[Opinión] Protección de los defensores ambientales aún es deficiente en Latinoamérica

Berta Cáceres, líder indígena y defensora ambiental de Honduras. Fue asesinada en el 2016.

  • Durante el Foro Anual 2019 de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, Luisa Ríos, coordinadora de la oficina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en Madre de Dios, analizó los avances respecto a los mecanismos de protección para los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Latinoamérica y las oportunidades para una correcta implementación en Perú. Aquí compartimos su presentación.

 

Escribe Luisa Ríos | Coordinadora Regional de la SPDA en Madre de Dios

 

Madre de Dios es una región fuertemente amenazada por la minería ilegal y a la vez una de las zonas más biodiversas del planeta. En esta zona, la situación de los defensores ambientales es muy precaria debido al alto grado de criminalidad que se da por actividades ilegales, así como las deficiencias o carencias del Estado para hacer cumplir la ley.

Si revisamos los mecanismos de protección para defensores que se están implementando en otros países de Latinoamérica, estos no están siendo suficientes para asegurar la protección real de los defensores y defensoras. Esto se da tanto en el diseño como en su implementación.

Diseño

La mayoría de las medidas de protección se han diseñado de manera reactiva, cuando los ataques a defensores ya ocurrieron, sin mayor atención en las medidas de prevención necesarias para evitar dichas situaciones. Además, salvo alguna excepción, no se han implementado mecanismos de protección colectivos, que aseguren la integridad de los defensores, así como de su entorno cercano. Esto es especialmente importante en el caso de defensores en comunidades indígenas y campesinas.

Está bien priorizar situaciones de violencia física contra los defensores; sin embargo, aún se puede ir más allá, considerando la destrucción y contaminación de los medios de vida como vulneración directa de sus derechos humanos.

Implementación

Algunas medidas de protección se implementan fuera de tiempo, luego de un proceso largo, burocrático y poco transparente. En la mayoría de los casos solo con participación de funcionarios del Estado y con un limitado conocimiento del contexto social y cultural de los lugares o las comunidades donde implementarán los mecanismos. El resultado son medidas poco coherentes y nada eficaces.

En algunos casos, las limitantes para implementar los mecanismos de protección son la falta de capacidades profesionales y financieras en las entidades que ponen en marcha los mecanismos, generando que sean insostenibles en el tiempo.

Necesitamos mayor reflexión y acción sobre las actividades, conflictos y negocios que generan inseguridad para los defensores. Por otro lado, sin duda, la impunidad es un factor común en el contexto que afrontan de los defensores y defensoras hoy por hoy, por lo cual debemos asegurar que se investigue y castigue a quienes están detrás de dichos actos para detener la impunidad con la que vienen actuando.

El líder indígena asháninka, Edwin Chota, fue asesinado en el 2014 por presuntos madereros ilegales.

Protocolo de protección

El pasado sábado 27 de abril, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú”, una herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de las actividades de promoción, protección y defensa de estos ciudadanos, donde están incluidos los defensores ambientales.

Respecto a este documento, hay aspectos puntuales que deben ser abordados para que este pueda ser implementado de la mejor manera:

  • Lo primero que hay que hacer es reconocer que existe numerosa información disponible sobre la situación de defensores y defensoras, las causas de los ataques a ellos y sobre los aciertos y desaciertos de los mecanismos existentes, no tenemos que descubrir cómo actuar, solo tenemos que poner en valor esa información y lograr que nos ayude a generar política, decisiones y acciones.
  • Siendo conscientes que nuestro principal reto es la seguridad y la protección, debemos encontrar la forma de asegurar la confidencialidad de la información de los defensores y defensoras para no poner en mayor riesgo el objeto principal de la protección. Esto será fundamental cuando se trabaje el registro de situaciones de riesgo previsto en nuestro Plan Nacional de DDHH.
  • Es fundamental continuar procesos participativos para lograr la efectividad de las medidas de protección, con incorporación de los actores claves como las organizaciones de derechos humanos y los defensores en la toma de decisiones, con un debido equilibrio en la información que manejan las partes.
  • Tenemos como gran reto descentralizar los niveles de protección y establecer las salvaguardas o candados legales que limiten la corrupción, para asegurar que el mecanismo de protección llegue de manera oportuna y eficiente a las diferentes regiones del país, incluso a las más remotas.
  • Desde la sociedad civil, debemos continuar trabajando para facilitar el acceso a justicia para los defensores, capacitando e involucrando al sistema judicial para evitar además la posibilidad de que los procesos judiciales sean usados en contra de ellos. Por ejemplo, desde la SPDA, estamos trabajando en ambos aspectos con resultados importantes.

Este protocolo es un excelente avance hacia la búsqueda de un marco normativo sólido. Es el primer paso hacia el desarrollo de instrumentos en nuestro marco legal tal como una política integral para protección de los defensores.  Es la base sobre la que tenemos que construir.

Finalmente, recordemos también que nuestro país firmó, en setiembre de 2018, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este tratado busca asegurar que todas las personas tengan acceso a información oportuna y confiable, puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y accedan a la justicia en asuntos ambientales. Por estas razones, el Acuerdo de Escazú es una gran oportunidad para nuestro país, por lo cual se espera que pueda ser ratificado en la próxima legislatura.

[Ver además ► Viceministro Sánchez resalta importancia del Protocolo de defensores de derechos humanos]

Luisa Ríos participó en el foro de Naciones Unidas junto con representantes de otros países.

DATOS:

  • El panel “Prevenir es mejor que curar: explorar las mejores estrategias de los Estados para prevenir ataques a defensores de derechos humanos” se realizó este martes martes 26 de noviembre en la sede de las Naciones Unidas en Suiza.
  • Esta sesión contó con la participación de Marianne Hagen, secretaria de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega; Anita Ramasastry, miembro del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas; Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas en temas de defensores de derechos humanos; Hannah Clayton, del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM); entre otros.
  • El panel fue organizado con el apoyo de organizaciones tales como: The International Federation for Human Rights – FIDH, Forest Peoples Program, International Service for Human Rights – ISHR, Forum Asia, Rights in Development, Peace Brigades International – PBI, Rafto Foundation, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Publish What You Pay – PWYP, Defend Defenders, Global Witness, Front Line Defenders, DanChurchAid, Institute for Human Rights & Business (IHRB) y Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) en colaboración con el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
  • Mira el video del evento aquí.


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