El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó, el domingo 4 de mayo y mediante el Decreto Supremo 094-2014-EF, la transferencia de S/. 1.72 millones para las regiones de Amazonas, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali.

La transferencia de partidas, cuyos recursos provienen del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), tiene como objetivo “mantener operativos los puestos de control estratégicos propiciando condiciones favorables para el control de la tala ilegal, el control de transporte, control de tráfico y comercio ilegal de productos forestales y de fauna silvestre”.

Los recursos de esta transferencia, según detalla el Decreto Supremo, “no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos”.

La distribución

Los S/. 1.72 millones de soles transferidos por el MEF se distribuyen en cantidades de S/. 100 mil para las regiones de Amazonas, Ayacucho, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali; en tanto que Huánuco, por haber concluido recientemente el proceso de transferencia de funciones específicas, recibe S/. 920 mil.

Una buena iniciativa, pero insuficiente aún

Para José Luis Capella, Director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la autorización del MEF para que el Minagri transfiera recursos a los nueve gobiernos regionales es una iniciativa saludable que puede generar un precedente importante, pero queda corta ante la dimensión del problema de la tala ilegal: “Se saluda mucho que el MEF haya decidido aceptar este paso de partidas pero es menos que un paliativo para el problema real que tenemos entre manos. Si queremos en verdad potenciar los puestos de control y tener una operatividad que permita controlar la tala ilegal, necesitamos hacer una inversión mayor”, sostuvo.

Haciendo un recuento sobre el estado de los puestos de control a nivel nacional, Capella menciona que durante un balance de los 6 meses de gobierno de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), hecho por su misma directora Fabiola Muñoz, se evidenció que la situación es poco menos que calamitosa tanto en los puestos a cargo de la DGFFS como los transferidos a los gobiernos regionales. “Algunos no operan y los que sí, trabajan a una capacidad mínima. En general no están cumpliendo su rol. Su tarea no es solamente pasar y firmar papeles y poner sellos sino, sobre todo, controlar realmente la legalidad de la madera. En zonas remotas donde el control es casi nulo, por ejemplo en Madre de Dios, hay varios puestos de control inactivos actualmente y 100 mil soles no necesariamente van a hacer una gran diferencia”, comentó.

En octubre del 2013 existían 65 puestos de control estratégico a nivel nacional. 30 se encontraban cerrados por falta de personal, 15 estaban en estado “lamentable” (con 1 sola persona trabajando 24 horas), 20 estaban en condiciones mínimas (2 personas) y 0 en condiciones óptimas (6 personas, 2 turnos de 8 horas).

Sobre la tala ilegal en el Perú

Además del evidente impacto de degradación que ocasiona la tala ilegal en los bosques, causa grandes problemas a nivel social a todo el país, no solamente a quienes viven cerca del bosque. Esta actividad ilícita genera un sistema de trabajo de habilitación y enganche que prácticamente es trabajo forzado o semi-esclavitud para quienes lo realizan. Además se confunde con otras actividades ilícitas más graves ya que el financiamiento puede venir de fuentes como la minería ilegal o el tráfico de drogas.

Sigue a José Luis Capella en Twitter vía @jlcapellav

@jlcapel

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