Región Amazonas se pronuncia en contra de la modificación de la Ley Forestal

Los cambios en la Ley Forestal afectan los medios de vida de los agricultores. Foto: SPDA

  • A través de un comunicado, el Gobierno Regional de Amazonas señala que lo aprobado significa una amenaza para el desarrollo sostenible de la región. 

 

El Gobierno Regional de Amazonas señaló su rechazo a  la promulgación de la Ley 31973, que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Mediante un pronunciamiento, aclara que lo aprobado pone en riesgo el uso responsable de sus recursos naturales y el bienestar de las futuras generaciones. 

En 2020, la región Amazonas alcanzó un pico de 11 540 hectáreas de bosques deforestados. Al año siguiente, decreció a 4329 hectáreas, pero para el 2022 repuntó hasta 5806 hectáreas.

En este sentido, en el comunicado señala que el cambio de uso de tierras para actividades agropecuarias es una de las principales causas de la deforestación y que la provincia de Condorcanqui es la más afectada por la minería ilegal y la tala ilegal para la expansión agrícola.

“El aspecto más crítico de la ley radica en la eliminación de los estudios de clasificación de suelos para determinar la capacidad de uso mayor en tierras deforestadas, dejando de lado los instrumentos de gestión territorial, esto incrementaría considerablemente el riesgo de regularizar la presunta ilegalidad asociada a la deforestación, lo que podría acarrear graves consecuencias para la conservación de los bosques y el medio ambiente en la Región Amazonas”, se lee en el comunicado.  

¿Cuándo se firmó la modificación de la Ley Forestal?

La autógrafa que modifica la Ley Forestal fue firmada el 10 de enero sin considerar los pedidos de reconsideración planteados en diciembre de 2023. 

Especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señalaron en un informe legal, que la modificatoria de la  Ley Forestal promueve y legaliza la deforestación y degradación de los bosques, y pone en riesgo los medios de vida de las familias agricultoras en la Amazonía. Además, vulnera  los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Lee el informe de la SPDA aquí.



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