Ministerio del Ambiente explica sus avances sobre la legislación de transgénicos en Perú

Foto: Ministerio del Ambiente.

  • Actualidad Ambiental conversó con el Minam y también recogió las versiones de representantes de organizaciones que se oponen al reglamento de organismos vivos modificados del INIA.

El 9 de diciembre de 2021 se cumplirá una década desde la publicación de la Ley 29811 o Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM), también conocidos como transgénicos, al territorio nacional, precisamente, por un período de 10 años.

Como autoridad competente, el Ministerio del Ambiente se encargó de publicar el reglamento de esta norma (noviembre de 2012) que incluye los objetivos, las comisiones multisectoriales de asesoramiento, las capacidades de estas, los programas y proyectos especiales, el control y supervisión de OVM, el tema de los laboratorios e, incluso, las infracciones y sanciones que conllevaría el no cumplir con lo que dispone este documento.

En medio de las dudas sobre los avances referidos a “Ley Moratoria” de parte del ministerio a cargo, el 27 de mayo de 2020 el Instituto de Innovación Agraria (INIA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), publicó el proyecto de reglamento sectorial de agricultura sobre organismos vivos modificados, que si bien dirigido a regular el uso de transgénicos excluidos de la Ley 29811, igual generó el rechazo de ciertas organizaciones, tal como informamos hace unos días.

A fin de despejar cualquier tipo de dudas, Actualidad Ambiental preparó una nota bastante didáctica en la que se abordan diez mitos y verdades sobre la moratoria a los transgénicos en el Perú. Sin embargo, también es preciso conocer los avances sobre esta Ley y los escenarios que podrían presentarse en nuestro país, tras cumplirse los 10 años desde su publicación.

En conversación con José Álvarez Alonso, director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, este indicó que la moratoria permitió conocer la distribución de la diversidad de los cultivos que potencialmente serían afectados por OVM.

“Se han identificado zonas en las que, por su alta diversidad genética, sería muy riesgosa la liberación de OVM; mientras que en otras, especialmente en la costa y selva, el uso de esta tecnología representaría un menor riesgo. También se ha estudiado los factores sociales y económicos asociados a los cultivos que han sido priorizados, lo que permitirá realizar análisis de riesgos integrales. Y se cuenta con laboratorios acreditados para realizar análisis moleculares para detectar transgénicos en el ambiente, claves para el monitoreo y la vigilancia”, indica Álvarez.

El biólogo también explica que se han realizado inspecciones de semillas y peces importados para descartar su condición de transgénicos y ejecución de trabajos de campo a fin de identificar la presencia de OVM en el ambiente, además de dar detalles sobre una reciente nota de prensa publicada por el Minam que se refiere a un avance del 80% de la Ley. ¿Cuál sería la labor restante (20%) a cumplir antes de diciembre de 2021?

“Dentro de ese 20 % pendiente se encuentra la culminación de algunas líneas de base de la papaya, yuca, frijol, ají y rocoto, que debieron finalizar este año, pero debido a la COVID-19, se han retrasado hasta mediados del 2021. Estos cultivos se dejaron para el final porque, con excepción de la papaya, no existen variedades transgénicas que se comercialicen en el mundo, pero son importantes desde el punto de vista de la bioseguridad”, precisa el funcionario y añade que se requiere actualizar nuestro marco normativo de bioseguridad, que tiene más de 20 años de antigüedad.

Foto: Ministerio del Ambiente.

¿SE AMPLIARÁ LA MORATORIA A TRANSGÉNICOS?

Para Alejandro Argumedo, director de Programas de la Asociación ANDES, que trabaja temas de biodiversidad, la moratoria debería ser permanente debido a que “los transgénicos se están volviendo cosa del pasado a nivel mundial y debemos de estar en tono con el futuro” e, incluso, asegura que la información del MINIAM en su nota de prensa contiene “medias verdades” respecto a lo que se ha trabajado.

“Hay consenso a nivel nacional sobre el hecho que no se ha avanzado en temas claves como el control y la vigilancia. Reuniones sectoriales o el establecimiento de grupos de trabajo difícilmente podrían ser considerados como logros de 10 años de trabajo. También existe consenso nacional sobre la debilidad de nuestras instituciones científicas para hacer una evaluación rigurosa de los OVM y sus productos derivados”, precisa Argumedo.

En la misma línea se ubica Moisés Quispe, director ejecutivo de ANPE Perú, organización que asocia familias productoras con base agroecológica, quien asegura que en reunión con José Álvarez se acordó desestimar nuevas labores relacionadas a transgénicos.

