La lectura de sentencia fue esperada en los exteriores del Poder Judicial de Ucayali, en Pucallpa. Foto: Jaime Tranca / SPDA

• Después de casi diez años de espera, el Poder Judicial emitió una sentencia en primera instancia contra los acusados por el asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, ocurrido en setiembre de 2014.

Tras casi diez años de espera, la Corte Superior de Justicia de Ucayali sentenció a 28 años y tres meses de prisión por el delito de homicidio calificado a los implicados en el asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (Ucayali), ocurrido en setiembre de 2014.

Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, se dirigían a reunirse con sus similares de Brasil, pero fueron interceptados y atacados con armas de fuego, luego sus cuerpos fueron mutilados.

Antes de ser asesinados, los cuatro líderes indígenas, especialmente Edwin Chota, eran conocidos por defender su territorio de actividades ilegales como la tala ilegal. Los cuatro habían recibido amenazas de muerte.

Según la sentencia, los hermanos Josimar y Segundo Atachi, además José Carlos Estrada, Hugo Soria y Eurico Mapes, deberán pagar una reparación civil de 200 mil soles a los familiares de las víctimas.

Si bien la sentencia fue en primera instancia, los pueblos indígenas celebraron esta decisión porque marcará la pauta para otros casos de defensores ambientales asesinados.

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Los cuatro líderes ashéninkas fueron asesinados en setiembre de 2014 . Foto: Aidesep

“Luego de una década, la justicia peruana nos ha permitido dar un primer paso, pero vamos a seguir vigilantes en este proceso”, dijo Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep-Ucayali (ORAU), y pidió a los medios de comunicación, organizaciones aliadas y población en general, a seguir dando muestras de solidaridad para que este caso no quede impune.

“Estoy contenta, pero no muy contenta. Recién lo estaré cuando la sentencia sea firme. Hemos esperado diez años y no es dable, nuestros hijos han quedado sufriendo, no estudian como debe ser. Cuando sus padres estaban vivos, ellos los apoyaban”, dijo Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, a su salida del Poder Judicial de Ucayali.

Yusen Caraza, abogado de los familiares de las víctimas, consideró que esta sentencia ha sido ejemplar porque marcará la pauta para los otros casos de defensores ambientales y del territorio que han sido asesinados en los últimos diez años.

“Es una sentencia condenatoria de primera instancia y vamos a buscar que esto se confirme en una segunda instancia, en el menor corto plazo posible. Ahora, debemos estar atentos de los plazos, para que estos no sean muy largos, que no sean muy extensos porque necesitamos tener una justicia rápida. Ha tenido que pasar diez años para el caso de Saweto, no nos olvidemos de eso, y hay un dicho muy común que dice ‘justicia que tarda no es justicia’. Aún así, no vamos a descansar hasta tener una sentencia firme”, señaló Caraza en entrevista con Actualidad Ambiental.

Foto: Jaime Tranca / SPDA

Cabe recordar que ayer, Rocío Trujillo, asesora legal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), resaltó que el caso Saweto es importante no solo porque busca otorgar la justicia que tanto han esperado los familiares de las víctimas, sino también porque “va a permitir visibilizar cuál será el camino de los más de 30 defensores asesinados, cómo va a ser este proceso penal”. La abogada se refiere a los 33 líderes indígenas asesinados en la última década, según el registro de Aidesep.

Según Trujillo, este caso también debe servir para que la justicia peruana realice cambios estructurales porque “no podemos permitir que sigan habiendo denuncias penales que se demoran más de una década. Eso también es permitir que continúen los asesinatos contra líderes indígenas”.

Sentencia histórica

Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), resaltó la importancia de esta sentencia porque será un antecedente para juzgar a los implicados en otros casos similares donde han perdido la vida los defensores de derechos humanos.

“Tras diez años de búsqueda de justicia, esta es una sentencia histórica para nuestro país, ya que por primera vez se juzga a quienes cometen crímenes contra personas que defienden el ambiente y el territorio. Este es un antecedente que debe guiar al Poder Judicial en la implementación de medidas que que hagan efectivo el acceso a la justicia para personas defensoras”, manifestó Baldovino.

 

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