultura, que da certificados de posesión amañados, cómplices con los invasores. Además tenemos un gobierno regional que no tienen la capacidad para enfrentar este problema, no tiene la infraestructura, personal técnico o recursos y se le sigue cargando de funciones.

Mi punto de vista sobre cómo podría mejorarse es que del gobierno regional se impartan directivas, como el proyecto especial donde se ha constituido una bolsa inicial de 100  millones de soles, y que las alternativas que se busquen aquí sean a través de esa instancia y no a través del gobierno regional. Tenemos que mejorar a nivel de gobierno regional y sus instancias más directas, que tienen que ver con la problemática, como la Dirección Regional de Energía y Minas, la Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre (DRFFS), la Dirección Regional de Agricultura o la Dirección Regional de Saneamiento Físico-Rural.

Si las entidades del Estado no funcionan como deberían en Madre de Dios, ¿Qué alternativas maneja el Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata para asesorar a un denunciante?

Cuando un campesino llega al Comité de Gestión luego de haber pasado por todas estas entidades: Fiscalía, Agricultura, la Dirección Forestal, la Dirección Regional de Energía y Minas, Osinfor, nos dice: “He recorrido todas estas instancias y no tengo ninguna respuesta”. Entonces nos pone en bandeja el problema y reaccionamos. Como comité, nuestra estrategia de trabajo en estos casos es primero apelar al Ministerio del Ambiente (MINAM) de Puerto Maldonado, luego MINAM jala al Defensor del Pueblo y así, en un tridente muy reducido, porque son las únicas instancias en las cuales nosotros podemos confiar, comenzamos a evaluar el caso y la problemática más generalizada con la finalidad de tomar decisiones y coordinar con el Defensor del Pueblo, como autoridad que tiene prevalencia sobre las demás instituciones, para ver con qué entidad realizamos una acción. Puede ser convocar a la Dirección Regional Agraria, Osinfor, etc., y traemos a las diferentes organizaciones involucradas en el problema, planteamos la problemática y perfilamos alternativas de solución. Generalmente sucede que estas instituciones tienen una falta de información completa del problema.

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¿Cuántas personas se encuentran detenidas por realizar minería ilegal en Madre de Dios? Se pregunta Víctor Zambrano. Foto: Andina

En el caso puntual de una persona que quiere hacer una denuncia ambiental en Madre de Dios: ¿Resulta caro sostener la denuncia considerando el tiempo que toma en resolverse?

Es difícil, imagina el caso de una persona que hace una denuncia y quiere hacerle seguimiento. El primer obstáculo de la denuncia, si es penal y por delitos ambientales, va a ser el fiscal porque los casos van a través de la Fiscalía Ambiental. Y la actitud del fiscal en estos casos es casi “bipolar”: hoy está de buen humor y mañana irascible. Y un campesino humilde va a plantear su problema y le va a ser materialmente imposible porque el fiscal está saliendo o entrando, lo llaman del Poder Judicial o tiene que salir a un operativo, etc., y nunca tiene tiempo para los denunciantes. Si bien es cierto que hay otros fiscales, pero es el titular quien direcciona todo. En Madre de Dios una denuncia de esta naturaleza, donde se tiene que recurrir a un abogado, requiere sumas imposibles de asumir por el campesino.

Hay más de 2 mil denuncias por delitos ambientales, todas embalsadas, porque preguntémonos: ¿En el penal San Francisco de Asís (de Madre de Dios), cuántos están internados por cometer delitos ambientales, principalmente minería ilegal? ¿Cuántos hay allí? Ni uno solo.

Esta lentitud de repuesta de las entidades del Estado, las demoras en los procesos llevados por la Fiscalía, ¿terminan en la práctica favoreciendo a quienes se dedican a actividades ilícitas?

Hay denuncias que tienen 2 o 3 años sin resultados, a las que se van sumando más elementos de juicio y el Estado continúa sin actuar. Y los invasores se creen con derecho sobre esos suelos e incluso están construyendo infraestructura de material noble sobre él, como si fueran propietarios. Es el colmo. Esto se da con la complicidad del Ministerio de Agricultura, la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre y también de Osinfor, porque Osinfor está haciéndose “el muertito”, no quiere meterse en líos y cuando sus técnicos van al campo a verificar cómo están las concesiones, se ponen anteojeras y solo ven lo que hay en la concesión. Así truene, haya terremoto o caigan árboles a su costado, ellos no escuchan, no ven, solamente se fijan en la concesión. Y si hay impacto de minería dicen: “No, en ese tema no me meto”. Es una actitud cómplice de lo que está pasando. Si queremos enfrentar verdaderamente el impacto negativo de la minería y tala ilegal en Madre de Dios, si no tenemos de aliado principal y estratégico al Estado, ¿a dónde vamos a recurrir?



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