“Con la Dirección general de la Biodiversidad del Minam, el ingeniero José Álvarez, tuvimos una reunión y ellos nos habían manifestado que tenían planeado trabajar por un país libre de transgénicos. Los laboratorios que han nombrado INIA son fantasmas y ellos deberían publicar y si tenían ligación con los protransgénicos”, señala Quispe.

Álvarez aclara que una posible ampliación de la moratoria será decidida por el Congreso de la República y no por el Poder Ejecutivo, y que este último, a través del Ministerio del Ambiente, cumplirá con proporcionar información confiable, aunque aclara que lo correcto es analizar los resultados de la ley que está vigente.

“Deben ser evaluados los avances en la puesta en valor los cultivos priorizados para beneficio del país. Estamos trabajando para que el Congreso pueda disponer de la mejor información en este sentido”, indica el funcionario del Ministerio del Ambiente.

Tipos de maíz trabajados en el distrito de Lares (Cusco). Foto: Ministerio del Ambiente.

EL CASO DEL MAÍZ AMARILLO DURO EN PIURA

Hace unos días se informó sobre el cultivo de maíz transgénico MON 810 en Piura debido a la manipulación de lotes destinados al consumo directo y que causó sorpresa en muchos agricultores. Según Álvarez, el tema sigue en investigación.

“A pesar que hubo hallazgos del cultivo de OVM de Maíz Amarillo Duro (MAD) en la región Piura, no podemos afirmar que hubo flujo génico (desplazamiento de genes) hacia nuestras variedades locales. Es algo que estamos investigando. Por ahora, hemos descartado la diseminación de estos OVM hacia otras regiones del Perú y de posible afectación a nuestras razas nativas, incluso hacia otras provincias dentro de la región Piura. Los mismos agricultores evitan que el MAD polinice a sus variedades locales, porque no quieren que su dureza se transfiera a los maíces que usan para cancha o para choclo (amiláceo). En agosto estaremos retomando los estudios en Piura para evaluar los efectos en las variedades locales de maíz”, precisa el funcionario del Minam.

Alejandro Argumedo asegura que el caso del maíz amarillo transgénico en Piura demuestra que “no contamos con el personal capacitado” y que “no tenemos los laboratorios implementados con los equipos necesarios para realizar la identificación de OVM”, además de la falta de información actualizada sobre nuestra biodiversidad agrícola y silvestre que puede ser afectada ante la eventual liberación de transgénicos.

Sobre el tema de los laboratorios y la detección de OVM, José Álvarez Alonso explica que el instrumento de diagnóstico son las tiras reactivas de flujo lateral que logra resultados en menos de 15 minutos y que estos son confirmados en el laboratorio a través de las pruebas moleculares.

“Al laboratorio solo se remiten las muestras que dieron positivo en campo (para evaluar los posibles eventos transgénicos y cuantificar la cantidad de OVM), o un porcentaje de las que resultaron negativas (como control de calidad y determinar falsos negativos). En realidad, el número de servicios solicitados de análisis de laboratorio es muy bajo y un solo laboratorio se puede dar abasto sin problemas”, precisa Álvarez.

Foto: Ministerio del Ambiente.

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Según explica José Álvarez Alonso, el efecto del estado de emergencia a causa de la COVID-19 solo ha retrasado los trabajos de campo en los estudios de líneas de base de papaya, frijol, yuca, ají y rocoto. Sin embargo, estos estudios fueron programados para acabar este año, precisamente, para contar con tiempo suficiente (el primer semestre de 2021) en caso ocurra alguna eventualidad como esta.

El especialista también se refiere a las acciones de control de OVM en puntos de ingreso al país y que fueron suspendidas hasta que se tuvo todos los implementos de bioseguridad por parte de los inspectores, así como las vigilancias programadas para 2020 en diferentes regiones, las que serán retomadas en agosto, tras la reapertura de viajes al interior del país.

SOBRE LA PREOCUPACIÓN DE LOS AGRICULTORES

José Álvarez asegura que una posible liberación al ambiente de OVM no debería ser una preocupación para los agricultores, pues estos tendrán libertad de escoger qué variedades de semillas cultivar y que lo correcto sería que cuenten con la información pertinente.

“La amenaza más importante en este momento no son los transgénicos, sino el poco valor que se le da a la agrobiodiversidad. En Piura y Lambayeque, los agricultores están dejando de sembrar el famoso algodón Pima piurano porque ya no les es rentable. Las fibras sintéticas y el algodón asiático, más baratos, lo está desplazando del mercado local. Ahora están sembrando arroz”, destaca Álvarez.

