- En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas[1] recordamos que actualmente está en curso la elaboración de la principal herramienta de gestión pública para orientar y definir las intervenciones del Estado relacionadas con los pueblos indígenas.
Escribe: Valeska Ruiz Peña / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA
El 2023, a 202 años la proclamación de la independencia en el Perú, se discute en el país la primera Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI). Dos años atrás, el Ministerio de Cultura (Mincul) prepublicó la propuesta de dicha política como resultado de los acuerdos arribados en el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas donde participan las organizaciones representativas nacionales de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, entre ellos la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a más de 650 mil hombres y mujeres indígenas que viven en 2439 comunidades nativas que se agrupan en 109 federaciones de los 51 pueblos indígenas amazónicos.
En la versión preliminar publicada, se enunció que el problema público es el “Limitado ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios”, argumento que fue tomado como inexacto por muchas de las organizaciones representativas en los espacios de participación que se retomaron el 2022 y que como es lógico, el Mincul replanteó.
Dicho ministerio está asumiendo la responsabilidad de representar a toda la institucionalidad del Estado peruano durante el importante proceso de revisión participativa de la propuesta de PNPI, y corresponderá a todos los sectores del -Gobierno brindarle los elementos presupuestales y humanos para que la oportunidad no sea agotadora para líderes y lideresas indígenas, quienes de buena fe acuden al llamado estatal para aportar en la mejor forma cómo el Gobierno debe relacionarse con ellos, como se encuentra establecido por derecho, reconocido ampliamente por las Naciones Unidas y el sistema interamericano de protección.
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En esto radica la importancia de la PNPI que será la principal herramienta de gestión pública para orientar y definir las intervenciones del Estado relacionadas con los pueblos indígenas. Esta debe propiciar la articulación entre las entidades para alcanzar objetivos, implementar lineamientos y servicios que generan la disminución de las brechas actuales que impiden que la ciudadanía indígena tenga garantizados sus derechos fundamentales. Cobra sentido reconocer al más grande problema que aún no hemos superado como sociedad: la discriminación estructural, la cual también afecta de formas específicas a los pueblos indígenas, y que bajo un análisis interseccional puede evidenciar las formas diversificadas de afectación a las mujeres juventudes y diversidades sexuales de dichos pueblos.
En estos días también se realiza la Cumbre de la Amazonía en Brasil, evento que reúne a presidentes/as de los ocho países de la Amazonía miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica de 1995. Esta reunión se realiza después de 14 años y se espera que los acuerdos puedan estar a la altura de reconocer que dentro del bosque que debemos proteger perviven ancestralmente una gran diversidad de pueblos indígenas, quienes actualmente deben hacer frente a las presiones políticas, legislativas, por actividades ilegales que pesan sobre ellos y sobre los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), además de los defensores de sus derechos territoriales y otras personas defensoras de derechos humanos. Esperamos que en este importante encuentro se establezcan acuerdos efectivos que repercutan positivamente sobre las políticas dentro de los países.
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[1] Desde 1994, el 09 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta fecha se conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en 1992.
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