El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, anunció la ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), por única vez, hasta el 31 de diciembre de 2025. Según esta cartera, la medida se da con el objetivo de brindar un cierre adecuado y ordenado al proceso de formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales a nivel nacional.

“Hemos tomado la decisión de ampliar el proceso de formalización, por única vez, para poder concluir adecuadamente este año, conforme lo permite la Ley 32213. El decreto supremo con las nuevas condiciones será publicado en los próximos días”, precisó el titular del Minem en entrevista a TV Perú.

Como se recuerda, a fines de diciembre pasado, el Ejecutivo promulgó la Ley 32213, Ley que establece la rectoría y la ampliación del plazo del proceso de formalización minera integral de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal, el cual ampliaba el Reinfo hasta el 30 de junio de este año, con opción de prorrogarse -mediante decreto supremo del Minem- hasta diciembre de 2025.

Antes de su promulgación, la mencionada norma fue aprobada en el Congreso en tiempo récord. El mismo día recibió la aprobación en la Comisión de Energía y Minas, y horas después recibió la aprobación del Pleno del Congreso, pese a diversas críticas de organizaciones y especialistas.

Según el ministro Montero, esta ampliación busca favorecer a quienes demuestren actividad real y voluntad genuina de formalizarse, y compromiso con una minería legal, responsable y sostenible.

“Nuestro propósito es la formalización de la mayor cantidad posible de pequeños empresarios mineros y mineros artesanales que quieran hacer las cosas bien. Esta no será una ampliación indiscriminada: tendrá condiciones claras, estrategias diferenciadas y plazos definidos”, subrayó.

El ministro recalcó que, conforme a la Ley 32213, el proceso de formalización culminará definitivamente este año. En ese sentido, reiteró que esta ampliación es excepcional y que el gobierno apuesta por una sola minería peruana, fuerte, formal y con reglas claras.

Expertos critican la medida

Ante esta nueva ampliación, Luis Miguel Incháustegui, extitular del Minem, señaló que la medida tendrá sentido solo si se publican condiciones estrictas, como por ejemplo la depuración de los más de 66 mil registros suspendidos en el Reinfo, muchos de los cuales estarían siendo usados como fachada para la minería ilegal.

En declaraciones a Canal N, Incháustegui recordó que en diciembre de 2023 también se otorgó una prórroga similar, bajo el mismo argumento de dar una última oportunidad. Según el exministro, la experiencia demuestra que estos plazos terminan siendo una respuesta a la presión de gremios informales y no una verdadera política de formalización.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, expresó su preocupación por esta ampliación, y consideró que esta cuarta prórroga representa un retroceso.

En declaraciones a Canal N, Torreblanca cuestionó que, a pesar de los anuncios previos del Minem, no se haya trabajado una hoja de ruta clara para cerrar el proceso de formalización. Asimismo, advirtió que, si no se toma una decisión firme, esta medida se convertirá en un mecanismo permanente que promueve la minería ilegal bajo otro nombre.

Cabe destacar que Torreblanca ya había cuestionado una ampliación porque existiría un mal uso del Reinfo, ya que muchas autoridades como la Policía Nacional y el Ministerio Público no pueden actuar contra la minería informal e ilegal porque los mineros presentaban este documento y se escudaban en él.

“El Reinfo ha sido usado como escudo por criminales para que puedan actuar contra la ley», sostuvo.

Finalmente, el año pasado, antes de la primera ampliación, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), también expresó su rechazo a esta medida porque “favorece a la impunidad y constituye una amenaza para nuestra biodiversidad”.

“Un nuevo plazo permite que miles de mineros continúen realizando actividades que destruyen nuestra biodiversidad con impunidad, escudándose en un proceso interminable que inició en 2002 y ha pasado por diversas prórrogas, lo cual ha puesto en riesgo constante a ecosistemas y poblaciones, especialmente pueblos indígenas y defensores ambientales que son amenazados o atacados por oponerse a esta actividad”, señaló la organización.