Y agrega: “en la sierra se ha dejado de sembrar muchas variedades de papa por cultivar quinua y maca, cuando su precio en el mercado alcanzó picos históricos. Aquí también hay pérdida de agrobiodiversidad que no es por culpa de los transgénicos: cuando los agricultores dejan de sembrar algunas variedades o razas de cultivos las pone en riesgo de desaparecer, tanto por la pérdida de las semillas, como de los conocimientos asociados a su manejo y uso”.

El especialista indica que ante esta situación, el MINIAM viene impulsando la conservación y puesta en valor de la agrobiodiversidad andina a través de un proyecto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente – GEF junto a otras organizaciones para generar incentivos en aquellos agricultores que opten por conservarla, y con el apoyo directo a las familias conservacionistas para mejorar la producción y la comercialización de sus productos.

“Estas familias de agricultores son los verdaderos guardianes de la biodiversidad porque, a pesar de tener la opción de cambiar a cultivos más rentables, no lo hacen porque ven la agrobiodiversidad como parte de su cultura y tradición”, precisa Álvarez.

ORGANIZACIONES REITERAN CRÍTICAS AL REGLAMENTO DEL INIA

Tal como señalamos al iniciar esta nota, el proyecto de reglamento sobre desarrollo de actividades con organismos vivos modificados del INIA generó un gran malestar en diversas organizaciones e, incluso, acusaciones de una especie de campaña a favor de los transgénicos.

“Estamos muy preocupados por el reglamento del INIA con el aval del Ministerio de Agricultura. Conocemos que desde la alta dirección, incluso en INIA, han copado los profesionales protransgénicos”, indica Moisés Quispe.

El representante de ANPE agrega que nunca fueron consultados sobre este posible reglamento y, tal como se indica en el comunicado que firmaron varios grupos, se aprovechó la pandemia para “mover aparados administrados” a favor de los OVM, por lo que han tomado medidas en coordinación con el Poder Legislativo.

“Nosotros estamos presentando cartas al Congreso de la República y ellos han anunciado la ampliación de la moratoria. A nivel Ejecutivo estamos preguntando sobre este apuro de no justificar su trabajo y parece que quieren adelantar sin cumplir la moratoria de 2021. Lamentablemente, eso es lo que está pasando en nuestro país. En vez de hacer una inversión pública para la agricultura familiar y zonas de biodiversidad, hacen otras cosas, parecen medidas desesperadas que deberían cesar porque no investigan mejoras para la agricultura y la biodiversidad”, comenta Quispe.

Foto: Ministerio del Ambiente.

Alejandro Argumedo de ANDES también se refirió a la presentación de este proyecto de reglamento en medio del estado de emergencia, donde, hace énfasis, se pudo destinar mayores esfuerzos al campesinado.

“La respuesta a la pandemia por parte del INIA y el MINAGRI ha debido empezar por un apoyo decidido a la pequeña agricultura que provee el 80% de los alimentos que consumimos los peruanos; sin ellos tendríamos hoy una hambruna extendida. Se debería empezar por la implementación del Viceministerio de Agricultura Familiar y visionar un plan integral de apoyo a la producción de alimentos orgánicos y diversos; esto puede crear trabajo inmediato e ingresos dignos para los millones de peruanos que sufren los impactos de la crisis ahora. La minería o las extractivas, o los agronegocios no crearan más empleo, al contrario, están despidiendo gente aduciendo la crisis y sumiendo más peruanos en el hambre”, precisa Argumedo.

De igual forma, para el representante de ANDES, no existe comunicación real en el procedimiento de envío de sugerencias al INIA y es, más bien, una “consulta falsa diseñada para hacer creer al público que hay un ejercicio de democracia, y que el proyecto es el resultado de argumentos científicos discutidos democráticamente”.

“El Parque de la Papa y la Asociación ANDES presentaron comentarios puntuales al proyecto, pero apenas recibimos un mensaje de recepción. Esto confirma que el INIA está fabricando consentimiento, para hacernos creer que la implementación de este proyecto fue consultada”, comenta Alejandro Argumedo.

Actualidad Ambiental se comunicó en reiteradas ocasiones con la Unidad de Imagen Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego para coordinar una entrevista con un especialista del Instituto de Innovación Agraria (INIA), acordando el envío de las preguntas vía correo electrónico. Sin embargo, hasta el cierre de la nota y pese a fijar una fecha de entrega de las respuestas, no se cumplió con lo solicitado.

 



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